• El rezago en obra pública y vivienda expone a más de 800 mil bajacalifornianos ante las contingencias climáticas
Bastaron tan sólo unos cuantos días de lluvia en Baja California para dejar al descubierto una realidad indignante. Los discursos oficiales pretenden encubrir lo que sufren miles de tijuanenses en cada temporada de precipitaciones.
Mientras las autoridades declaran saldo blanco o minimizan los estragos, la realidad en las calles es contundente. Hay avenidas colapsadas por inundaciones, vehículos varados y decenas de viviendas destrozadas por su precariedad.
Los materiales con que fueron erigidas son madera reciclada o adobe. Quienes viven en laderas están en zonas de riesgo y no fueron reubicados oportunamente.
Más allá del agua y el lodo, esta contingencia expone el histórico y criminal abandono gubernamental. Hablamos del rezago en obra pública, infraestructura pluvial, pavimentaciones y guarniciones para los transeúntes.
En ciudades como Tijuana, la cobertura del drenaje pluvial no alcanza ni el 30 %. Dependen casi en su totalidad de desarenadores obsoletos y de redes de alcantarillado sanitario.
Colapsadas por la saturación de lluvia, estas generan constantes desbordamientos de aguas residuales en las colonias populares. En Mexicali y San Quintín, la carencia de colectores pluviales transforma los caminos en lagunas intransitables.
Esto paraliza el tránsito social y productivo; es inimaginable hablar de avenidas importantes pavimentadas. Resulta imposible hablar de calles en buen estado, pues los sanquintinenses viven bajo el lodo en temporada de lluvias.
Esta misma negligencia e incapacidad de gestión se repite durante las contingencias climáticas por altas temperaturas. En Mexicali y Tijuana los termómetros superan los 45 °C en verano.
La respuesta del gobierno no es resolver las deficiencias del sistema educativo, sino la vía fácil de suspender clases. En lugar de modernizar planteles e instalar aire acondicionado en el 100 % de las escuelas públicas, se sacrifica la educación.
Se afecta a un sistema ya golpeado por el rezago pedagógico, apostando más al sector privado. Esto se deja ver claramente en los grandes proyectos que son destinados para algunos.
La precaria situación económica empuja a las familias a asentarse en zonas de alto riesgo hidrológico y geológico.
Ante esta crisis sistemática, Antorcha insiste con firmeza en su proyecto de nación. Cuenta con cuatro ejes que garantizan el bienestar social en materia de salud y educación.
Es decir, que se garanticen obras públicas de fondo destinadas prioritariamente a los sectores más vulnerables. Invertir en colectores, pavimentación hidráulica, drenaje pluvial y equipamiento escolar no es un favor.
Es una obligación del Estado para prevenir catástrofes y garantizar condiciones de vida dignas a las familias. No es casualidad que los más golpeados ante cada lluvia o golpe de calor sean obreros, jornaleros y trabajadores informales.
Según datos oficiales del Inegi y Coneval, en Baja California existen más de 800 mil personas vulnerables. Esto por carencias sociales, pues habitan viviendas con rezago de edificación o deficiencias en techos y muros.
La precaria situación económica empuja a las familias a asentarse en zonas de alto riesgo hidrológico y geológico. Tal es el caso de las laderas de cerros en Tijuana o cauces de arroyos en San Quintín.
Ahí construyen sus hogares con desechos o materiales frágiles incapaces de soportar la embestida de las tormentas. La situación en nuestro país no mejora; al contrario, la brecha de desigualdad se profundiza.
En México, el 10 % más rico de la población concentra más de la mitad de la riqueza nacional. La inmensa mayoría sólo cuenta con la fuerza de sus manos para trabajar.
Así generan esa misma riqueza de la que se les despoja diariamente. En el Movimiento Antorchista Nacional llevamos más de cinco décadas luchando de manera organizada contra la pobreza.
Sin embargo, los hechos demuestran que las soluciones superficiales no bastan para este gran problema. Para erradicar la marginación ante los desastres naturales, es necesario que el pueblo trabajador tome el poder político.
Se debe construir un gobierno popular mediante un cambio profundo en el modelo económico.
Al redistribuir la riqueza, impulsar la obra pública y garantizar vivienda digna lograremos una sociedad más justa. La clase productora dejará de sufrir las graves consecuencias del olvido gubernamental.
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