Las recientes lluvias torrenciales que barrieron con el estado el pasado octubre no fueron solo un fenómeno meteorológico; en el campo hidalguense relevaron décadas de olvido institucional y una previsión gubernamental raquítica.
Como bien documentó un recorrido de Excélsior por la región de Metztitlán, el reclamo de los campesinos es unánime y está cargado de una rabia justificada. Dirigen su indignación hacia el Gobierno de Hidalgo, a quien acusan de no alertar, no prevenir y, lo que es más grave, “no ha dado la cara” ante una tragedia que calcula su propio gobierno en 5,800 hectáreas inundadas y 2,800 productores afectados. Estas cifras, ya de por sí alarmantes, son solo la punta del iceberg de la miseria, pues como se señala, “no se ha tomado en cuenta a los pequeños propietarios de menos de media hectárea”.
La voz de Érika Sánchez Paredes, vecina de Tecruz de Anáhuac, encapsula la tragedia detrás de las estadísticas: “Nosotros vivimos del campo, de sembrar para comer y para vender… Perdimos el maíz, el frijol, las calabazas. No vino nadie del gobierno estatal”. Su testimonio es un eco de la impotencia que recorre los surcos anegados. Su queja sobre la falta de aviso previo es fundamental: “Si al menos nos hubieran avisado una hora antes, habríamos sacado los animales. Perdimos vacas, caballos, chivos… eso es una pérdida muy grande. De eso vivimos”. Esta no es solo una pérdida de cultivos; es la destrucción del capital pecuario familiar, el ahorro de toda una vida que se lo llevó la corriente.
La situación revela como el campo hidalguense, que debería ser uno de los pilares de la soberanía alimentaria, ha sido sistemáticamente relegado. La inversión en infraestructura hidráulica, en sistemas de alerta temprana eficaces y en seguros agrícolas accesibles para el pequeño productor brilla por su ausencia. La tragedia mostró un campo hidalguense completamente vulnerable ante un evento, si bien intenso, no del todo inesperado en el contexto del cambio climático.
Ahora, los campesinos enfrentan un futuro desolador. Con “pérdidas que superan los millones de pesos sólo en cosechas” y la necesidad de esperar hasta enero o febrero para volver a sembrar –si el clima lo permite–, se avecina una crisis social y económica de proporciones mayúsculas. Por ello, es imperativo que la respuesta no se limite a la entrega simbólica de despensas o a los recorridos de escritorio. Se necesita una intervención de Estado, urgente y contundente, que actúe en tres frentes: Indemnizaciones justas y oportunas para todos los afectados, incluidos los pequeños propietarios invisibilizados en las estadísticas oficiales; reconstrucción con visión de futuro, no basta con volver a como estaban antes, se debe invertir en la rehabilitación de tierras, en infraestructura de drenaje y contención, y en la dotación de insumos para el próximo ciclo de siembra; a largo plazo, el campo hidalguense exige una política agropecuaria seria que incluya tecnificación del riego, diversificación de cultivos, acceso a créditos blandos y, sobre todo, la creación de un sistema robusto de protección civil rural.
Las lluvias de octubre fueron un recordatorio brutal. El campo de Hidalgo no necesita lamentos, necesita acción. Es hora de que los gobiernos estatal y federal demuestren, con hechos, que el campo y quienes lo trabajan son una prioridad, no solo un paisaje olvidado al que se recurre en época de campañas.
El próximo miércoles 19 de noviembre en Plaza Juárez, el Movimiento Antorchista hará entrega al Gobierno de Hidalgo y el señor gobernador Julio Menchaca del pliego petitorio 2026 que engloba demandas de cientos de comunidades y colonias de todo el estado, así como las carencias del campo hidalguense.
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