La emergencia climática de octubre y la falta de acciones gubernamentales adecuadas dejaron a cientos de familias sin hogar seguro en un estado donde el acceso a la vivienda digna es limitado. Mientras los gobiernos anuncian planes de reubicación, la realidad es que estas familias damnificadas, como miles de trabajadores más, se enfrentan a un mercado inmobiliario que las excluye: un problema estructural.
Para una persona que gana el salario mínimo vigente (8 mil 364 pesos al mes), pagar 6 mil 500 pesos de renta significa destinar el 80 % de sus ingresos sólo al pago de ese concepto.
La situación de los damnificados que no cuentan con un hogar, después de tres meses de la tragedia, deja al descubierto la vulnerabilidad habitacional en la que vive una parte de la población.
Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 lo muestran: en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma o Tizayuca, el costo promedio de renta supera los 6 mil 500 pesos mensuales.
Para una persona que gana el salario mínimo vigente (8 mil 364 pesos al mes), esto significa destinar entre el 85 % y el 95 % de sus ingresos sólo al pago de la renta (La Jornada 2025). Esto significa contar con apenas entre 400 y mil 200 pesos al mes para cubrir alimentación, transporte, salud y educación.
La inflación ha agravado esta brecha. Como señala un dirigente de la Asociación Civil de Mercados de Pachuca, aunque el salario mínimo aumentó más del 150 % en siete años, los precios de productos básicos se han elevado aún más.
Este desfase constante erosiona el poder adquisitivo y hunde en la vulnerabilidad a quienes dependen de un ingreso fijo. Esta realidad obliga a las familias a optar por soluciones desesperadas: hacinarse en espacios reducidos, habitar viviendas inseguras o, como se evidenció trágicamente, asentarse en zonas de alto riesgo donde el suelo es más barato.
Frente a la urgencia de cientos de familias por un techo, Hidalgo presenta una contradicción obscena. Según datos presentados en el Congreso local, miles de inmuebles permanecen deshabitados en sus municipios más dinámicos: 29 mil 838 en Tizayuca, 25 mil 297 en Mineral de la Reforma y 20 mil 201 en Pachuca de Soto.
Estas no son cifras abstractas: son hogares potenciales que permanecen cerrados, mientras miles no cuentan con uno; casas que permanecen abandonadas e inaccesibles para quienes no cuentan con un empleo formal ni un salario que les permita acceder al crédito necesario.
Observamos, pues, una paradoja que no es un accidente del mercado, sino el resultado de un modelo especulativo donde la vivienda se trata como un activo financiero antes que como un derecho.
Ahora, cientos de damnificados sufren las consecuencias de esto y, además, el abandono y la falta de acción gubernamental; por ejemplo, de la delegación del Bienestar, para, como señalan en sus discursos, apoyar a todos los damnificados: ¡Más de 500 familias excluidas del censo! con un operativo que dejó fuera a los más vulnerables.
Luego, con una ayuda económica que no resuelve el problema de fondo. Y, finalmente, con una parálisis total en la única solución viable, para muchos: la reubicación segura y digna.
Ante esta situación, Movimiento Antorchista en Hidalgo anuncia una marcha en la capital del estado, que concluirá en la delegación del Bienestar, buscando visibilizar el abandono gubernamental que vive este sector de damnificados.
La trágica situación que viven cientos de damnificados en Hidalgo exige respuestas de los distintos niveles de gobierno y nos invita a cuestionar un sistema que, en tiempos de calma, normaliza que tener un hogar digno sea un lujo para millones.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario