El Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos fue concebido en un contexto totalmente diferente al de ahora: una época en la que el cambio climático no era una preocupación global, las cuencas hidrológicas mantenían estabilidad y las demandas de agua de ambos países eran mucho menores. Sin embargo, ochenta años después, ese acuerdo sigue siendo el marco legal que regula la entrega de agua de los ríos fronterizos, aun cuando las condiciones climáticas, demográficas y económicas han cambiado de manera drástica.
Destinar líquido de esta presa al cumplimiento de compromisos internacionales con Estados Unidos deja de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un riesgo real para el abasto humano local, afectando de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables.
En el norte de México, el impacto del calentamiento global, la sequía extrema, la sobreexplotación de acuíferos y el crecimiento industrial y agrícola han reducido de forma histórica la disponibilidad de agua. Estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León enfrentan niveles críticos en presas y ríos que antes eran estables.
En este escenario, cumplir con los volúmenes establecidos en 1944 se ha vuelto no sólo complicado, sino en muchos casos materialmente imposible. Lo que en el siglo XX parecía un acuerdo equilibrado, en el siglo XXI funciona como una carga desproporcionada que presiona a regiones ya debilitadas por la escasez.
Así, el problema central no es la voluntad política de México para cumplir el tratado, sino la realidad ambiental: el norte se está secando, y las reglas del acuerdo no contemplan esta transformación climática.
El tratado no fue diseñado para responder a sequías extremas, variaciones impredecibles en los caudales o a las necesidades de casi 40 millones de habitantes que hoy dependen del agua de la frontera.
Este panorama obliga a cuestionar urgentemente la vigencia del tratado y abrir un debate diplomático y técnico sobre su actualización. No se trata de romper acuerdos internacionales, sino de reconocer que el agua del siglo XXI ya no es la misma que la de 1944.
Mantener reglas viejas en un mundo climático nuevo coloca a México en una situación de vulnerabilidad hídrica y social que ya no puede sostenerse.
Este reportaje se sustenta en información proveniente de sistemas oficiales de monitoreo hidrometeorológico y en declaraciones públicas de autoridades locales y federales. Los datos sobre niveles de presas, escurrimientos en la cuenca del Río Bravo y condiciones de sequía provienen de los reportes semanales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), particularmente el Monitor de Sequía en México y los Boletines de Almacenamiento de Presas.
Para el contexto binacional se consultaron registros y comunicados de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), encargada de la operación técnica del Tratado de 1944.
La Amistad agoniza
Aunque Coahuila rara vez aparece en el centro del debate nacional sobre la sequía, los datos hidrológicos recientes muestran que debería ocupar un lugar prioritario.
La presa La Amistad, infraestructura binacional construida para controlar avenidas del río Bravo y garantizar agua tanto a México como a Estados Unidos, atraviesa una crisis que pone en tensión no sólo el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, sino también la seguridad hídrica de toda la región fronteriza.
Durante 2025, La Amistad alcanzó niveles de almacenamiento críticos, fluctuando entre 32 % y 36 % de su capacidad, cifras que representan uno de los registros más bajos en décadas. Esta reducción no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores: variaciones climáticas extremas, disminución estructural de las aportaciones naturales, sobreexplotación de escurrimientos y una demanda creciente que no ha sido acompañada por una expansión equivalente en nuevas fuentes de abastecimiento.
La contribución de la presa al río Bravo, ya de por sí limitada por la sequía prolongada, cayó alrededor de 40 % respecto al promedio histórico, lo cual agrava la tensión entre los usos agrícola, urbano e industrial del agua.
Esta caída en las aportaciones repercute directamente en municipios como Ciudad Acuña, Piedras Negras, Jiménez y Zaragoza, localidades que actualmente se encuentran en una situación de estrés hídrico severo. En estos territorios el suministro, la calidad del agua y la continuidad del servicio se han convertido en retos cotidianos.
A esta situación se suma un factor demográfico: el crecimiento poblacional de más del 14 % en la última década, sin inversiones significativas en nuevas fuentes de abastecimiento. La demanda supera de manera sostenida la capacidad del sistema hídrico. El resultado es un modelo de consumo que se vuelve cada vez menos sostenible.
Este escenario no es sólo un problema técnico; también tiene una dimensión social profunda. La Amistad abastece a cientos de miles de personas en la franja fronteriza, por lo que cada disminución en su nivel compromete directamente el derecho humano al agua.
Destinar líquido de esta presa al cumplimiento de compromisos internacionales con Estados Unidos, deja de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un riesgo real para el abasto humano local, afectando de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables.
La situación de Coahuila ilustra cómo la crisis hídrica del norte de México rebasa los indicadores técnicos y se convierte en un desafío geopolítico, social y humano.
La presión sobre La Amistad y el deterioro acelerado del sistema hidrológico del río Bravo muestran que los acuerdos diseñados en el siglo XX están chocando con una realidad climática y demográfica que ya no se parece en nada a la de hace 80 años.
Chihuahua, el epicentro de la sequía extrema
Si existe un territorio en México donde la aplicación del Tratado de Aguas de 1944 se vuelve prácticamente inviable, es Chihuahua. El estado se ha convertido en el epicentro nacional de la sequía extrema, un espacio donde los efectos del cambio climático, la presión agrícola y el agotamiento histórico de los recursos hídricos convergen en un escenario crítico sin precedentes.
Durante 2025, entre 82 % y 87 % del territorio de Chihuahua enfrentó condiciones de sequía extrema, de acuerdo con los sistemas oficiales de monitoreo hidrometeorológico.
Esta categoría implica no sólo ausencia prolongada de lluvias, sino también daños severos y acumulativos en suelos, vegetación y cuerpos de agua. En algunos municipios —como Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y Jiménez— la emergencia escaló a sequía excepcional, la clasificación más grave, asociada históricamente con colapsos productivos y crisis alimentarias locales.
Los embalses estratégicos del estado evidencian la magnitud del deterioro. La presa La Boquilla, el sistema de regulación más importante para el Distrito de Riego 005, operó en niveles de apenas 18 % a 22 % durante el año.
La presa El Granero cayó a alrededor del 10 %, mientras que Las Vírgenes, una de las más presionadas por la agricultura, se mantuvo entre 15 % y 19 %. Estas cifras son inusuales incluso para un territorio acostumbrado a la aridez: representan una incapacidad estructural del sistema para garantizar agua a los usuarios más básicos.
El Distrito de Riego 005 es el corazón agrícola de Chihuahua. Miles de pequeños productores cultivan nogales, alfalfa, maíz y forrajes para ganado, actividades que históricamente han sostenido la economía regional.
Sin embargo, la disponibilidad hídrica se ha deteriorado tanto que, en los últimos cinco años, los ciclos agrícolas han tenido que reducirse en más del 50 %. Lo que antes era una planificación de riegos relativamente estable se ha convertido en un ejercicio anual de supervivencia.
La dimensión social de la crisis hídrica se vuelve aún más compleja al recordar el conflicto de 2020, cuando la disputa por el cumplimiento del Tratado de 1944 llevó a la intervención de la Guardia Nacional, que tomó el control de presas locales para asegurar el envío de agua a Estados Unidos. El episodio terminó con enfrentamientos, tensiones comunitarias profundas y la muerte de dos mujeres agricultoras.
Desde una perspectiva científico-social, Chihuahua ilustra cómo un recurso natural crítico se convierte en un detonante de conflicto social, político y emocional. No se trata únicamente de la falta de agua, sino de cómo esta carencia afecta el tejido productivo, reconfigura identidades rurales, intensifica la desigualdad y confronta modelos históricos de gestión hídrica que ya no responden a la realidad climática contemporánea.
En este contexto, exigir a Chihuahua el cumplimiento estricto del Tratado de 1944 implica ignorar la profunda vulnerabilidad ambiental y social que atraviesa el estado.
La sequía en Chihuahua no es un fenómeno pasajero: es una crisis estructural que redefine el futuro de sus comunidades y cuestiona la viabilidad de acuerdos internacionales que no fueron diseñados para enfrentar el siglo XXI.
Monterrey ya conoce la escasez total de agua
La crisis hídrica en Nuevo León se ha convertido en uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo la urbanización acelerada, la expansión industrial y la mala gestión del agua pueden converger para producir una situación de vulnerabilidad extrema.
A diferencia de otros estados del norte y centro del país, donde la sequía avanza de manera silenciosa y progresiva, Nuevo León vivió en 2022 un episodio de desabasto que capturó la atención nacional: la zona metropolitana de Monterrey —una de las más industrializadas y pobladas del país— se quedó prácticamente sin agua durante semanas.
Este antecedente marcó un punto de inflexión en la conciencia colectiva y en la forma en que la sociedad regiomontana comprende y enfrenta la crisis climática.
A pesar de la magnitud del problema y de los esfuerzos gubernamentales posteriores, los niveles de disponibilidad hídrica en 2025 continúan lejos de una normalización. El sistema de presas que abastece a la metrópoli presenta niveles promedio alarmantemente bajos, ubicándose entre el 35 % y el 45 % de su capacidad total.
Las cifras internas del sistema son aún más reveladoras: la presa Cerro Prieto, históricamente crítica, opera apenas con un 20–25 %, mientras que La Boca se mantiene en torno al 35 %. Únicamente El Cuchillo presenta un nivel relativamente estable entre el 55 % y el 60 %, pero esta relativa estabilidad es insuficiente para sostener a una población urbana que supera ya los 5 millones de habitantes.
Uno de los aspectos más problemáticos es la persistencia de proyectos inconclusos o mal dimensionados, como la ampliación conocida como El Cuchillo II.
Aunque presentada como una solución integral, su contribución real al sistema hídrico es limitada. El proyecto no genera agua nueva ni incrementa la recarga natural de los cuerpos existentes; únicamente aumenta la capacidad de traslado, no la de almacenamiento o producción del recurso.
Esto revela la tendencia de priorizar obras de infraestructura rápida antes que políticas de gestión sostenible, captación pluvial, control del crecimiento urbano o regulación industrial, todas necesarias para enfrentar una crisis de esta magnitud.
En este contexto, los planteamientos que sugieren la posibilidad de desviar agua de Nuevo León hacia compromisos externos —incluyendo los establecidos en tratados internacionales— se vuelven impensables desde una perspectiva técnica, política y social.
Para estudiantes universitarios consultados en encuestas locales, tanto de la UANL como de la UDEM, la afirmación es contundente: “El agua ya es un problema de cada verano”. Esta percepción refleja una normalización del estrés hídrico, en la que la población entiende que la disponibilidad de agua será un tema crítico año con año, sin solución clara en el horizonte inmediato.
La presión social también es creciente. Monterrey, acostumbrada a ser un símbolo de desarrollo industrial y eficiencia empresarial, enfrenta el desafío de reconocer que su modelo urbano-industrial no es sostenible en un contexto de cambio climático, decreciente disponibilidad de agua y sobreexplotación histórica de sus acuíferos.
La ciudadanía ha mostrado una sensibilidad particular hacia cualquier intento de redistribuir el recurso fuera del estado. En términos sociales y políticos, Nuevo León no puede dar un litro más sin poner en riesgo su propia estabilidad interna.
Finalmente, la situación de Nuevo León debe entenderse como una advertencia para el resto del país. Lo ocurrido en Monterrey revela cómo incluso regiones con altos niveles de infraestructura y desarrollo pueden volverse vulnerables si no se implementan políticas de largo plazo basadas en datos científicos, ordenamiento territorial y una gobernanza del agua transparente y participativa. Si la crisis de 2022 fue un llamado de atención, los datos de 2025 confirman que la problemática persiste y que se requiere una profunda transformación en la manera de gestionar el recurso hídrico antes de que la ciudad enfrente nuevamente un colapso total.
Tamaulipas: la presa Falcón al borde del colapso
La crisis hídrica en Tamaulipas tiene su punto más crítico en la presa Falcón, infraestructura estratégica para el riego y el abastecimiento en la zona fronteriza. En 2025 registró niveles de almacenamiento entre 17 % y 22 %, cifras que reflejan un estado de colapso operativo.
La baja disponibilidad de agua pone en riesgo más de 70 mil hectáreas agrícolas, afectando especialmente a los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Mier y Díaz Ordaz. Entre los ciclos 2024–2025, la región perdió entre 30 % y 45 % de su producción agrícola, comprometiendo el sustento de miles de familias y debilitando la economía local.
Ante este panorama, algunos sectores agricultores del estado advierten que “la presa se está muriendo” y temen que, si México intenta cubrir el déficit del Tratado de Aguas tomando más agua de Falcón, la zona podría quedar totalmente improductiva. El caso de Tamaulipas ilustra la fragilidad del norte de México ante la sequía extrema y los límites cada vez más visibles de la infraestructura hídrica del país.
¿Por qué el tratado se volvió imposible?
El cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos se ha vuelto prácticamente imposible porque las regiones del norte que históricamente aportaban el volumen requerido atraviesan una crisis hídrica estructural y sin precedentes. La combinación de sequías extremas, sobreexplotación y colapso de la infraestructura ha reducido de manera drástica la disponibilidad real de agua.
Las declaraciones de las autoridades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y del propio Gobierno federal coinciden en un punto central: el Tratado de Aguas de 1944 enfrenta su mayor crisis desde que entró en vigor. No porque exista un desacuerdo diplomático, ningún funcionario menciona su vigencia, renegociación o temporalidad, sino porque simplemente ya no hay agua suficiente para cumplirlo.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, resume el sentir regional al afirmar: “Nadie está obligado a lo imposible, pues si no hay agua, no hay forma”. Su estado acumula cuatro años de sequía extrema y pérdidas ganaderas. La postura es clara: colaborar sí, sacrificar a la población no.
En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez adopta una línea similar. Tras la advertencia del ayuntamiento de Acuña sobre el riesgo de vaciar la presa La Amistad, Jiménez aseguró que su gobierno se solidariza con la población fronteriza y que no permitirá operaciones que comprometan el abasto de Acuña o Piedras Negras. La defensa del agua se convierte, aquí también, en una prioridad política y social.
Desde Nuevo León, Samuel García insiste en que la presa El Cuchillo “no entra en el tratado” y que su agua debe permanecer en México. Aunque su mensaje es más jurídico que climático, el trasfondo es el mismo: el estado no puede ceder recursos que ya son insuficientes para su propia población.
La única excepción parcial es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien descarta renegociar el tratado y lo describe como “justo”. Aun así, reconoce que las condiciones climáticas dificultan la captación y que se buscan alternativas para cumplir con lo pactado. En su caso, la defensa del tratado convive con el reconocimiento explícito de la escasez.
En conjunto, estas declaraciones dibujan una realidad contundente: el tratado no es un problema diplomático, sino hídrico. La región no rechaza el acuerdo, rechaza la idea de sacrificar presas y acuíferos que ya están en números rojos.
Las autoridades, desde la frontera hasta la capital, evitan hablar del plazo o la vigencia porque la discusión ya no es técnica, sino de supervivencia local.
El norte de México no está a debate; está al límite. Y el tratado, aunque vigente, se ha vuelto en palabras de sus propios gobernadores materialmente imposible.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald J. Trump, exige a México que entregue más de mil millones de metros cúbicos de agua pertenecientes a la cuenca del río Bravo, que corresponden al déficit acumulado en el ciclo 2020-2025 del Tratado de Aguas de 1944.
La solicitud se formalizó después de una reunión reciente entre representantes mexicanos y autoridades estadounidenses. El motivo: el incumplimiento de México en sus obligaciones de suministro, considerado por Washington como un factor que agrava la escasez hídrica y las pérdidas en el sector agrícola de Texas.
La evidencia reunida a lo largo de este reportaje apunta hacia una conclusión incómoda pero ineludible: el Tratado de 1944 ya no opera en las condiciones ambientales para las que fue diseñado.
La lógica original —una región con ciclos relativamente estables, presas funcionales y una presión demográfica muy inferior— ha sido rebasada por una realidad donde el norte de México enfrenta su peor crisis hídrica en décadas.
Chihuahua vive una sequía estructural que hace inviable cualquier extracción adicional; Coahuila alerta que ceder agua significaría comprometer el abasto urbano de ciudades completas.
Nuevo León apenas sostiene la demanda de su zona metropolitana; y Tamaulipas observa cómo sus presas internacionales se vacían más rápido de lo que pueden recuperarse. El mapa hídrico del norte ya no permite margen de maniobra.
A ello se suma un punto que todas las autoridades consultadas (independientemente de su partido) han subrayado: la prioridad absoluta es proteger el agua para consumo humano. Coinciden en que el límite ya se tocó. Sólo la Presidencia ha insistido en que México debe cumplir con el tratado, aun cuando reconoce que se buscan “alternativas” para hacerlo ante la falta de agua disponible.
El conflicto por el agua en la frontera no es político; es físico. No es de voluntades; es de límites ecológicos. Y mientras la región norte siga atrapada entre sequías históricas, variabilidad climática y una demanda urbana y agrícola que crece sin pausa, cualquier intento de cumplir el tratado sin una revisión integral seguirá chocando contra una verdad rotunda: el agua ya no alcanza para todos.
Esto obliga, por primera vez en 80 años, a abrir la conversación que ninguna administración había querido tener: si el marco legal heredado de 1944 puede seguir funcionando en la era del cambio climático, o si México y Estados Unidos deberán reconocer que el futuro del Río Bravo depende, sobre todo, de algo más simple y más duro que la diplomacia: la disponibilidad real del agua.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario