De antemano no desconozco que traer como argumento la máxima ley del país, la que nos rige a todos los mexicanos, para muchas personas y, quizás, mis escasos lectores no serán la excepción, se ha vuelto ya un estribillo, un lugar común sin ningún efecto en aquellos funcionarios que dijeron y protestaron defenderla hasta su último aliento; algunos incluso en su afán violatorio argumentan que en muchos de sus artículos está desfasada, pero lo cierto, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es la que tutela a todas las demás leyes, es la que nos gobierna y no hay otra por encima, es la máxima ley.
De tal manera que aquel funcionario que niega, por ejemplo, el servicio de agua potable entubada a una comunidad o colonia popular con el pretexto de que es “irregular”, es decir, no hay escrituras que le den certeza jurídica a sus habitantes, simplemente está violando flagrantemente la Constitución; asimismo negar con dicho “argumento” el servicio de luz eléctrica o drenaje sanitario es, igualmente, inconstitucional. Y misma inconstitucionalidad se presenta cuando se niega el derecho a una vivienda digna; aquí, incluso, los argumentos vertidos por los funcionarios y las dependencias son muchos más y casi, en la mayoría de las veces, insuperables por el peticionario.
En México, cuatro de cada 10 familias no habitan una vivienda propia, y los hogares de menores recursos destinan aproximadamente un tercio de sus ingresos al pago de renta (32.6%), lo que reduce el margen disponible para cubrir otras necesidades, como salud, educación, vestido, transporte y alimentación. “La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), uno de los instrumentos más importantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para identificar las desigualdades en el país, evidencian que la adquisición de una vivienda es inalcanzable para 80 por ciento de las familias con las percepciones más bajas” (La jornada, 4 de agosto de 2025).
La misma nota periodística nos informa que, de acuerdo con Inegi, “El ejercicio de 2024 muestra que 59.4 por ciento de las familias del país habitan en una vivienda propia; 10.4 por ciento la están pagando a un banco o institución financiera; 11.8 por ciento viven en un domicilio prestado, 2.6 por ciento ocupan un espacio en litigio u otra situación y 15.7 por ciento rentan […] En este último grupo hay 6 millones 27 mil 881 familias que rentan vivienda…”
Y así, como en muchas regiones del país, la carencia de una vivienda propia es un problema para miles de familias, en la Ciudad de México, se ve aún más acentuado por el alto costo de la vivienda como de la parte de suelo. “El número de viviendas particulares habitadas ha aumentado en términos absolutos desde 1990, pero la oferta de vivienda se ha limitado principalmente a vivienda media, residencial y residencial plus”. Es decir, para las familias de menos ingresos o pobres, simplemente se ha vuelto inalcanzable la adquisición de una vivienda, tener un hogar digno: “El precio de vivienda nueva en el territorio urbano de la Ciudad tiene un precio promedio por colonias de 39,250 pesos por metro cuadrado” (El Sol de México, 16 de julio de 2025).
El alto costo de la vivienda, provoca, entre otros efectos, “… una emigración casi forzada hacia el Estado de México de los hogares de menores ingresos, pero también al suelo de conservación, a zonas de alto riesgo y áreas naturales protegidas […] La Ciudad “expulsa” anualmente a más de 20 mil familias por falta de una opción de vivienda asequible, pero gran parte de esa población continúa laborando y consumiendo servicios básicos en la Ciudad de México, lo que provoca que se generen más de 1.5 millones de viajes diarios entre los municipios metropolitanos y las alcaldías centrales de la CDMX” (El Sol de México, 16 de julio de 2025). Obviamente, el desplazamiento de los trabajadores de zonas más alejadas a sus centros de trabajo, tiene como consecuencia un gran desperdicio de horas-hombre, mayor gasto en trasporte y consecuentemente, en combustible y contaminación.
Si vemos con objetividad estos datos, podemos concluir que es muy justa y legítima la lucha por la vivienda en cualquier rincón de nuestro país, pero sin duda, en la CDMX, es de vital importancia, de supervivencia de miles de familias; por ello, es totalmente justificada la batalla que los antorchistas de la Ciudad están dando para hacer entrar en razón a la alcaldesa de Tláhuac, quien se niega en redondo a otorgar los permisos para que alrededor de 200 familias puedan acceder a un pedazo de tierra donde construir su hogar, con más razón cuando a la señora alcaldesa, Berenice Hernández, no se le está solicitando un solo peso para su construcción, pues los solicitantes de vivienda, han logrado, a través de la gestión, durante muchos, ante el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI), un crédito a pagar por los beneficiarios para la adquisición del terreno y la edificación de su vivienda.
Pero, además, la contradicción y el interés de clase sale a flote, cuando se les dice a los demandantes de vivienda popular que la razón para negarles la autorización es la falta de servicios básicos, sobre todo de agua potable; pero, por otro lado, se autoriza y auspicia la construcción de zonas residenciales: “de desarrollos residenciales exclusivos en la avenida Guillermo Prieto, de la colonia Miguel Hidalgo, con viviendas que superan los cinco millones de pesos cada una, que contarán con todos los servicios y con agua suficiente…”. Juzgue usted mismo, encarecido lector…
El Movimiento Antorchista Nacional, sin duda, seguirá demandando vivienda digna para los millones de familias que carecen de ella y que se atienda y resuelva a nuestros compañeros de Tláhuac. A todos los sin casa les decimos, si te niegan tu derecho a un hogar, ¡defiéndelo! Organízate y lucha, que nosotros, los antorchistas del país iremos contigo; en la unión del pueblo está la fuerza; la historia nos enseña que la unidad es fuerza.
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