• El éxito turístico del estado oculta hondas desigualdades que afectan la calidad de vida de los trabajadores
Quintana Roo se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de México, gracias a la enorme riqueza que genera la actividad turística y a la llegada de millones de visitantes cada año.
Sin embargo, detrás del crecimiento económico y de las cifras que presumen las autoridades, persiste una profunda desigualdad social. Mientras la riqueza se multiplica, miles de familias trabajadoras continúan enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas y alcanzar condiciones de vida dignas.
La llamada prosperidad compartida es uno de los principales argumentos del gobierno de Mara Lezama. En su Cuarto Informe de Gobierno, presentado el pasado 6 de septiembre de 2026, la mandataria afirmó que más de 200 mil quintanarroenses habían salido de la pobreza.
Destacó que durante 2025 la entidad recibió más de 28 millones de visitantes, con una derrama económica superior a los 18 mil millones de dólares. Son cifras presentadas por el propio gobierno que merecen ser examinadas.
Porque una cosa es que crezca la actividad turística y otra muy distinta que sus beneficios lleguen efectivamente a la mayoría de la población. El número de visitantes, las inversiones hoteleras y la derrama económica no bastan para demostrar que existe bienestar generalizado.
La prosperidad debe medirse también en los salarios, el acceso a una vivienda, la calidad de los servicios públicos, las oportunidades educativas y las condiciones en que viven quienes sostienen diariamente la economía del estado.
En enero de 2026, el periódico El País publicó una entrevista con la gobernadora en la que abordó precisamente este desafío: convertir el éxito turístico en mejores condiciones de vida.
El reportaje señaló que, pese al dinamismo de la industria, municipios como Tulum registraban elevados niveles de pobreza.
Durante la entrevista, Lezama defendió los avances de su administración y destacó las acciones en materia de vivienda y desarrollo social. Sin embargo, diez meses después todavía no se han implementado los mecanismos para resolver este problema que afecta a más de la mitad de la población quintanarroense.
Este contraste obliga a mirar más allá de los indicadores generales, es imposible no formular una serie de preguntas. ¿Qué significa la prosperidad para una familia que no puede pagar una vivienda cerca de su empleo?
¿Qué beneficio obtiene una comunidad cuando llegan grandes inversiones, pero sus habitantes continúan reclamando calles en buenas condiciones, agua potable y servicios públicos suficientes?
¿De qué sirve presumir el crecimiento económico si los trabajadores tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas de sus hogares?
No se trata de negar los avances que puedan existir ni de desconocer la importancia del turismo para la economía quintanarroense. Se trata de exigir que esos avances se traduzcan en resultados verificables para quienes viven y trabajan en el estado.
La prosperidad debe medirse también en los salarios, el acceso a una vivienda, la calidad de los servicios públicos, las oportunidades educativas y las condiciones en que viven quienes sostienen diariamente la economía del estado.
El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su reporte sobre la medición de la pobreza multidimensional de 2024, registró que el 10.4 % de la población de Quintana Roo presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda.
Esto es equivalente a aproximadamente 200 mil personas. Este indicador no describe por sí solo toda la situación social del estado, pero demuestra que persisten necesidades importantes en un territorio que se promociona internacionalmente como un paraíso.
La discusión también debe incluir el modelo de desarrollo que se impulsa en el sureste mexicano. El 22 de abril de 2026, la agencia internacional Reuters publicó una investigación sobre el Tren Maya y las expectativas de desarrollo que generó en comunidades históricamente marginadas.
El reportaje documentó dificultades económicas y carencias de servicios básicos en localidades donde sus habitantes esperaban recibir beneficios concretos de la obra. También señaló que los ingresos por boletos cubrían una proporción reducida de sus costos operativos.
Este trabajo periodístico plantea una cuestión fundamental: "Las grandes obras y las inversiones públicas deben evaluarse no solamente por su costo, tamaño o capacidad de atraer visitantes, sino también por sus resultados sociales, económicos y ambientales".
"Si el desarrollo pretende beneficiar a las comunidades mayas, ese beneficio debe hacerse visible en empleos dignos, mejores servicios, oportunidades para los productores locales y respeto a sus derechos".
La misma exigencia debe aplicarse a los polos de crecimiento económico anunciados para Quintana Roo. No basta con anunciar proyectos o proyectar miles de empleos; es indispensable informar cuántos puestos se concretan, qué salarios ofrecen, cuántos son permanentes y qué mecanismos garantizan que las comunidades locales participen en los beneficios.
La prosperidad compartida no puede convertirse en una frase publicitaria ni en un argumento que sustituya la rendición de cuentas.
Las autoridades estatales y municipales deben presentar resultados desglosados por municipio y explicar qué acciones están realizando para reducir las desigualdades, mejorar la vivienda, fortalecer los servicios públicos y ampliar las oportunidades de las familias trabajadoras.
También es necesario escuchar a los habitantes de las colonias populares, las comunidades rurales y los pueblos mayas. Sus necesidades no pueden quedar subordinadas a la imagen internacional de los destinos turísticos ni a los intereses de los grandes inversionistas.
Quintana Roo tiene recursos, actividad económica y capacidad para generar oportunidades. El reto consiste en lograr que esa riqueza contribuya a reducir las brechas sociales, en lugar de conformarse con celebrar las cifras de crecimiento.
La pregunta no es si el estado recibe millones de turistas. Eso está documentado. La pregunta es cuánto mejora la vida de la población gracias a esa actividad y qué sectores continúan al margen de sus beneficios.
Por eso, el llamado a las autoridades es claro: menos triunfalismo y más rendición de cuentas; menos promesas generales y más soluciones concretas. Que cada peso invertido y cada proyecto anunciado puedan evaluarse por sus resultados en la vida de la gente.
Porque Quintana Roo no puede conformarse con ser un paraíso para millones de visitantes mientras sus habitantes siguen esperando mejores condiciones para vivir. El desarrollo será verdaderamente compartido cuando las familias trabajadoras, las comunidades rurales y los pueblos mayas sean protagonistas de la riqueza que también contribuyen a generar.
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