• Al menos 116 programas federales ignoran la falta de servicios básicos que afecta a millones de familias
Hay una realidad que el gobierno federal difícilmente podrá ocultar con discursos, conferencias de prensa o justificaciones: mientras se anuncian grandes inversiones y se presume que México avanza, millones de mexicanos siguen esperando algo mucho más elemental: agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, hospitales, caminos dignos y viviendas adecuadas.
El tejido social no se fortalece entregando dinero; se fortalece construyendo escuelas, hospitales, viviendas, caminos, sistemas de agua, empleos y espacios para que las familias puedan vivir dignamente.
Los dos primeros años del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum han estado marcados, en buena medida, por explicar, justificar y defender por qué los resultados no han sido los esperados.
Y aquí cabe una frase sencilla, pero contundente: quien tiene que dar demasiadas explicaciones es porque no está dando resultados. Un gobierno debe ser evaluado por lo que hace y transforma, no por la cantidad de argumentos que utiliza para justificar sus incumplimientos.
El problema de fondo es que las obras de carácter social han dejado de ocupar el lugar que deberían tener en las prioridades nacionales. Una carretera que comunica a una comunidad, una red de agua potable, un drenaje, una escuela, un centro de salud o la electrificación de una colonia no producen grandes fotografías ni discursos espectaculares, pero sí cambian de manera concreta la vida de miles de familias.
Los propios datos oficiales muestran que las necesidades siguen siendo enormes. De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional 2024 elaborada por el Inegi con la metodología del Coneval, 4 millones 500 mil personas viven en viviendas sin acceso al agua; 6 millones 400 mil en viviendas sin drenaje y alrededor de 300 mil personas en viviendas sin electricidad.
Además, 12 millones 600 mil personas habitan viviendas donde se utiliza leña o carbón para cocinar sin contar con chimenea adecuada.
¿Dónde están las grandes obras para atender esta realidad? ¿Dónde están los presupuestos suficientes para llevar agua a las comunidades que todavía deben acarrearla o comprarla? ¿Dónde están las inversiones para resolver el rezago en drenaje, vivienda, escuelas y hospitales?
El Estado mexicano tiene una obligación social, no basta con entregar dinero periódicamente a las familias y decir que eso representa bienestar. Los apoyos económicos pueden ayudar a resolver una necesidad inmediata, pero no sustituyen una política de desarrollo.
Una familia necesita ingreso, pero también necesita vivienda digna, servicios, educación, salud, empleo y condiciones para vivir con seguridad y dignidad.
El propio Coneval reconoce que la pobreza no puede medirse sólo por el dinero que recibe una persona. Se deben considerar el acceso a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.
Por eso resulta preocupante que mientras las comunidades esperan obras indispensables, el gobierno siga destinando enormes cantidades de recursos a proyectos cuya rentabilidad social es cuestionada por amplios sectores de la población.
El Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se han convertido en símbolos de una política que privilegia grandes proyectos de infraestructura, aun cuando persisten necesidades básicas sin resolver.
Y no se trata de estar contra la infraestructura nacional. México necesita trenes, aeropuertos, carreteras y grandes obras. El problema aparece cuando los proyectos monumentales se convierten en prioridad mientras las necesidades elementales del pueblo quedan relegadas.
Lo mismo ocurre con la preparación del Mundial de futbol. México tiene derecho a recibir visitantes y aprovechar económicamente un acontecimiento de esa magnitud, pero resulta legítimo preguntar: ¿Cuánto dinero público se está destinando a preparar el país para recibir al visitante y cuánto se está destinando a mejorar realmente las condiciones de vida de los mexicanos?
No puede ser que para recibir turistas encontremos recursos para modernizar zonas, vialidades y espacios, mientras existen comunidades enteras que continúan esperando agua, drenaje, caminos o servicios médicos.
También preocupa la facilidad con la que se abren las puertas del país para grandes inversiones privadas, mientras la opinión de las comunidades originarias parece ocupar un segundo plano. El caso de Topolobampo y otros proyectos de inversión obliga a preguntar quién termina beneficiándose realmente del desarrollo: ¿el pueblo que habita esos territorios o las grandes empresas que llegan a hacer negocios?
México necesita inversión, sí, pero inversión que genere bienestar para todos. No queremos un país donde el Estado construya la infraestructura que necesitan las grandes compañías para que estas obtengan ganancias, mientras las colonias populares continúan sin servicios.
Incluso el propio análisis oficial de los programas sociales revela un problema preocupante. Para 2024, el Coneval encontró que, de los programas analizados, 116 no estaban vinculados con la atención de la carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda; 111 no estaban vinculados con el acceso a servicios de salud y 119 no estaban vinculados con calidad y espacios de la vivienda.
El país necesita menos propaganda y más resultados, necesita menos justificaciones y más obras. Necesita un gobierno que escuche a las comunidades, que camine por las colonias, que conozca las necesidades de los campesinos, de los trabajadores, de los jóvenes y de las familias que viven en condiciones precarias.
Porque mientras en los discursos se habla de transformación, en muchas comunidades la realidad sigue siendo la misma: familias sin agua, sin drenaje, sin vivienda digna, sin atención médica suficiente y jóvenes sin oportunidades.
El tejido social no se fortalece únicamente entregando dinero, se fortalece construyendo escuelas, hospitales, viviendas, caminos, sistemas de agua, empleos y espacios para que las familias puedan vivir dignamente.
Morena y el gobierno federal todavía están a tiempo de corregir el rumbo. Pero para hacerlo deben escuchar al pueblo y dejar de confundir propaganda con resultados.
México no necesita más explicaciones sobre por qué las cosas no funcionan. México necesita que funcionen. Y para eso se requiere volver a poner en el centro de la política pública lo que nunca debió abandonarse: las necesidades y los derechos de los mexicanos.
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