El señor Ricardo Alemán, en su columna Itinerario Político titulada "¡El fracaso!", publicada en el diario Milenio el 9 de agosto del presente, acusa al Movimiento Antorchista de haber participado en la marcha que el día anterior, en la Ciudad de México, hicieron una serie de organismos agrupados en un denominado "Frente Auténtico del Campo", de reciente y sorpresiva aparición; es falso, no hubo tal participación y no podía haberla porque ni somos miembros del Frente en cuestión, ni sabíamos siquiera de su existencia ni fuimos invitados; además, el antorchismo, como todo el país sabe, no es de los que puedan ingresar en marcha al Zócalo: recuérdese que hace menos de un año (en octubre de 2015) el señor Miguel ángel Mancera, jefe de gobierno, ordenó ilegalmente a la policía impedir el acceso de una protesta antorchista de cien mil personas a esa plaza. Quedó claro a la opinión pública que la de este lunes fue una manifestación a modo y complacencia del señor Mancera, que él mismo encabezó y, aunque menos evidente, que la organización popular que no fuera de su agrado no podría contarse entre los privilegiados para marchar y hacer el mitin en su zócalo privado. A pesar de ello, hay quien se obstina en publicar enfermizamente la idea de que si acontece alguna manifestación, la que sea, donde sea, de dulce, de chile o de picadillo, Antorcha debe de estar presente también, aunque ello contradiga la más elemental lógica: se miente a sabiendas, aprovechando la imposibilidad del respetable de comprobar los asertos del escritor, como en este caso, en el que incluso se acusa a Antorcha ni más ni menos que de violentar el artículo sexto constitucional, es decir, de violentar la libertad de expresión (¡?). Por nuestra cuenta, debemos aclarar a la ciudadanía que no, no estuvimos en la marcha del día lunes 8 de agosto en la capital del país.
Pero ¿es siquiera posible que Antorcha violente la libertad de expresión y de manifestación de ideas, como asegura el señor Alemán? Sólo si se retuerce la lógica y se interpreta la ley a modo. El señor Alemán continúa sus trampas a la inteligencia de sus lectores con el batiburrillo de equiparar la libertad de expresión y la manifestación de ideas, consagradas en el Sexto Constitucional, con el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, al que también se le llama derecho de manifestación pública, consagrado en el Noveno Constitucional. Lo afirma así: "Es decir, según la Constitución, toda manifestación de las ideas –a través de marchas, plantones, bloqueos y mítines–, tienen razón de ser –en tanto garantías constitucionales–, sí y sólo sí (sic), no dañan el derecho de terceros; libre tránsito, comercio, libre albedrio y, sobre todo, libre desplazamiento por calles y autopistas de todo el país". Aceptamos de entrada que el derecho de reunirse, ocupando un lugar físico –pues no puede ser de otra manera— presupone la comunicación entre los reunidos y la emisión de mensajes dirigidos al público y a los gobernantes, a menos que los reunidos permanezcan totalmente mudos, en cuyo caso no habría manifestación de idea alguna y le ahorraríamos al señor periodista tanto disgusto. Pero eso es un absurdo, como queda claro. No es lo mismo la manifestación de ideas, entendida como el derecho de emitir y garantizar información y opiniones de todo tipo, que la manifestación pública, entendida como el derecho de reunión para hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad; y del hecho de que ejercer este derecho frecuentemente implica afectar el tránsito vehicular –incómoda consecuencia física que la Constitución permite porque no la prohíbe, al menos no por esta causa-, no se concluye lógica y obligatoriamente que se afecten los derechos de tercero en el sentido en que lo establece el artículo sexto. Los preceptos que se desprenden del Sexto Constitucional protegen los derechos de tercero no contra los bloqueos a su movilidad, sino contra el insulto y los juicios de valor formalmente injuriosos e innecesarios para la expresión de una idea, contra la información que vulnere el honor y la intimidad, o contra la publicación de falsedades, rumores o insidias que pretenden disfrazarse a través de una narración neutral de hechos y que en realidad carecen por completo de veracidad. Son cosas distintas. Y puesto que no son lo mismo, los constituyentes de Querétaro las expusieron en artículos aparte. Pues esto es lo que revuelve Alemán con toda la intención de confundir.
De acuerdo, pues, con Ricardo Alemán, toda ejecución del derecho de reunión o manifestación pública, puesto que también implica manifestación de ideas, no tiene razón de ser y por tanto se debe reprimir por los gobernantes, si no la ley y las instituciones fracasan. Punto. El absurdo elevado a la categoría de palabra incuestionable, de juicio y condena inapelables. Pues se equivoca del todo, señor Alemán, del todo: ni se puede callar al pueblo por decreto ni por periodicazo ni es responsable del fracaso institucional por reunirse pública y pacíficamente para exigir precisamente el cumplimiento de la ley y de los deberes institucionales, como lo hace Antorcha.
Al afirmar que el Movimiento Antorchista participó en una manifestación cuando no lo hizo, y usar esta acusación como información falsa para enconar los ánimos sociales contra nuestra organización, acusándola de ser parte del vandalismo y las violaciones a la ley que la CNTE y otros manifestantes sí han llevado a cabo en algunas de sus protestas, el señor Alemán está perturbando el orden público porque atiza el odio de una parte de la sociedad contra otra; al afirmar que los trabajadores más pobres, que desde las filas antorchistas protestan con justicia, son "vividores de la protesta" y "mafiosos de la industria de la manifestación" que deben ser reprimidos en aras de "cumplir la ley" según su torcida concepción, el señor emite juicios de valor injuriosos que vulneran la seguridad de los pobres de México exponiéndolos a injusto castigo; para hacer todo esto, Ricardo Alemán tiene que triturar la lógica, presentar una cosa por otra para confundir, es decir, cultivar la insensatez en sus lectores y, él sí, violentar el artículo Sexto Constitucional. No hay que dejarse confundir. Los trabajadores de México deben ahora preguntarse: ¿y por qué lo hace?
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