• La administración federal asigna 5.6 billones a infraestructura para empresas extranjeras relegando obra social
Cada año, el ritual se repite: el Ejecutivo federal entrega el paquete económico, los legisladores discuten cifras y la opinión pública se pierde en el laberinto de los números. Pero el debate, casi siempre, se queda en la superficie. Se pregunta: ¿cuánto se gasta y en qué? Y se olvida la pregunta verdadera: ¿de dónde sale el dinero y, sobre todo, hacia dónde se dirige realmente el desarrollo del país?
El rezago en obra pública, lejos de ser nuevo, se ha agravado en los últimos siete años, convirtiendo los recortes presupuestales en una regla de la política económica.
El presupuesto de 2026, con sus 10.2 billones de pesos, es un retrato fiel de nuestras contradicciones. Más de siete billones están comprometidos antes de cualquier discusión: funcionamiento del Estado, pensiones, pago de intereses de la deuda y participaciones a estados y municipios. El margen de maniobra es casi nulo.
La inversión física, esa que podría generar empleo y bienestar, apenas supera los 961 mil millones de pesos. Pero lo más revelador no es el monto, sino el destino: apenas 135 mil millones de pesos para obra pública social, carreteras, escuelas, hospitales, agua potable, mientras que el Plan México destina 5.6 billones en cuatro años para infraestructura industrial orientada a empresas extranjeras.
No es un error de cálculo; es una opción política. El gobierno de la llamada cuarta transformación ha priorizado el capital externo por encima de las necesidades de las comunidades. Los megaproyectos y los parques industriales reciben electricidad, agua, gas y transporte, mientras que los estados y municipios ven relegadas sus demandas.
Gobernadores y alcaldes han tenido que reclamar, protestar y denunciar la falta de participaciones federales, pero la indiferencia del gobierno central ha sido la norma. El rezago en obra pública, lejos de ser nuevo, se ha agravado en los últimos siete años, convirtiendo los recortes presupuestales en una regla de la política económica.
El resultado es una doble paradoja: el gasto social se mantiene, pero sin crecimiento económico que lo sostenga, se vuelve insostenible; y la inversión pública que podría dinamizar el país se sacrifica en aras de una política que favorece a los grandes monopolios y al capital trasnacional.
México creció apenas 0.6 % en 2025 y las proyecciones para 2026 no superan el 2 %. No es un mal sexenal: es un mal de décadas. Desde 1980, el PIB per cápita avanza a un ritmo inferior al 2 % anual.
El modelo económico no ha cambiado, y la dependencia de Estados Unidos sigue siendo abrumadora: 80 % de las exportaciones tienen como destino ese país, y el FMI estima que esa vinculación equivale al 27 % del PIB mexicano.
Frente a las amenazas arancelarias, la política monetaria restrictiva de la FED o las tensiones del T-MEC, México no tiene margen de respuesta. Sólo le queda el discurso.
Y es que el gobierno ha tenido el poder, mayoría en el Congreso y control del Poder Judicial, para hacer una reforma fiscal profunda, pero no la voluntad. La recaudación tributaria representa apenas el 18.3 % del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano (21.7 %) y del de la OCDE (34.1 %). El espacio existe, pero el verdadero techo no es legal ni técnico: es el crecimiento económico.
Sin embargo, un cambio de modelo no será concedido desde arriba. Como señaló un profesor de macroeconomía, una reforma tributaria sólo es posible en los primeros años de un gobierno, cuando el capital político es mayor. Ese momento ya pasó.
Los dos gobiernos de Morena no han emprendido acciones verdaderamente orientadas a transformar la estructura productiva del país. Quizás porque afecta intereses muy poderosos, quizás porque el costo político es alto, o quizás porque la inercia es más fuerte que la convicción.
El presupuesto de 2027 no resolverá las necesidades de los más pobres. No por falta de recursos, que los hay, mal distribuidos, sino por falta de un proyecto económico soberano.
Se necesita una economía vigorosa, productiva e independiente, que eleve la inversión productiva, desarrolle proveedores nacionales, fortalezca el mercado interno y reduzca la dependencia externa. Eso implica una reforma fiscal progresiva, pero también una política industrial activa, certidumbre jurídica, energía barata y agua disponible.
El gobierno tiene un papel central, pero también el sector privado, que concentra la mayor parte de la inversión y que hasta ahora no ha mostrado el dinamismo necesario.
Mientras tanto, el presupuesto seguirá siendo un espejo de lo que somos: un país dependiente, con un Estado que protege al capital extranjero y abandona a sus ciudadanos. La obra pública se rezaga, los hospitales se caen, las escuelas se deterioran y la inseguridad crece. Eso no lo pagarán los gobernantes de turno; lo pagará el pueblo trabajador, como siempre.
La pregunta no es si habrá presupuesto para los pobres. La pregunta es si habrá voluntad política para cambiar las reglas del juego. Y, sobre todo, si habrá pueblo organizado para exigirlo. Porque una economía soberana no surgirá de un decreto ni de una ocurrencia presidencial.
Requerirá de una fuerza social organizada: trabajadores, campesinos, pequeños productores, profesionales, estudiantes y empresarios nacionales que asuman la tarea de construir un nuevo modelo. El presupuesto es sólo el síntoma; la enfermedad es un modelo que ha dejado de servir a la mayoría, y esa enfermedad sólo se cura con participación ciudadana y decisión política.
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