Grave carencia de agua y protestas sociales, culpa del gobierno de Delfina Gómez Álvarez
A la opinión pública:
Miles de mexiquenses se quedaron sin agua, desde el viernes 24 de octubre hasta el lunes 27 del mismo mes, debido a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) instrumentó el Operativo Caudal mediante el cual clausuró más de 200 pozos de agua potable, calificados de “clandestinos” por la dependencia, y retuvo: 322 pipas, 37 vehículos y a siete personas.
Dicho operativo se realizó en 48 municipios mexiquenses y dejó sin agua potable a millones de personas. Entre los mexiquenses más afectados se encuentran los habitantes marginados de los municipios más poblados del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz y Texcoco.
Ese operativo afectó a millones de mexiquenses, quienes forman el sector de la población que no tiene suministro del líquido mediante redes de agua potable porque el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, y otros del pasado, no ha querido invertir en sus comunidades para instalar esa infraestructura urbana. Por eso, la gente se ve obligada a comprar el agua potable a las pipas que abastecen sus zonas, no importa que por 10 mil litros tengan que pagar entre 800 y mil pesos, mismos que juntan entre varias familias con tal de tener agua en sus hogares.
El problema del huachicoleo del agua no es nuevo: es la consecuencia de la falta de agua entubada en los asentamientos humanos marginados por el gobierno estatal, situación que ha sido aprovechada por funcionarios de todos los niveles, quienes a plena luz de día autorizan perforaciones de pozos clandestinos y su equipamiento con alta tecnología, pues la venta de agua es un gran negocio para ellos y sus aliados.
De acuerdo con la “Plataforma Periodística de las Américas (Connectas), entre 2019 y 2022 se registraron 14 mil 836 pinchaduras en ductos de agua en el Estado de México, colocándolo en segundo lugar nacional en huachicoleo, sólo detrás de Aguascalientes. Nayarit ocupa el tercer lugar con 12 mil 618 tomas clandestinas.” (Elizabeth Ríos, “Sin servicio de pipas de agua en el valle de Toluca tras Operativo Caudal”, El Sol de Toluca, sábado 25 de octubre de 2025).
No se sabe por qué, y seguramente no lo sabremos nunca, el gobierno estatal arremete contra quienes controlan esos negocios sin importarle afectar a millones de mexiquenses vulnerables, por lo que se levanta como una gran mentira lo que dijeron la FGJEM y la presidenta Claudia Sheinbaum referente a que: el operativo se instrumentó para “proteger el derecho al agua potable de los mexiquenses”, pero el resultado fue dejar sin agua a millones de personas, incluso hubo escuelas que suspendieron clases y hospitales que tampoco tuvieron agua para mantener pulcras las instalaciones y atender a sus pacientes, quienes estuvieron en riesgo de contraer más enfermedades de las que ya tenían.
La situación, pues, está peor que antes: a la gente no le llega el agua por la red ni tampoco puede comprarla en pipas porque los pozos están clausurados. ¿Dónde quedó la protección del derecho al agua de que habla la FGJEM y la presidenta Claudia Sheinbaum?
Otras consecuencias del Operativo Caudal y el bloqueo que realizaron piperos y dueños de purificadoras fueron que: no percibieron ingresos los choferes de pipas ni dueños de pequeñas purificadoras. Además, por el bloqueo, miles de mexiquenses no pudieron acudir a sus trabajos.
El gobierno de Delfina Gómez Álvarez previamente debió atender el problema de manera más inteligente: instrumentar acciones en contra de los huachicoleros de agua de manera precisa y concreta para no afectar a millones de mexiquenses; además debió asegurarse de que primero habría fuentes alternas seguras y baratas (pozos o pipas) para dar agua a los hogares que resultaran afectados al cancelarse esos pozos irregulares.
Para acabar con el huachicol de agua, la solución es que el gobierno estatal introduzca redes de agua potable en todos los asentamientos humanos hasta ahora marginados; de no hacerlo seguirá la extracción ilícita de agua potable y sobreexplotación de pozos legalmente registrados que abastecen del líquido a gran número de mexiquenses que residen en asentamientos populares, como actualmente sucede en pozos de los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde se abastecen pipas propiedad de políticos que se enriquecen con recursos naturales propiedad de todos los mexicanos.
Ahí es donde el gobierno estatal debe intervenir decididamente. Aquí es donde deben volverse realidad, por ejemplo, los miles de millones de pesos anunciados por la presidenta presuntamente destinados al “Plan Integral para la Zona Oriente”. De no hacerlo, seguirá sin beneficiar a los mexiquenses y será una pura demagogia eso de que “está protegiendo su derecho al agua”.
Por medio del presente escrito, el Movimiento Antorchista del Estado de México manifiesta su inconformidad por esa situación e informamos que, de no resolverse el problema por parte del gobierno del Estado de México y sus municipios, iniciaremos una serie de protestas públicas hasta que la gente tenga agua, aunque sea por medio de pipas. Asimismo, informamos que seguiremos luchando para que todos los asentamientos humanos accedan al agua potable a través de redes.
Atentamente
Comité directivo del Movimiento Antorchista en el Estado de México
Toluca de Lerdo, a 29 de octubre de 2025.
Responsable de la publicación: Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
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