• Las fallas de la infraestructura pública y los métodos de admisión excluyen de las aulas a los sectores más vulnerables
Durante los meses de julio y agosto recibirán resultados los estudiantes que realizaron exámenes para ingresar a las universidades públicas. Este proceso nos recuerda, una vez más, la deuda que tiene el gobierno tanto a nivel federal como estatal, con los jóvenes que buscan superarse mediante la realización de estudios de nivel superior.
El 20.5 % de la población campechana padece rezago educativo y no le queda más que incorporarse al mercado laboral en empleos de baja calificación y salarios precarios.
Los números son contundentes. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, el 45 % de los estudiantes de nivel superior —es decir, 22 mil 980 jóvenes campechanos— se encuentra inscrito en instituciones particulares. Estas cifras no sólo evidencian la insuficiencia de la oferta pública, sino que también revelan que las familias mexicanas, especialmente las de escasos recursos, se ven orilladas a destinar una parte considerable de su ingreso para costear estudios que deberían ser un derecho garantizado.
Esta situación contribuye a profundizar la desigualdad y pobreza en el país y en Campeche. El filtro inicial del ingreso a la universidad pública son los exámenes de selección, pruebas que, en la práctica, favorecen a quienes han tenido acceso a una educación básica de calidad.
Sin embargo, en municipios como Calakmul, Candelaria o Hopelchén, las carencias en infraestructura educativa y social son tan graves que los estudiantes egresan de secundaria y preparatoria sin dominar competencias elementales en español y matemáticas.
De esta manera, el mecanismo de selección se convierte en un dispositivo de exclusión que desde un inicio margina a los más pobres. El dato es alarmante: el 20.5 % de la población campechana padece rezago educativo.
A estos jóvenes, condenados por la falta de oportunidades desde la infancia, no les queda más que incorporarse al mercado laboral en empleos de baja calificación y salarios precarios, reproduciendo así el ciclo de pobreza.
Cabe subrayar que este problema no es privativo de Campeche, sino que tiene alcance nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, rechaza al 90 % de sus aspirantes, una cifra que refleja el enorme déficit de infraestructura educativa pública de nivel superior frente a la demanda de los jóvenes estudiantes.
Frente a este panorama, el gobierno federal impulsó las llamadas Universidades del Bienestar, con la promesa de llevar educación superior a las regiones más marginadas. En Campeche se instalaron tres de estos planteles en Calakmul, Calkiní y Escárcega. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta al discurso oficial.
Diversas denuncias documentan que varios egresados han esperado hasta dos años para recibir su cédula profesional, lo que les impide incorporarse al mercado laboral.
Suma y sigue: en julio del año pasado, Azteca Noticias reportó el caso de 40 profesores de Universidades del Bienestar que fueron despedidos injustificadamente, después de haber sido "obligados a firmar convenios en los que renunciaban a sus derechos laborales".
Los profesores despedidos denunciaron que los directivos de estas universidades los veían como "beneficiarios de un programa social" y no como trabajadores del sector educativo, por lo que se negaban a brindarles prestaciones y seguridad social.
Este tipo de irregularidades muestran que las Universidades del Bienestar no son la solución al problema de fondo, pues se ve a estas universidades públicas como temporales, improvisadas o poco serias, al grado de que los profesores ni siquiera figuran en nómina.
Ante esta realidad, no basta con esperar que las autoridades actúen por iniciativa propia. La experiencia nos ha enseñado que sólo la organización popular y la exigencia colectiva pueden cambiar la realidad.
Por ello, invitamos a estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanos conscientes a sumarse al Movimiento Antorchista Nacional. Sólo mediante la lucha organizada podremos exigir infraestructura educativa digna, más escuelas públicas de nivel superior, becas suficientes, procesos de ingreso justos y mejores condiciones laborales para los académicos.
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