El 9 de octubre los habitantes de muchas comunidades de los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí enfrentaron la embestida de la naturaleza y la negligencia de los gobernantes; intensas lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos y deslaves que, a su paso, arrastraron el patrimonio de miles de mexicanos, quienes no sólo tuvieron pérdidas materiales, sino que también perdieron a sus seres queridos.
“La tragedia de Huauchinango no sólo exhibe las consecuencias de las lluvias y el fuego: es el resultado de un Estado que decidió enfrentar los desastres sin herramientas y dejar a su pueblo solo”.
Hasta el momento se han confirmado 72 personas fallecidas y 39 personas que aún no han sido localizadas.
Según el micrositio “Afectaciones por lluvias e inundaciones derivadas de la perturbación tropical 90-E”, creado por el gobierno federal para dar información actualizada, señala lo siguiente:
Puebla: 23 municipios afectados, 19 personas fallecidas y cinco pobladores no localizados.
Veracruz: 40 municipios afectados, 34 personas fallecidas y catorce pobladores no localizados.
San Luis Potosí: doce municipios afectados, no hubo personas fallecidas ni personas no localizadas.
Querétaro: ocho municipios afectados, una persona fallecida y no hubo personas no localizadas.
Hidalgo: 27 municipios afectados, 22 personas fallecidas y 20 personas no localizadas.
Estos datos proporcionados, más las impactantes imágenes y videos que se difundieron en los medios de comunicación, hacen estremecer a quien sea: miles de casas bajo el agua y otras completamente destruidas; comunidades incomunicadas; carreteras destrozadas; sin luz eléctrica, sin alimento y miles de damnificados que, a ocho días de vivir la catástrofe, se encuentran entre el lodo y los escombros de lo que un día fue su hogar.
De los cinco estados, tres fueron los más dañados: Veracruz, Hidalgo y Puebla. “El más afectado fue Poza Rica, Veracruz, donde los daños superaron las afectaciones por ‘Otis’”, se lee en la columna de Azucena Uresti, publicada en El Universal.
La catástrofe en estos tres estados fue del mismo tamaño que la negligencia de los gobernantes, negligencia que abarcó desde la silla presidencial hasta las sillas gubernamentales, que a su vez comparten el mismo color guinda y la misma indiferencia por sus gobernados.
El 9 de octubre, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que el río Cazones se había desbordado ligeramente. “Un desbordamiento ligero” que cobró vidas y dejó a Poza Rica bajo el agua.
El día 13 de octubre, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existían condiciones científicas o meteorológicas que permitieran anticipar la intensidad de lo que ocurrió; sin embargo, Conagua había alertado desde el 8 de octubre que la región de Puebla, Hidalgo, el norte de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí enfrentarían graves afectaciones por precipitaciones entre 150 y 250 milímetros.
En otras palabras, se emitieron alertas para que se tomaran precauciones, pero ni la presidenta las tomó en cuenta y la gobernadora de Veracruz las minimizó.
Respecto a Puebla, en una nota publicada en Buzos de la Noticia el 18 de octubre se lee: “En esta región la ayuda tardó en llegar. Las donaciones de vecinos, organizaciones y gobiernos locales alivian por ahora el hambre, pero no resuelven el abandono estructural. La tragedia de Huauchinango no sólo exhibe las consecuencias de las lluvias y el fuego: es el resultado de un Estado que decidió enfrentar los desastres sin herramientas y dejar a su pueblo solo”.
Se puede decir entonces que había forma de prevenir el desastre si se hubiera actuado en tiempo y forma, evacuando y creando albergues para salvaguardar la vida de los pobladores; sin embargo, la negligencia y el lento actuar triunfaron en la cancha y ganaron terreno.
Además, recordemos que, en el pasado, antes de que iniciara la 4T, existía el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mismo que inició operaciones formales desde 1999 y fue eliminado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la consigna de “combatir la corrupción”.
Este fideicomiso se creó como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera oportuna y eficaz la rehabilitación de la infraestructura afectada por desastres naturales. O sea, Morena no sólo afectó con su acción tardía a los damnificados de este desastre natural, sino que, a partir de 2021, destinó a todos los damnificados a un peregrinar para poder reponerse de las tragedias y, además, aprovecha estas desgracias para hacer campaña color guinda.
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