• Un legislador del Estado de México cuesta 26 millones de pesos al año y omite gobernar para hacer campaña
Todavía no inician legalmente los procesos electorales y las redes sociales ya aparecen llenas de propaganda de personajes que, en lugar de estar solucionando los problemas de los municipios o trabajando en lo que les toca, pues siguen siendo funcionarios públicos, ya están promoviendo su imagen, algunos de forma muy burda, usando los recursos públicos para ello.
Los políticos oficiales actuales no ven el cargo como una oportunidad para resolver problemas de la población, sino como un negocio particular.
Y es que para muchos parece que no hay ningún problema con que lo hagan; sin embargo, en los hechos, ya están realizando nuevos compromisos cuando todavía no cumplen los que prometieron hace dos años en la campaña en la que fueron electos. Esto es lo grave del asunto. En los hechos ya le fallaron al pueblo que los eligió.
Los gobiernos municipales, los diputados locales y los legisladores federales han tenido prácticamente todo su tiempo para cumplir aquello que prometieron durante las campañas.
El próximo año las restricciones que impone la legislación electoral limitarán muchas actividades gubernamentales susceptibles de utilizarse con fines propagandísticos. En otras palabras, lo que no hicieron durante estos años difícilmente lo harán en los meses que restan.
Por eso resulta revelador que muchos funcionarios ya estén pensando en la siguiente elección. Algunos incluso han comenzado campañas anticipadas sin separarse todavía del cargo que hoy desempeñan, utilizando los reflectores y la exposición pública que les brinda el puesto para construir su próxima candidatura, aun sin haber dado resultados.
En municipios como Ixtapaluca esa práctica resulta evidente. Mientras persisten graves problemas de agua potable, inseguridad, deterioro urbano y abandono de servicios públicos, diversos personajes muy cercanos al alcalde Felipe Arvizu han empezado a realizar actividades para aparentar que trabajan, pues los últimos cinco años tuvieron una actitud parasitaria.
Pero existe un segundo aspecto todavía más preocupante. Los políticos oficiales actuales no ven el cargo como una oportunidad para resolver problemas de la población, sino como un negocio particular, como una fuente de abundantes recursos a la que le invierten con miras a ganar más después, tanto en lo económico como en las ventajas judiciales que da el poder.
Los cargos públicos no sólo otorgan poder, sino que también representan privilegios pagados por todos los mexicanos. El Heraldo de México calcula que un diputado local cuesta en promedio diecinueve millones de pesos al año, mientras que en el Estado de México el costo por legislador oscila entre 19.6 y 26.5 millones de pesos, según estimaciones de El Sol de Toluca y el propio Heraldo.
¿Ahora queda claro por qué tantos se disputan esos cargos? Cada diputado representa un gasto de decenas de millones de pesos para los contribuyentes. ¿Y qué recibe la población a cambio? Basta mirar las condiciones en las que viven millones de mexiquenses para encontrar la respuesta. Y ya no hablemos de todo lo que maneja y de todos los privilegios de los que goza un presidente municipal.
Si de verdad gobernaran para servir al pueblo, Ixtapaluca no estaría hundido en el abandono. Calles destrozadas, falta de agua e inseguridad forman parte de la vida cotidiana de miles de familias.
La realidad del Estado de México, y no sólo de Ixtapaluca, es alarmante: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la entidad registró 5 mil 661 reportes de desaparición, la cifra más alta del país, y al iniciar 2026, mil 824 personas seguían sin ser localizadas.
Frente a esta realidad, resulta evidente que la prioridad de muchos políticos no es resolver los problemas de la población, sino asegurar su siguiente candidatura. En los próximos meses se multiplicarán las fotografías en mercados, los recorridos por colonias y los videos cuidadosamente preparados para aparentar cercanía con la gente.
Lo importante no será cuántas fotografías publiquen ni cuántas veces recorran los mercados. Lo importante será preguntarnos qué hicieron durante los años que ya gobernaron, qué obras entregaron, qué problemas resolvieron y cuántas promesas dejaron incumplidas.
En 2027 los ciudadanos no deberían votar por quien mejor sonría frente a la cámara, sino por los resultados de su gobierno y por el trabajo que realizó a cambio de los cuantiosos recursos públicos que recibió.
Quien ya tuvo la oportunidad de gobernar y le falló al pueblo no merece otra oportunidad; merece la exigencia y el juicio de la ciudadanía. Denunciemos a esos políticos, exijámosles resultados, pues su administración aún no concluye. Y si no cumplen, enviémoslos al basurero de la historia.
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