• Doce firmas retienen líquidos para 1.6 millones de personas y marginan a 600 vecindarios
Ante la mala calidad del agua que afecta a más de 600 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el dirigente del Movimiento Antorchista en Jalisco, Mariano Cariño Méndez, denunció que la crisis por el agua es ignorada por las autoridades y que las medidas aplicadas y propuestas son insuficientes y sólo exponen a un gobierno que trata de salir de la crisis, pero sin atacar de fondo el problema. Advirtió que, de no resolverse crecerá con el tiempo; la verdadera solución, afirmó, está en que el pueblo se organice y exija un plan hídrico integral para el estado.
El acceso al agua ya no se determina por la necesidad de las familias sino por su capacidad económica de pago.
Cariño Méndez señaló que, a pesar de la pésima calidad del servicio, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) sigue cobrando con puntualidad y que el acceso al agua ya no se determina por la necesidad de las familias, sino por su capacidad económica de pago, un reflejo del modelo económico actual que cada vez afecta a los que menos tienen.
Asimismo, puntualizó que el sistema de concesiones implementado en las últimas décadas favoreció el acaparamiento por parte de sectores privados, como empresas inmobiliarias, refresqueras, cerveceras y agroindustrial, que extraen millones de metros cúbicos anuales.
Esta crisis en el AMG ya detonó protestas y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Ante la falta de solución y el creciente descontento social, el gobernador Pablo Lemus Navarro intervino directamente en el Siapa, lo que provocó la remoción de Antonio Juárez Trueba de la Dirección General; en su lugar fue nombrado Ismael Jáuregui Castañeda, quien ha dejado plantado en dos ocasiones al Congreso del Estado.
El mandatario estatal reconoció públicamente la existencia de “muchas omisiones y malas decisiones” en la gestión anterior, enfatizando que el Siapa arrastra un abandono institucional de años que requiere una reingeniería administrativa total.
Sin embargo, para la dirigencia social del Movimiento Antorchista en Jalisco, el problema de fondo es estructural. Cifras del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) evidencian cómo el agua de calidad está concesionada a los sectores con mayor poder económico en el estado:
Doce inmobiliarias controlan 36 mil 735 millones de litros anuales (equivalentes al consumo de 1.6 millones de personas).
Cuatro desarrollos inmobiliarios de lujo extraen 7 mil 860 millones de litros, suficientes para 215 mil habitantes.
Cuatro cerveceras y refresqueras consumen 8 mil 319 millones de litros.
Cuatro empresas de la industria química acaparan 6 mil 877 millones de litros.
Por otro lado, en Jalisco el agua no solamente se concesiona sino que se “regala”; los mismos datos actualizados del Imdec revelan casos como el de Urbi Construcciones del Pacífico Sociedad Anónima de Capital Variable en Tonalá, que extrae 15 mil 600 millones de litros anuales, pero reportó un pago de cero pesos entre 2018 y 2019.
En una situación similar se encuentra Reserva del Bosque Sociedad Anónima de Capital Variable en Guadalajara, consume 3 mil millones de litros al año y sólo pagó mil 991 pesos en el mismo periodo.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los 653 acuíferos del país, al menos 114 se encuentran sobreexplotados. A este déficit subterráneo se suma la vulnerabilidad de las aguas superficiales: de las 757 cuencas hidrológicas, 104 registran números rojos en su disponibilidad media anual.
A nivel nacional, el sector agrícola absorbe el 76 % del volumen destinado a usos consuntivos, gran parte orientada a la agroexportación, seguido por el abastecimiento público con un 14.9 %, y el sector industrial autoabastecido junto con la generación de energía.
Cariño Méndez destacó que el gobierno en turno sí es responsable de problemas como la nula planificación, distribución y el uso del agua que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo; por ello, el líder social concluyó que la solución definitiva no es la contención mediática de la administración de Lemus o el Siapa, sino el cumplimiento estricto del artículo cuarto de la Constitución Política, que garantiza el derecho al agua salubre y asequible, mediante la creación de un Plan Hídrico Estatal Integral.
Dicha propuesta, detalló, debe basarse en cuatro ejes:
Garantizar que el agua se destine prioritariamente a asegurar la vida y el acceso universal de todos los jaliscienses.
Destinar recursos económicos suficientes a la infraestructura de la red hidráulica.
Integrar formalmente a las colonias populares y zonas marginadas en las planificaciones de desarrollo urbano para asegurar redes de drenaje y saneamiento.
Desarrollar proyectos urgentes de control de inundaciones y mejora del drenaje pluvial.
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