Finalmente, gracias a la mediación del Estado, en la persona del secretario de Gobierno, Eric Gudiño, se resolvió momentáneamente el conflicto presentado durante la elección de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, entre diputados de las coaliciones Morena, PVEM y PT, por un lado, y PAN y PRI, por otro, en la sesión del Congreso efectuada el pasado 30 de septiembre.
El Congreso, con 24 votos a favor, aprobó la integración de la nueva Mesa Directiva, encabezada por Georgina Guzmán Álvarez, de la coalición de Morena, que estará en funciones hasta abril de 2026, junto con la ratificación y designación de nuevos titulares en diversas áreas administrativas del Poder Legislativo.
Los intereses de los partidos no deben estar por encima de las necesidades del pueblo, por lo que los queretanos exigimos que el Congreso trabaje con seriedad y coloque en el centro de su agenda el bienestar de la población.
Sin embargo, muy lamentable fue el espectáculo que los legisladores de estos partidos dieron a la sociedad queretana y nacional al priorizar sus intereses personales y de grupo en la trifulca partidista que vimos a través de los medios y redes sociales, por la disputa de la Mesa Directiva y de las comisiones, mientras irresponsablemente decenas de asuntos esperan en su agenda para ser abordados.
Los legisladores confunden la responsabilidad que el electorado les dio —crear o promulgar leyes en favor de la sociedad queretana de manera civilizada, con razonamientos y argumentos—, al protagonizar una trifulca que obligó a suspender la sesión para elegir la nueva Mesa Directiva, responsable de conducir las sesiones y del correcto desarrollo de los debates y acuerdos.
La discusión escaló rápidamente con arrebatos, gritos, mentadas y empujones, al más puro estilo de los políticos federales Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno.
El altercado, según videos difundidos en las redes, inició cuando el diputado del PAN, Enrique Correa Sada, en un descuido del morenista Ulises Gómez de la Rosa, le arrebató los oficios de la elección, y varios legisladores de su partido se abalanzaron para arrinconar al panista.
Correa Sada justificó su acción al acusar a Morena de querer robarse la Mesa Directiva, mientras el diputado panista Guillermo Vega Guerrero aprovechó el descuido para llevarse la urna.
Al final, el aún presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, Luis Gerardo Ángeles Herrera, luego de hacer sonar la alarma de emergencia del edificio, terminó advirtiendo que no se volvería a sesionar hasta que hubiera claridad y las condiciones necesarias para continuar la sesión.
Aunque es hasta cierto punto normal que haya aparentes diferencias ideológicas por representar distintos intereses económicos y políticos, estas escenas no dejan de causar al mismo tiempo un sentimiento conjugado de risa y enojo, pero sobre todo de preocupación, porque el pueblo de Querétaro no merece un Congreso convertido en una arena de lucha libre.
Los diputados fueron electos por la ciudadanía para legislar en favor de los queretanos, no para usar la tribuna como escenario de pleitos que en nada los benefician.
Mientras los diputados —que sin ningún recato les da lo mismo ser hoy de un partido y mañana de otro— pelean por el poder, los asuntos legislativos siguen pendientes y miles de queretanos carecen de empleo digno, seguridad pública, seguridad social y servicios básicos.
Los intereses de los partidos no deben estar por encima de las necesidades del pueblo, por lo que los queretanos exigimos que el Congreso trabaje con seriedad y coloque en el centro de su agenda el bienestar de la población, especialmente de las clases bajas, que son fundamentalmente las que los mantienen.
Según datos recientes, el 16.3 % de la población en Querétaro —aproximadamente 414 mil queretanos— vive en situación de pobreza multidimensional y el 1.1 % en pobreza extrema, donde la carencia más extendida es la falta de seguridad social, que afecta al 37.4 % de la población, seguida de la carencia en servicios de salud (24.1 %) y el rezago educativo (14.5 %).
Además, la pobreza laboral alcanza al 32.6 % de la población estatal, es decir, que casi un tercio de las familias vive con trabajos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica, principalmente en los municipios de Pinal de Amoles, Tolimán, Landa de Matamoros y Amealco, que tienen hasta un 75 % de su población en pobreza. Si su mística es servir, y como dicen en sus campañas políticas, “el poder no es negocio”, ¿por qué se lo disputan?
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