• Las autoridades de Sinaloa priorizan los intereses de la agroindustria y niegan servicios básicos a las comunidades
¿Por qué un funcionario del más alto nivel que juró al asumir el cargo cumplir y hacer cumplir las leyes de este país, no las respeta? ¿Qué hace este gobernante, si no violar la ley, al negar alternativas de solución a la gente que pide que se la ayude a construir un cuarto?
A la población no le alcanza para construirlo con los ingresos familiares y frecuentemente se le niega apoyo. También se le niega drenaje, pavimento o cualquiera otra necesidad de obra, servicio o acción de beneficio colectivo.
Hay varias causas, pero sin duda una de ellas es que ese funcionario no representa a la gente empobrecida. Por mucho que se diga que trabaja por y para el pueblo, los hechos, más tercos que cualquier discurso, lo desmienten.
Por mucho que diga que está encabezando no sé qué número de transformación del territorio en el que manda, no dice que la transformación es para atrás. ¿Cuántos gobernantes de este tipo hay por todo el territorio nacional? No lo sé.
Pero lo cierto es que forman todo un ejército de engañadores del pueblo, de hábiles burladores de las peticiones ciudadanas. Son creativos y cínicos inventores de excusas para ganar tiempo creando falsas esperanzas en los peticionarios.
Son insensibles hombres y mujeres que al final, después de "patear mucho el bote", arrojan respuestas sobre los rostros incrédulos de quienes confiaban en ser ayudados. Expresan: "ya revisamos su petición y no hay recursos", "tal vez el próximo año", o "no me gusta engañar, mejor hablar claro".
Y así utilizan otros eufemismos que quieren decir: arréglatelas como puedas, que aquí no nos importa tu situación. Y el "próximo año" la historia se repite. Encontramos casos como el de tantas comunidades del municipio de El Fuerte.
Entre ellas se encuentran Canutillo, Cahuinahua, La Palma y Las Higueras de los Natoches, entre otras. Tienen décadas esperando la acción de las autoridades de todo color, hoy guindas, para llevarles agua potable a sus hogares.
La gente espera que esta sea suficiente y de calidad, que no apeste, que no esté turbia ni lodosa. Piden que no se ponga verde ni les saque ronchas cuando la usen en sus actividades.
Como nunca hay recursos cuando de necesidades del pueblo se trata, el agua sigue sucia cuando llega. Pero esto no debiera extrañarnos. Las autoridades de El Fuerte, Sinaloa y de México no están para darle agua a la gente.
Están para defender el interés de la agroindustria, mientras decenas de miles de fortenses no tienen agua en el hogar. De acuerdo con el Coneval, 24 mil 262 personas no tienen agua potable en este municipio.
Hay tres enormes presas, dos de ellas de las más grandes del estado, donde se almacenan miles de millones de metros cúbicos de agua cada año. Sin embargo, esta sólo se usa para regar los cultivos propiedad de grandes empresarios.
Durante el último ciclo productivo se sembraron unas 110 mil hectáreas de maíz blanco, frijol y papa, entre otros. Estas extensiones de tierra fueron regadas con las presas del río Fuerte.
La gente espera que el agua sea suficiente y de calidad, que no apeste, que no esté turbia ni lodosa; que no se ponga verde ni les saque ronchas cuando la usen en sus actividades.
Se privilegian los intereses de los grandes empresarios y no los de las mayorías. Pero esto no es un accidente, es que en el capitalismo esto es ley: la vida y la salud de los trabajadores es la que menos importa.
Para este sistema económico basta con que el trabajador tenga la fuerza suficiente para ir cada día en la madrugada al surco. Basta con que pueda volver poniéndose el sol a su casa; no importa entonces que los jornaleros no tengan agua.
Tampoco importa que no tengan agua de calidad en sus viviendas. Si por los grandes negociantes de la producción de alimentos fuera, el pueblo podría pasar siglos bebiendo y usando agua envenenada.
Y esto aplica también para los gobernantes, servidores de los grandes capitales. Mucho tiempo pueden seguir engañando a la gente para no darle soluciones, así esta padezca cáncer y mil enfermedades más a causa del agua con pesticidas.
Por eso los habitantes de El Fuerte deben empezar a preguntarse si quieren vivir todo el tiempo así: entre ríos, ahogándose de sed. Pero si no quieren vivir más tiempo así, deben levantarse y exigir lo que les pertenece.
La tierra y el agua que hay en ella es suya, levántense y exíjanla, como permiten las leyes de nuestro país. Una de las medidas que empezaría a resolver el problema del uso empresarial desmedido del agua es el involucramiento del pueblo en la toma de decisiones.
Como dice Sandra Guido, presidenta de la asociación civil Conselva: "Necesitamos una ciudadanía más participativa y que se instalen los comités; comités de administración del agua subterránea para que se puedan tomar decisiones consensuadas y con mucha certeza técnica para que no haya acaparamiento".
La presidenta añadió sobre este importante tema hídrico: "Para mí es lo más neutral". Así, garantizando que el peso mayoritario de las decisiones sea el de las mayorías, no se cargaría todo a favor del negocio.
Con esta participación social, también se tomaría en cuenta el criterio humanista. Los gobernantes actuales están sirviendo, aunque otra cosa nos digan, a los grandes intereses capitalistas.
Por eso el pueblo debe organizarse, conocer su realidad, definir un plan de acción y lanzarse a realizarlo. Al hacer esto debe llevar clara la idea de que ya es hora de dejar de poner en el gobierno a intermediarios.
Se trata de personas que, con el señuelo de servirle a él, sirven a los grandes ricos. El pueblo debe ejercer el poder directamente, con un partido propio. Pero antes, hay que formar ese partido.
Para ello, mucho ayudará salir a la calle y que el pueblo vea dónde se siente representado para organizarse. Así podrán tomar el poder, cambiar el país y sacudirse tantas injusticias como las que vemos hoy.
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