La trágica situación que aqueja a Hidalgo es más que un desastre natural; los miles de damnificados y sus familias no sólo sufren sus pérdidas personales sino la indiferencia del gobierno morenista en turno.
Las cifras oficiales hablan de al menos dieciséis personas fallecidas (otros medios hablan de 22), mil viviendas dañadas y 90 comunidades afectadas en diecisiete municipios, incomunicadas y/o aisladas (aunque las mismas cifras declaran bloqueos parciales o completos en veinticuatro municipios).
Mientras se recortan recursos a la protección civil, se destinan millones a publicidad oficial y proyectos faraónicos de dudosa utilidad popular.
Entre los muertos se cuentan ocho habitantes de Zacualtipán, donde los propios vecinos, ante la ausencia estatal, tuvieron que realizar la dolorosa tarea de recuperar el cuerpo de una mujer sepultada por un alud de tierra.
Mientras familias enteras lo perdieron todo, el gobierno federal y estatal respondieron con la parsimonia característica de una clase política desconectada de las urgencias populares: limitarse al recuento de daños; en Hidalgo, a lo más, vimos en redes, hasta el momento, una visita protocolaria a un solo municipio afectado, Tianguistengo.
Los distintos niveles de gobierno han demostrado su incapacidad para responder con la celeridad que exige una emergencia de esta magnitud.
Mientras comunidades enteras permanecen aisladas, sin energía eléctrica ni formas de comunicación, la ayuda gubernamental tarda en llegar, dejando a miles de personas en la más absoluta vulnerabilidad.
El anuncio de 500 millones de pesos para rehabilitación parece más un gesto mediático que un plan concreto de acción, especialmente cuando las necesidades son inmediatas y el gobierno no ha sido capaz siquiera de establecer corredores humanitarios estables.
Así, mientras el gobierno estatal se limita a enumerar daños —308 escuelas afectadas, 59 hospitales y clínicas dañadas, 87 derrumbes activos—, el pueblo se organiza para suplir la ausencia estatal, como ocurrió con los vecinos de Zacualtipán que rescataron el cuerpo de una víctima sin ayuda oficial; como los centros de acopio que se están habilitando por la población civil; como la protesta de antorchistas que, frente a Palacio de Gobierno, demandaron que se manden brigadas de rescate, se apoye a las familias que perdieron a sus seres queridos (entre las pérdidas se cuentan dos niños), el restablecimiento de comunicaciones, así como víveres para las familias que no pueden salir de sus hogares en busca de alimentos y medicamentos y, más importante aún, un proyecto de reconstrucción que abarque los hogares afectados, mil, de acuerdo con las cifras oficiales.
En municipios como Zacualtipán, Huehuetla y Tianguistengo, la situación es particularmente dramática: hogares perdidos, carreteras destruidas, derrumbes generalizados y la falta de energía eléctrica.
La angustia de las familias y los damnificados se resume en la declaración de una vecina de San Bartolo Tutotepec: “No sé nada de mi familia, no sé cómo están en la comunidad, están cerradas las carreteras.
Lamentablemente, todos sabemos, que nuestras comunidades están muy marginadas, las condiciones son feas y ahora se van a agravar: los alimentos no llegarán y se va a encarecer el maíz, los servicios médicos no llegan a nuestras comunidades y ahora ni van a poder salir los enfermos y heridos”.
La falta de apoyo gubernamental, en la magnitud que requieren las circunstancias, brilla por su ausencia en el manejo morenista de la actual emergencia en Hidalgo, como en otros estados afectados como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro; prácticamente todo el país (31 estados).
La respuesta oficial federal también ha sido lenta, consecuencia directa de una política deliberada de desmantelar los instrumentos estatales que aportaban a la protección de la ciudadanía.
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha dejado a los estados y municipios mexicanos en la orfandad financiera ante este tipo de catástrofes.
El gobierno morenista federal, en su obsesión por los programas de transferencias directas, ha privilegiado el asistencialismo mediático sobre la inversión en infraestructura de prevención y protección.
El resultado está a la vista: cuando ocurre una tragedia, no existen los mecanismos financieros ni logísticos para una respuesta inmediata y contundente.
El discurso oficial justifica este desmantelamiento argumentando que se privilegia la “economía popular” sobre la “obra monumental”. Sin embargo, en la práctica esto se traduce en el abandono de la infraestructura crítica que protege a las comunidades más vulnerables.
No se trata de una u otra opción; es una cuestión de prioridades de un gobierno que parece más interesado en cultivar clientelas electorales que en garantizar condiciones básicas de seguridad para su población.
Mientras se recortan recursos a la protección civil, se destinan millones a publicidad oficial y proyectos faraónicos de dudosa utilidad popular.
La experiencia en desastres anteriores, como las inundaciones en Tula, la explosión de Tlahuelilpan, los terremotos de 2017 y muchas tragedias más, nos permite predecir el patrón que seguirá la reconstrucción en Hidalgo: el gobierno priorizará el restablecimiento de las vías de comunicación que conectan corredores económicos y empresas, mientras las familias damnificadas recibirán, en el mejor de los casos, apoyos simbólicos insuficientes para reconstruir sus hogares; miles de familias perderán no sólo sus viviendas, sino todos sus enseres domésticos y patrimoniales: electrodomésticos, muebles, herramientas de trabajo, ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificio.
Después del espectáculo mediático de las despensas, cada familia deberá arreglárselas por sí misma para reconstruir lo destruido.
Una vez más, la tragedia en Hidalgo ha desnudado la verdadera naturaleza de un gobierno morenista que, pese a su retórica popular de “primero el pueblo”, responde a los intereses de la clase dominante y deja en el abandono a las familias trabajadoras.
Mientras las comunidades más humildes del estado luchan por su supervivencia, el poder estatal se muestra lento, ineficiente y más preocupado por el control de daños políticos, con conferencias de prensa y anuncios mediáticos, que por el bienestar concreto de los damnificados.
Frente a esta realidad, la solidaridad del pueblo emerge como la verdadera red de protección para los sectores populares. La lección es clara: no podemos confiar en un gobierno que prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre las necesidades vitales de las mayorías.
Los damnificados de hoy y todos los mexicanos no debemos olvidar el abandono gubernamental. La memoria de esta indolencia debe germinar en la conciencia colectiva hasta convertirse en la fuerza que construya un México donde el Estado sirva realmente al pueblo, un verdadero gobierno del pueblo.
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