La educación en México es sumamente deficiente, pero, sobre todo, es sumamente injusta. El artículo tercero constitucional dice que la educación debe impartirse y garantizarse de forma universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, desde la educación inicial hasta la superior, e incluye la obligatoriedad (es decir, que el Estado debe garantizar que llegue a todos) de la educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) y la media superior, es decir, hasta el bachillerato; el principal defecto de la educación en México es que, en los hechos, NO es para todos, sino que segrega de facto a los más pobres.
Las casas del estudiante o albergues estudiantiles dan a jóvenes humildes techo, alimentación y condiciones para que puedan continuar hasta concluir su educación.
La ley dice que no debería ser así, pero la ley se incumple, y no es por falta de recursos, pues México es la economía número doce del mundo, sino por la mala administración, por los malos gobernantes que ha tenido el país. Este desigual acceso a la educación se ha incrementado con la mal llamada 4T. No lo digo yo, sino las estadísticas:
Entre 2018 y 2024, se agravaron las carencias educativas, disminuyó la cobertura de la educación primaria y secundaria; la tasa neta de matriculación en primaria bajó de 98.7 % en 2018 a 95.8 % en 2023, y en secundaria, de 97.5 % a 93.5 %.
Aumentó la deserción escolar, especialmente en media superior. Para la conclusión del ciclo escolar 2024-2025 se proyecta un abandono de casi un millón de estudiantes, un aumento de 20 % respecto al año anterior. Las causas principales: más de un tercio de los jóvenes entre quince y diecisiete años abandonan la escuela para trabajar.
Los recursos destinados a educación disminuyen deliberadamente, como una acción planeada por parte del gobierno, con la complicidad de los diputados de Morena.
El Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, el PEF 2026, que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, y que seguramente será aprobado por los diputados sin moverle una coma, estima que el presupuesto educativo total alcanzará un monto de mil 179 billones de pesos.
Como porcentaje del PIB será de 2.89 %, el nivel más bajo de los últimos siete años. Así, la presidenta le da continuidad al estancamiento en la inversión educativa registrado en la última década.
De acuerdo con el “Panorama de la Educación 2025”, presentado por la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar de inversión nacional por estudiante entre los países miembros de la OCDE.
En el Proyecto PEF 2026, el único programa del sector educativo que registra incremento es el programa de becas Rita Cetina. Dicho incremento se realizará a costa de aplicar recortes a la mayoría de programas del sector:
El presupuesto para educación superior será 4.7 % menor al de 2025. Así, en el periodo 2019-2026, el presupuesto federal para educación superior acumulará una dramática reducción de 32 % en términos reales. Habrá reducciones para la totalidad de universidades públicas.
Los mayores ajustes afectarán a las universidades públicas estatales (-8.2 %); el Tecnológico Nacional de México (-5 %) y el Instituto Politécnico Nacional (-3 %).
Agreguemos que el 97 % de las escuelas de educación básica presentan alguna carencia en infraestructura, ¡sólo 3 % no tienen ninguna carencia!
Además, el restringido acceso a tecnología, libros y materiales educativos limita las oportunidades de aprendizaje y genera desigualdad para quienes sí logran inscribirse en alguna escuela, y miles de niños y jóvenes, especialmente de grupos vulnerables, familias pobres, de zonas indígenas o rurales, siguen excluidos del sistema educativo.
La principal injusticia radica no en la carencia de instalaciones en las escuelas, sino en que no hay escuelas. Carecen de escuelas, sobre todo, las rancherías y colonias marginadas; algunas no tienen ni siquiera primaria, mucho menos preparatorias, ni qué decir de universidades. ¿Quiénes son los que no tienen acceso a las escuelas? Los más pobres.
Las carencias sociales, además, se duplican para los más pobres, pues la falta de acceso a la educación provoca la falta de acceso a seguridad social para los jóvenes que no están matriculados en la escuela.
Los mexicanos debemos entender que esto se puede cambiar, que la desigualdad en la educación es fruto de las malas acciones de nuestros gobernantes, que el acceso a las garantías sociales lo establece nuestra Carta Magna como una obligación constitucional para ellos, pero que nuestros gobernantes nos escamotean ese derecho como un acto de injusticia, y que esto sucede porque nosotros, el pueblo de México, se los permitimos.
Deberíamos exigir que las escuelas públicas lleguen hasta el último rincón del país. Eso es posible, y es urgente, y se debe empezar ya, pues no va a ser ni rápido ni fácil. Y precisamente por esto último, mientras eso sucede, una salida inmediata y que ya ha ayudado desde hace muchos años a miles de jóvenes para que puedan estudiar, a pesar de lo marginado de sus localidades y la pobreza de sus familias, son las casas de estudiantes.
Las casas de estudiantes o albergues estudiantiles dan a los estudiantes humildes techo, alimentación y condiciones de estudio para que puedan continuar hasta concluir su educación. Son fruto del esfuerzo colectivo y han funcionado y avanzado a pesar de y hasta en contra de la disposición de los funcionarios de educación y del gobierno en general, claro, con sus honorables excepciones.
Son, pues, un mecanismo de justicia social y son fruto no de las políticas gubernamentales o de la caridad de nadie, sino el fruto de la lucha de los más humildes en su lucha eterna por tener mejores condiciones de vida y justicia social.
Todo esto nos da el marco para analizar lo que sucede en Oaxaca, el tercer estado más pobre del país. Los presidentes municipales morenistas de Oaxaca y de Miahuatlán de Porfirio Díaz no sólo niegan el derecho a la educación, sino que mandan a golpear a los estudiantes y les han despojado de sus casas, que con tanto esfuerzo han levantado.
Destaca el caso del soberbio César Figueroa Jiménez, alcalde en Miahuatlán, quien les robó a los estudiantes 35 millones de pesos que lograron para las instalaciones de su albergue y que, cuando los estudiantes, en vez de callarse y agachar la cabeza, le reclamaron y exigieron que los devolviera, les envió policías y golpeadores a sueldo para desalojarlos de su casa. Les despojó primero de los recursos para la construcción, y ahora les quita su casa completa.
A la soberbia e ilegalidad de César Figueroa se suma la del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también morenista, quien les cerró las puertas de su palacio a los estudiantes, se niega a intervenir y hacer que les devuelvan sus instalaciones y se les construya su albergue, defendiendo, de este modo, al criminal presidente municipal de Miahuatlán.
Lamentablemente, habrá que sumarle la inexplicable complicidad, o complacencia, de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, quien recibió a los estudiantes en su mañanera en la Ciudad de México con los granaderos, quienes, a punta de macanazos y patadas, los reprimieron y les negaron el derecho de libre manifestación.
Todo esto es prueba, otra vez, de lo que ya nos ha dicho nuestra organización y nuestro dirigente nacional, el maestro Aquiles Córdova Morán: la solución es la lucha de los estudiantes unidos y organizados y apoyados por sus padres y por todo el pueblo trabajador.
En eso estamos ya todos los antorchistas del país y no descansaremos hasta lograr que se devuelvan y respeten las casas de estudiantes en Oaxaca y se castigue a todos los culpables de estas injusticias y abusos.
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