MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

ASÍ PENSAMOS... | Agravios del gobierno al pueblo, mientras arrecia la tormenta social

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Resulta asombrosa, por decir lo menos, la incapacidad de varios gobernantes de Morena para comportarse a la altura de la grave situación nacional y mundial, que provoca que miles de millones de personas, entre ellas millones de mexicanos, padezcan pobreza, marginación e inseguridad, a lo que se han sumado los ataques armados de ejércitos imperialistas en su territorio, con su secuela de muertes, lesiones, ocupación y destrucción que marcan indeleblemente a generaciones enteras, como hemos visto recientemente en Palestina, Venezuela e Irán y amenaza con ocurrir en Cuba y México.

En vez de darse cuenta de la gravedad de la situación y tratar de modificar radicalmente el trato que dan a sus gobernados, comprender sus grandes y dolorosos problemas, encontrar soluciones a los mismos y unir a los mexicanos ante las amenazas externas del imperialismo, muchos funcionarios municipales, estatales y federales se comportan maniobreros e incluso déspotas y agresivos contra quienes protestan y reclaman una vida mejor en sus pueblos y colonias. Los gobernantes y sus asesores recurren al arsenal de viejas mañas mareadoras o abiertamente intimidatorias, en las que muchos de ellos son diestros al ser integrantes o herederos de la vieja clase política que se halla ahora compartiendo las riendas del carro de Morena con otros personajes provenientes de la llamada izquierda mexicana. Doy algunos ejemplos recientes de esta conducta gubernamental que, bien vista, parece suicida ante las grandes amenazas externas que enfrenta nuestra patria y han venido a sumarse a los terribles problemas de pobreza, marginación y violencia que sufrimos en México.

I. En Chimalhuacán, Estado de México, el 14 de mayo, fue detenido el dirigente municipal antorchista Antonio Zacarías. Se lo llevaron preso los policías municipales por el gran “delito” de estar sosteniendo con las manos unas mantas a un costado de los puentes peatonales de ese municipio, mantas en las que estaban escritas elementales y respetuosas peticiones como dotación urgente de agua y combate a la inseguridad, dirigidas a la presidenta municipal morenista Xóchitl Flores Jiménez. Tras enérgicas movilizaciones locales y el reclamo de miles de mexicanos en las redes sociales, Zacarías fue liberado sin cargo alguno.

El torpe y mendaz comunicado oficial del municipio, emitido después de que el Juez ordenó la liberación del acusado, busca hacer a las víctimas responsables de la agresión que sufrieron; habla de “provocación” y de “campaña de desprestigio” y recurre a la muy sobada coartada, utilizada por torvos gobiernos represores y derechistas pero ahora usada sin rubor por los morenistas: si alguien protesta, es acusado de “resistencia a la autoridad”  y “alteración del orden público”; si hay estudiantes apoyando el movimiento que exige agua, seguridad y otras demandas, para el gobierno morenista de Chimalhuacán son muchachos “manipulados y amenazados”.

De la falta de agua que padecen cientos de miles, de la inseguridad galopante, sangrienta y cotidiana, del desmantelamiento de los servicios de salud que estaban a cargo del municipio, del deterioro de los espacios culturales y deportivos y de los miles de baches que abundan por todas las calles, la autoridad municipal no dice absolutamente nada ni se compromete a nada para resolverlos. Días antes, el 16 de abril, una numerosa comisión de vecinos de diversos municipios del Estado de México, encabezados por la dirigencia estatal de Antorcha, había solicitado audiencia con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para exponerle la necesidad de que los recibiera y entre ambas partes encontrar alternativas para resolver las carencias de todo tipo que sufren en donde viven miles de mexiquenses, incluidos muchos chimalhuacanos.

Desde entonces, aparte de interminables “mesas de trabajo” con funcionarios que sólo “dan manejo” y no se comprometen a resolver los problemas, la única respuesta que han recibido es la detención de Antonio Zacarías. Si hay movilizaciones u otras acciones de protesta, ya sabemos quiénes serán los responsables.

II. En Xalapa, Veracruz, el 13 de mayo, decenas de antorchistas veracruzanos se dirigen al Palacio de Gobierno, buscan que se les conceda una entrevista con Rocío Nahle, la gobernadora emanada de las filas de Morena, porque pasan los años y los problemas se agravan. Piden, por ejemplo, reconstrucción de tramos carreteros que están destruidos tanto en el norte, como en el centro y el sur de la entidad; regularización de colonias asentadas en predios adquiridos por el gobierno; centros de salud en comunidades indígenas; infraestructura educativa como domos, canchas, aulas y centros de cómputo, agua potable, drenaje y pavimentación de calles; caminos saca cosechas, claves escolares para escuelas que ya funcionan.

No hubo sorpresas: una vez más fueron ignoradas las peticiones que los gobernantes ofrecieron resolver cuando pedían el voto a esas personas a las que ahora les cierran las puertas. Nadie cercano a la gobernadora les abrió las puertas, nadie los escuchó y mucho menos les resolvió. No hay que extrañarse, entonces, de que arrecien las protestas e incluso, como advirtieron los manifestantes, lleguen al Zócalo de la Ciudad de México en busca de oídos receptivos en la Presidencia de la República. 

III. En Ocozocuautla, Chiapas, el 29 de abril, fue detenido Raúl Orión, integrante de la dirección regional del Movimiento Antorchista. Algún grupo de poder fáctico tuvo suficiente influencia en el aparato judicial de ese estado para fabricarle una acusación y un expediente judicial donde se le acusó de robo calificado y llevarlo a la cárcel sin que se hubiera demostrado la existencia de la parte acusadora y los testigos, sin que exista el lugar ni la calle donde presuntamente se cometió el delito, entre otras decenas de irregularidades detectadas por los abogados defensores que, junto a las protestas desatadas en las redes sociales y en la Secretaría de Gobernación federal lograron la liberación del luchador social al que buscaban amedrentar y con ello debilitar a su organización.

No son estos los únicos casos de cerrazón gubernamental o de intentos de represión pero permiten ilustrar la idea de este artículo: los tiempos actuales requieren la unidad de la mayoría de los mexicanos ante las amenazas y peligros de un imperialismo que busca territorios, recursos y mercados. Son tiempos de mucha presión para México y su gobierno, al que quieren doblegar incondicionalmente con los intereses de Estados Unidos y para lograrlo no paran en amenazas y guerras mediáticas. Los antorchistas sabemos eso, no apoyamos una intromisión extranjera en suelo mexicano y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para contribuir a mantener la unidad nacional.

Pero lo que no podemos hacer es pedir que la gente renuncie a resolver organizadamente sus problemas de falta de agua, de vivienda, de caminos, de electrificaciones, de salarios dignos y todo lo que le hace falta como consecuencia de que vivimos en el capitalismo empobrecedor de la mayoría de la población. Tampoco podemos renunciar a nuestra legítima defensa cuando se nos calumnie o se encarcele a nuestros compañeros con cargos fabricados y abusando de las instancias judiciales o políticas. Unidad nacional, sí. Maniobras gubernamentales o represión, no. Que conste.


 

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