Lo que durante años se advirtió hoy es una dolorosa realidad: el sistema de salud pública en México atraviesa una de sus peores crisis históricas bajo los gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La llamada “Cuarta Transformación”, que prometía bienestar y justicia social, ha condenado a millones de mexicanos principalmente a los más pobres a enfrentar enfermedades sin medicamentos, sin atención oportuna y sin esperanza.
Desde la desaparición del Seguro Popular por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el deterioro del sistema de salud ha sido progresivo y devastador. La improvisación institucional, el fracaso del Insabi y la sobrecarga del IMSS-Bienestar dejaron hospitales sin recursos, médicos sin herramientas y pacientes abandonados.
Antorcha ha sido de las pocas organizaciones que ha señalado con firmeza esta debacle desde el inicio, denunciando no solo la falta de planeación, sino también la indiferencia gubernamental frente al sufrimiento humano. Durante la pandemia de Covid-19 quedó al descubierto la fragilidad del sistema y la incapacidad del gobierno para garantizar atención digna.
Mientras el discurso oficial presume cifras optimistas, la realidad cotidiana desmiente cualquier narrativa triunfalista. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que existe un 90 % de abasto de medicamentos, afirmación que ha sido desmentida por especialistas y organizaciones civiles. La asociación Nariz Roja, por ejemplo, evidenció que dicho porcentaje no se refleja en los hospitales del país, donde pacientes oncológicos continúan suspendiendo tratamientos por falta de fármacos.
Diversos estudios y denuncias periodísticas, como los de la comunicadora Citlali A. Ramírez Vázquez, han documentado la grave crisis que enfrentan los Institutos Nacionales de Salud. Instituciones de alto prestigio como el Instituto Nacional de Cancerología, el de Nutrición, el de Cardiología, el de Pediatría y muchos más, hoy operan con recortes presupuestales, carencia de insumos y personal insuficiente.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) confirmó que para 2025 se aplicaron recortes millonarios a hospitales clave, como el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Cómo puede hablarse de prioridad a la salud cuando se reducen los recursos a quienes salvan vidas todos los días?
A esto se suma un problema aún más delicado: el nepotismo y la falta de perfiles profesionales en puestos directivos. Denuncias de ex trabajadores revelan que muchos cargos estratégicos están ocupados por personas sin preparación médica ni administrativa, lo que agrava la mala gestión institucional y perjudica directamente a los pacientes.
Las protestas de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y familiares de pacientes se han vuelto constantes en todo el país. Pancartas que dicen “No hay con qué trabajar” o “Los pacientes son la prioridad” reflejan la desesperación de quienes sostienen el sistema pese al abandono gubernamental.
La tragedia no es menor: hablamos de vidas humanas. Hablamos de niños sin tratamientos, adultos mayores sin medicamentos, enfermos crónicos esperando citas que nunca llegan. El abandono al sector salud no es solo una falla administrativa: es una violación a los derechos humanos.
Mientras tanto, legisladores morenistas aprueban presupuestos recortados sin considerar el impacto real en la población. Y organizaciones sindicales como el SNTSS, que deberían defender la salud pública y a sus trabajadores, guardan silencio cómplice.
México merece un sistema de salud digno, eficiente y humano. La salud no puede seguir siendo rehén de la improvisación política ni de la propaganda gubernamental. Callar ante esta realidad sería aceptar como normal lo que en realidad es una tragedia nacional.
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