Mientras el gobernador presume avances, la gente que llega a los centros de salud públicos encuentra filas interminables
Mérida, Yuc. La crisis del sistema de salud en Yucatán no es una percepción; es una realidad que cada vez se agrava y que entierra los derechos básicos de la población trabajadora, así lo denunció Edna Hernández, vocera del Movimiento Antorchista en Yucatán.
Hernández afirmó que, a pesar de las promesas oficiales, los servicios de salud pública no alcanzan a cubrir las necesidades de la población.
Según estadísticas recientes, Yucatán apenas cuenta con alrededor de 3.56 médicos y enfermeras por cada mil habitantes, una cifra que, aunque es mejor que en algunas entidades del país, refleja un nivel de atención insuficiente en la práctica y con un acceso efectivo estimado en apenas 35 % de la población.
La vocera del Movimiento Antorchista en Yucatán subrayó que estos números son una advertencia del abandono estructural que sufren los servicios sanitarios:
“Mientras el gobernador presume avances, la gente que llega a los centros de salud públicos encuentra filas interminables, medicamentos que no están, consultas que se posponen y tratamientos que se deben pagar por fuera. Eso no es salud para el pueblo”.
El estado también enfrenta deficiencias en infraestructura. Aunque algunos municipios tienen unidades médicas y hospitales privados con camas disponibles, el promedio estatal de camas hospitalarias alcanza cifras que siguen por debajo de los estándares internacionales, especialmente en el sector público.
Estudios previos indican que Yucatán tiene entre siete y ocho camas por cada diez mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos dieciocho camas por cada diez mil para garantizar atención digna.
Además, datos oficiales señalan que la población sin acceso a servicios de salud pública aumentó de 12.8 a 17.9 % entre 2015 y 2020, lo que significa que casi uno de cada cinco yucatecos carece de atención pública garantizada, una tendencia que se acentuó con la eliminación del Seguro Popular y la transición al sistema Insabi.
“Esto no puede seguir así. La salud no debe depender de si tienes dinero o seguro privado. No puede ser que quienes más trabajan y menos ganan sean los que menos atención reciben”, insistió Hernández.
Ante esta situación, la vocera exigió medidas urgentes: aumento real del presupuesto para salud pública, contratación masiva de personal médico y de enfermería, abasto constante de medicamentos, ampliación de camas hospitalarias y rehabilitación de centros de salud en zonas rurales y urbanas marginadas.
“Sin estos cambios, pero sobre todo si no se cambia el modelo económico, la crisis no sólo continuará, sino que seguirá cobrando vidas y condenando al pueblo trabajador a la marginación sanitaria”, concluyó.
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