“Sr. Gobernador. Tenía 85 años viviendo en mi casa, comunidad de La Vainilla, Tepuche. Hoy a causa de la violencia soy desplazada y no tengo en donde vivir”. Se leía en una cartulina que sostenía la señora Nicanor Castro Ramírez, víctima desplazada por la violencia en una concentración frente al Palacio de gobierno del estado de Sinaloa, para solicitar apoyo al gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, sin embargo, sus palabras como las de miles de familias, desembocaron en el vacío, pues mientras escribo estas líneas
Desplazamiento y a la miseria
El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) es un fenómeno específico de migración que si bien es cierto existen varios motivos, el ocasionado por la violencia se manifiesta de manera más aguda, pues según el principal informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2024: Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, a finales de 2024 han sido desplazadas 73.5 millones de personas dentro de sus propios países.
“La incapacidad de la comunidad internacional para resolver conflictos o prevenir nuevos está llevando al desplazamiento y a la miseria. Debemos mirar hacia adentro, trabajar juntos para poner fin a los conflictos y permitir que los refugiados y otras personas desplazadas regresen a sus hogares o rehagan sus vidas”, declaró a modo de reproche a finales del 2023, el Alto Comisionado Filippo Grandi, pues el devastador conflicto en Sudán de finales de ese año aumentó un total de 10,8 millones de personas desplazadas, asimismo, alrededor de 1,7 millones de personas en la Franja de Gaza (el 75 por ciento de la población) fueron obligadas a desplazarse debido a catastróficos niveles de violencia, en su mayoría refugiados palestinos.
En México el DFI comienza a presentarse de forma más visible en los 70s, pero se ha agudizado en los últimos años que es, a decir de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cuando el Estado mexicano reconoce su existencia a través la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, el 9 de julio de 2015, en el marco de la conferencia de prensa para presentar los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Por solicitud de las autoridades mexicanas, ACNUR ha trabajado desde 2019 en nuestro país.
Según el Informe anual “Travesías Forzadas. Desplazamiento Interno en México 2024”, publicado por la Universidad Iberoamericana, “la estimación de la magnitud del desplazamiento interno es crucial para visibilizar la problemática… pero México aún no cuenta con cifras oficiales sobre el fenómeno, solamente con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)”, que estimó que más de 320,000 hogares cambiaron de residencia tan sólo en 2023 como una medida para protegerse del crimen, lo que representa un aumento de más de 40 por ciento en comparación con el promedio anual de años anteriores.
El informe de la IBERO resalta además que “en el 2024 se registró un incremento significativo respecto a 2023: de 12,623 a 28,900 personas desplazadas, lo que representa un aumento del 129 %”, cuyos estados que concentraron el mayor número de personas desplazadas a nivel nacional fueron Chiapas (61.8%), Sinaloa (15.5%), Michoacán (5.4%), Chihuahua (5.4%) y Guerrero (4.8%).
Lamentablemente a pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas y tampoco se cuenta con una ley en la materia, pues desde el 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República. Sólo cinco estados de la República cuentan con leyes específicas sobre desplazamiento interno: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y, más recientemente, Oaxaca.
“Hay más desplazados que los que apuntan las cifras oficiales”
En Sinaloa, fue en el sexenio de Quirino Ordaz Coppel que el Congreso del Estado publicó la “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno DFI en Sinaloa”, el 21 de agosto de 2020, donde se especifica que “son desplazados internos las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar situaciones de violencia”. Para ese entonces el Congreso del Estado autorizó un presupuesto de 40 millones enfocado a vivienda.
En la actual administración del morenista Rubén Rocha Moya, este problema ha quedado en manos de la súper Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), cuya titular recién sustituida por escándalos de corrupción, María Inés Pérez Corral, viajó hasta Italia para hablar del “ejemplar manejo” del gobierno estatal ante dicha situación; se formó una Mesa Intersecretarial para la Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, la cual anunció el año pasado la apertura de la convocatoria para proyectos productivos 2024, buscando darle la facilidad a las familias de emprender negocios, con el fin de fomentar la autosuficiencia alimentaria, pero nada de eso ha sido suficiente para detener dicho fenómeno.
A pesar de estos esfuerzos el DFI no se detiene. Según N+ “Desde el 9 de septiembre de 2024 Sinaloa enfrenta una crisis de inseguridad que ha dejado mil 658 homicidios dolosos, mil 697 personas privadas de la libertad, 5 mil 924 vehículos robados, mil 182 personas detenidas y 97 personas abatidas. Entre los homicidios, el 50 % de las víctimas eran menores de edad. Para abril de 2025, las familias desplazadas eran mil 174, y en dos meses se han elevado a más de mil 250 familias”.
En las últimas semanas el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, señaló que “hay más desplazados que los que apuntan las cifras oficiales”. A esta voz se sumó la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, quien denunció la omisión del Gobierno del Estado ante las condiciones de abandono en que viven las familias desplazadas donde persisten deficiencias en servicios básicos y falta de atención institucional.
Antorcha exige una vivienda digna
Por todo lo anterior, el Movimiento Antorchista de Sinaloa, ha manifestado que no es con apoyos asistenciales como se resuelve esta grave problemática, que además de garantizar la seguridad a la población para que pueda volver a sus hogares de origen (si es el caso), se tiene que tener un plan con miras a brindarle una vivienda digna, empleo y salarios bien remunerados, pues son miles las familias ya asentadas en Culiacán, por ejemplo.
Para ello es necesario mirar más allá del fenómeno, conocer las causas esenciales de lo que lo provoca, la ciudadanía no debe perder de vista que ni los organismos internacionales como la ONU ni las dependencias gubernamentales como SEBIDES, pueden resolver de fondo esta grave situación en que se encuentra sumergido el pueblo mexicano y sinaloense, precisamente porque no está en sus funciones erradicarlo, sino canalizarlo atendiendo las consecuencias de manera insuficiente en el mejor de los casos.
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