• La desigualdad urbana agudiza la crisis inmobiliaria y exige opciones accesibles que frenen futuros desalojos sociales, señala Aleida Ramírez
En Mérida, como en muchas ciudades, el suelo urbano puede transformarse con rapidez cuando hay un proyecto inmobiliario de por medio. Cambios de uso de suelo, permisos, gestoría, todo eso se mueve con capital y con contactos.
En cambio, una familia trabajadora se enfrenta a precios crecientes, créditos que no cuadran con sus ingresos y procesos largos de regularización.
En ese sentido, Aleida Ramírez Huerta, líder de Antorcha en Yucatán subrayó en entrevista que no es un problema individual, sino estructural. Es decir, el modelo actual prioriza la rentabilidad por encima del derecho a la vivienda.
Y mientras eso siga así, el conflicto social tiende a agudizarse. Porque no se trata solamente de una obra o de un desalojo, sino de qué tipo de ciudad se está construyendo y para quién.
¿Qué lectura hace Antorcha de lo ocurrido en pasados días en San José Tecoh?
Creo que no debemos quedarnos solamente con la discusión de si la ocupación de un terreno es legal o ilegal.
Por supuesto que debe respetarse la propiedad pública y privada, pero también debemos preguntarnos por qué una familia llega al extremo de instalarse en un terreno sin agua, sin electricidad, sin calles pavimentadas y sabiendo que existe la posibilidad de ser desalojada.
Eso nos habla de una necesidad que existe y que no está siendo atendida suficientemente: la necesidad de vivienda accesible para las familias trabajadoras.
¿Entonces considera que las llamadas "invasiones" son consecuencia de la pobreza?
Son un síntoma de un problema mucho más profundo. No podemos justificar una ocupación irregular, pero tampoco podemos ignorar las condiciones que están detrás de ella.
Tenemos familias con bajos salarios, trabajadores informales, personas que durante años pagan renta y nunca logran formar un patrimonio. Al mismo tiempo, el suelo urbano aumenta de precio y los créditos para adquirir una vivienda establecen condiciones que muchos trabajadores no pueden cumplir.
El propio diagnóstico municipal reconoce que existen zonas del sur de Mérida con problemas de vivienda, servicios e infraestructura. El Instituto Municipal de Planeación (Implan) señaló, además, que la ciudad enfrenta retos relacionados con la asequibilidad y el acceso a la vivienda.
¿Existe una desigualdad en el acceso al suelo urbano?
Es una pregunta que debemos hacernos seriamente. Para quien tiene capital, el suelo representa una inversión y existen mecanismos institucionales para desarrollar proyectos inmobiliarios.
Para una familia trabajadora, conseguir legalmente un terreno puede representar años de esfuerzo.
No estamos diciendo que las inmobiliarias no deban desarrollarse. Lo que preguntamos es por qué no existen mecanismos igual de accesibles para que un trabajador pueda adquirir legalmente un terreno y construir su vivienda.
La legalidad no debería convertirse en una puerta abierta para quien tiene dinero y una pared para quien no lo tiene.
La legalidad no debería convertirse en una puerta abierta para quien tiene dinero y una pared para quien no lo tiene.
¿Qué papel deben jugar las autoridades ante esta situación?
El Estado tiene que garantizar dos cosas: el respeto a la propiedad y el acceso de las familias a alternativas reales de vivienda.
No basta con desalojar. Desalojar a una familia no desaparece su necesidad de vivienda.
Si esa familia no tiene recursos para comprar un terreno, después del desalojo seguirá teniendo exactamente el mismo problema.
Por eso se necesita ampliar la oferta de suelo urbanizado y vivienda social, generar esquemas de financiamiento para trabajadores informales, establecer modalidades de pago acordes con los ingresos reales y agilizar los procesos de regularización cuando jurídicamente sea posible.
¿Qué debería cambiar en la política de vivienda?
Debemos dejar de pensar que la vivienda social consiste únicamente en entregar una casa. También hay que garantizar que las familias puedan acceder al suelo, a los servicios y a la certeza jurídica.
Mérida está creciendo y las propias autoridades municipales reconocen que la planeación urbana debe atender temas como vivienda, infraestructura, servicios, regularización y prevención de asentamientos irregulares.
Lo que necesitamos es una política que vea a la vivienda como un derecho y no solamente como una mercancía.
¿Y qué sucede con las familias que llevan años viviendo en asentamientos irregulares?
Ahí también debe haber una respuesta institucional. Hay familias que llevan años en determinadas zonas y que incluso han manifestado su disposición para pagar por los terrenos o aceptar alternativas de reubicación.
El gobierno debe estudiar cada caso y buscar soluciones jurídicas y urbanísticas. Si un asentamiento puede regularizarse, que se regularice; si representa un riesgo o no es viable, que se ofrezca una alternativa digna.
Pero no podemos reducir toda la política pública a llegar con la fuerza pública y desalojar.
¿Cuál sería entonces la propuesta de Antorcha?
Que se construya una verdadera política de vivienda para los trabajadores. Que haya suelo urbanizado accesible, vivienda social, créditos con condiciones que correspondan a los ingresos de las familias y mecanismos de pago que permitan formar un patrimonio.
Y algo muy importante: que se planifique la ciudad pensando también en quienes viven de su trabajo.
Porque una ciudad puede tener grandes desarrollos, nuevas vialidades y proyectos inmobiliarios, pero si sus trabajadores no pueden acceder a un terreno donde construir una casa, entonces tenemos que preguntarnos para quién estamos construyendo esa ciudad.
Finalmente, ¿qué mensaje daría ante el debate generado por los desalojos?
Que no se trata de justificar las invasiones. Se trata de entender que existen porque hay una necesidad social que no ha sido resuelta.
La solución no puede ser únicamente desalojar. Hay que garantizar alternativas.
El artículo cuarto constitucional establece el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada. Por eso debemos exigir que ese derecho se convierta en una realidad para las familias trabajadoras.
Desalojar a una familia puede resolver jurídicamente la ocupación de un terreno, pero no resuelve la falta de vivienda. El verdadero reto es que una familia pueda acceder, por la vía legal, a un lugar digno donde construir su patrimonio.
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