• En Oaxaca 55.2 % de la población sufre carencias habitacionales mientras 32 % carece de servicios básicos
La casa propia sigue siendo uno de los mayores anhelos de millones de mexicanos, sin embargo, para una gran parte de la población ese sueño se ha convertido en un privilegio reservado para quienes cuentan con los recursos suficientes para comprar un terreno, pagar una renta o acceder a un crédito hipotecario.
Detrás de las estadísticas existen millones de familias que todos los días deben elegir entre pagar una renta, recorrer largas distancias para trabajar o construir una casa sin servicios básicos ni certeza jurídica.
Han transcurrido más de 100 años desde que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció derechos sociales conquistados tras la Revolución Mexicana. Aquella lucha que costó la vida de miles de campesinos y obreros, buscaba sentar las bases de un país más justo, donde la tierra, el trabajo y las condiciones de vida dejaran de ser privilegios de unos cuantos.
Pero la realidad muestra que muchas de esas conquistas permanecen inconclusas y que millones de familias continúan enfrentando dificultades para satisfacer necesidades tan elementales como la alimentación, la educación, la salud y, desde luego, el acceso a una vivienda digna.
El derecho que se aleja de las mayorías
En Oaxaca, como en buena parte del país, la crisis de la vivienda tiene múltiples rostros ya que para quienes viven de un salario o del trabajo informal, adquirir una vivienda cerca de los centros urbanos resulta prácticamente imposible.
El constante incremento del valor del suelo obliga a miles de familias a establecerse en la periferia de las ciudades, donde los terrenos son más económicos, pero escasean los servicios públicos, las oportunidades de empleo y la infraestructura básica.
Esta realidad tiene consecuencias que van más allá del lugar donde se vive. Quienes habitan en municipios conurbados, como Santa Cruz Xoxocotlán, o en agencias de Oaxaca de Juárez, deben invertir más de una hora diaria para trasladarse a sus centros de trabajo. El tiempo perdido entre el tráfico reduce las horas de descanso, limita la convivencia familiar y deteriora la calidad de vida.
Así lo relata doña Socorro Morales, vecina de la colonia Mi Ranchito en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, a escasos diez minutos de la capital oaxaqueña, donde así como ella, el 80 % de los vecinos se asentaron en la zona desde hace más de diez años.
Pese al trabajo arduo de los jefes de familia y los hijos más grandes, la ilusión de pronto contar con una vivienda digna aún no se hace realidad. "Desde hace diez años, mi familia (esposo, dos hijos mayores de edad y yo) llegamos de la región Mixteca con la ilusión de pronto tener una vivienda digna que fuera construida con base en el esfuerzo y trabajo de todos, pero la realidad es que aquí en la ciudad todo es más caro, con lo que apenas y pudimos comprar un terrenito y construir una casita de madera. Nos falta el piso y el agua potable, ni se diga. Las carencias sociales aquí están a la orden del día".
Las cifras confirman la magnitud del problema, pues de acuerdo con el Coneval (2024), el 55.2 % de la población oaxaqueña presenta carencias relacionadas con el acceso a una vivienda adecuada. Además, cerca del 32 % de las viviendas carecen de drenaje o agua entubada y alrededor del 45 % todavía tienen piso de tierra, condiciones que evidencian el rezago en uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
A ello se suma la calidad de las viviendas construidas mediante programas de financiamiento popular. Datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) indican que el 62 % de las casas adquiridas bajo este esquema presentan fallas estructurales durante sus primeros cinco años de uso, situación que obliga a las familias a destinar recursos adicionales para reparaciones y reduce el valor real de su patrimonio.
Un mercado que encarece el suelo
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 señala que alrededor de 7 millones de viviendas en el país no cuentan con escrituras, lo que representa aproximadamente el 26 % del parque habitacional nacional. La irregularidad en la tenencia de la tierra limita el acceso de miles de familias a programas de mejoramiento, servicios públicos y seguridad jurídica sobre su patrimonio.
En Oaxaca, el fenómeno adquiere características particulares. El desarrollo de proyectos de infraestructura, el crecimiento del turismo y la expansión de inversiones inmobiliarias han modificado significativamente el mercado del suelo.
En la región del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la construcción del Corredor Interoceánico ha provocado un incremento considerable en el precio de los terrenos en municipios como Salina Cruz y Juchitán, al tiempo que ha generado incertidumbre entre comunidades agrarias respecto a la propiedad comunal.
En destinos turísticos como Puerto Escondido y Bahías de Huatulco, el crecimiento de plataformas de hospedaje temporal ha reducido la oferta de viviendas disponibles para los habitantes locales. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Oaxaca, las rentas anuales se han incrementado entre un 20 % y un 30 % en apenas dos años, dificultando aún más el acceso a una vivienda para trabajadores y familias de ingresos medios y bajos.
Una explicación desde el Movimiento Antorchista
Para Jair Pacheco Hernández, activista del Movimiento Antorchista en Oaxaca, la problemática rebasa la falta de programas gubernamentales y responde a un fenómeno económico más profundo.
"El problema de la vivienda es uno de los que más aqueja a la población, no sólo en México sino en el mundo. Antorcha considera que este fenómeno es resultado de la injusta distribución de la riqueza. El acceso a la vivienda no es igual para todos; mientras unos cuantos viven rodeados de lujos, la mayoría enfrenta enormes dificultades para obtener un patrimonio".
A decir del activista, durante décadas distintos gobiernos, especialistas y analistas han descrito la problemática y propuesto diversas políticas públicas, pero, afirma, ninguna ha logrado resolver el problema de fondo.
"El Movimiento Antorchista ha analizado esta situación a lo largo de 50 años de trabajo en comunidades rurales y colonias populares. Nuestra conclusión es que el desarrollo del capitalismo y la libre empresa fueron convirtiendo los derechos conquistados por el pueblo en mercancías que sólo pueden adquirir quienes tienen recursos económicos. El Estado dejó de garantizar esos derechos y ahora la población debe comprarlos en el mercado, incluida la vivienda y los servicios básicos".
Pacheco Hernández sostiene que la solución requiere modificar el modelo económico y la forma en que se distribuye la riqueza nacional. "Por eso explicamos a nuestros agremiados que el problema no se resolverá esperando nuevos programas gubernamentales. Mientras exista una distribución tan desigual de la riqueza, las políticas seguirán siendo insuficientes. Nuestra propuesta consiste en organizar al pueblo para luchar por demandas inmediatas, como obras, servicios y la creación de colonias populares que permitan ofrecer lotes a bajo costo a las familias más humildes, sin perder de vista que la solución definitiva pasa por construir un gobierno que represente verdaderamente los intereses del pueblo y distribuya de manera justa la riqueza social".
Una deuda que permanece
El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los grandes pendientes del desarrollo nacional. Detrás de las estadísticas existen millones de familias que todos los días deben elegir entre pagar una renta, recorrer largas distancias para llegar a su trabajo o construir poco a poco una casa sin servicios básicos ni certeza jurídica.
Mientras el precio de la tierra continúa aumentando y el mercado inmobiliario concentra cada vez mayores beneficios, el derecho constitucional a una vivienda digna sigue siendo, para una gran parte de la población, una promesa incumplida.
La realidad cotidiana demuestra que el problema rebasa el ámbito de la construcción de viviendas: se trata, en el fondo, de la forma en que se distribuyen la riqueza, el territorio y las oportunidades dentro del país.
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