• Durante el gobierno de López Obrador la deuda pública aumentó 6.6 billones de pesos respecto a la que dejó Peña Nieto
Según los postulados económicos keynesianos (por John Maynard Keynes, economista británico del siglo pasado), una de las maneras que tiene un país de salir de la crisis económica es haciendo obra pública con dinero obtenido de préstamos. Esto, para no tener que subir los impuestos a la población y empeorar sus condiciones de vida en un momento de bajos ingresos y alto desempleo.
El dinero se invierte y empieza un círculo virtuoso de producción de bienes y servicios demandados por la construcción de las obras contratadas, lo que ocasiona un efecto multiplicador de los beneficios y el crecimiento económico.
Los gobiernos se endeudan masivamente para financiar grandes obras que benefician exclusivamente a las grandes corporaciones mientras imponen un falso plan de reactivación económica.
Por ejemplo: el gobierno paga la construcción de puentes, carreteras o alguna otra gran obra; los empresarios constructores pagan a sus trabajadores, que antes de esta obra estaban desempleados.
Con las ganancias que obtienen, los empresarios pagan sus vacaciones o se compran un nuevo y lujoso auto, y activan así la industria hotelera y la de automóviles; por su parte, con los salarios que ganan, los trabajadores tienen dinero para comprar más comida, pasajes, útiles escolares de sus hijos y, si les sobra, un modesto paseo de relajación.
Al requerir estos productos, ponen a producir a los campesinos más alimentos; a los transportistas, más viajes; a los fabricantes de mochilas y libretas, más de ellas y, si les alcanza, también comprarán dulces y bebidas en su paseo.
La producción de bienes y servicios sale a flote por la acción del gobierno y aumenta el bienestar de la gente. Todos, mediante el mágico endeudamiento, nos beneficiamos, según esta teoría.
En el México actual, en alguna medida, estamos ante la aplicación clásica del keynesianismo. Por eso la deuda pública, la que tenemos que pagar todos los mexicanos con nuestros impuestos, ha venido creciendo en nuestro país, porque se siguen sacando más y más créditos para resolver las necesidades de corto plazo del gobierno.
Pero es evidente que una mala planeación —o la falta total de ella— puede ocasionar que después de la orgía del gasto venga la necesidad de pagar los créditos y no se esté bien preparado para ello con unos ingresos robustos.
Así, en lugar de que el gobierno sea capaz de desencadenar un efecto positivo permanente sobre la economía, ocasiona uno negativo, pues recorta el gasto social para poder cumplir con los pagos o pide nuevos créditos para seguir "multiplicando" los beneficios.
Y esto es una trampa de la que no podemos salir. Desde 2018, la deuda no ha hecho más que aumentar más rápido: según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el gobierno de López Obrador la deuda pública aumentó 6.6 billones de pesos respecto a la que dejó Peña Nieto.
El nuevo endeudamiento fue enorme, mientras que el crecimiento económico fue de un raquítico 0.9 % anual. Cada uno de los mexicanos, aunque nadie nos haya preguntado si queríamos o no, somos deudores al cierre del sexenio del tabasqueño de 131 mil 738 pesos por concepto de la deuda pública.
Esto es 17.5 % (19 mil 596 pesos) superior a los 112 mil 141 pesos por persona que debíamos al cierre del sexenio de Peña Nieto (El Economista, 3 de marzo de 2025). ¿Ya apartó usted, amable lector, para el pago de esta pequeña deuda? Le toca.
Y en este segundo periodo de Morena las cosas siguen por el mismo rumbo: el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo se endeudó ya con nuevos préstamos por 1.9 billones de pesos (elceo.com, 12 de mayo de 2026).
Pero esto no puede seguir eternamente. El otorgamiento de créditos se acaba cuando no se puede demostrar capacidad de pago y entonces sí que, ante la exigencia de los acreedores, la crisis será más honda que la que se quiere evitar.
Y, siguiendo el presidencial ejemplo, en los estados de la república vemos lo bien que se ha aprendido la lección.
En Sinaloa se presentó a inicios de 2025 un Plan de Reactivación Económica que pretendía sacar de la crisis al estado. Esencialmente, consistía en la contratación de dos créditos por una suma de 4 mil 500 millones de pesos para hacer obras públicas.
Las obras que concentran la mayor parte de los recursos son unas pocas: Malecón Margen Izquierda, Malecón de Guamúchil segunda etapa, prolongación del bulevar Agricultores, construcción de los puentes Las Glorias Bella Vista, El Vigía de Ponce, remodelación del estadio de Los Dorados, entre otras.
Son en su mayoría grandes obras viales que en todas partes requieren los grandes empresarios para vender sus mercancías y hacer jugosos negocios. Y aunque es cierto que es indispensable la infraestructura para la empresa en una sociedad capitalista como la de hoy, también lo es que no se le puede seguir dando preferencia sólo a este tipo de obras, con el señuelo de que darán futuros y dorados frutos para todos con el desarrollo inmobiliario, hotelero e industrial que supuestamente provocarán.
Puro humo en los ojos del pueblo que, aquí y ahora, requiere acciones que lo beneficien. ¿Y los solares baratos para que cientos de miles de sinaloenses que no pueden comprar una vivienda cara se hagan una a menor costo? ¿Y la infraestructura que mejore la vida de los trabajadores?
Las miles de calles en colonias y comunidades populares sin pavimento, ¿la vivienda, las banquetas, los cientos de drenajes colapsados que hacen pestilente el ambiente en muchas colonias?
¿Y las colonias o pueblos sin luz eléctrica, con calores de más de 40 grados centígrados, mosquitos, moscas y toda clase de alimañas? ¿Y los cientos de escuelas sin infraestructura adecuada ni equipamiento? ¿Y los servicios de salud públicos, tan abandonados? ¿Y el dren Bacurimí, que por no concluirse tiene en riesgo de inundarse a tanta gente?
Falta que se mejoren tantas cosas en la vida de los trabajadores que el espacio es poco para agotarlas, pero ninguna de ellas se está atendiendo de modo serio.
México necesita entonces que se voltee a ver a las necesidades del pueblo; no sólo a las de los empresarios. Mientras, sume a su cuenta miles de pesos más por deuda estatal.
Los teóricos del capital pretenden curar defectos del sistema para que se sigan beneficiando quienes acaparan la riqueza nacional, y quienes siguen sus políticas a pies juntillas no pueden llamarse izquierdistas, ni defensores del pueblo ni nada por el estilo.
La deuda pública se adquiere sólo para beneficio de unos pocos, para financiar grandes obras necesarias para el gran capital nacional e internacional.
Las mayorías, en cambio, sólo reciben los perjuicios: el raquítico salario que les toque directa o indirectamente por las obras o por trabajar para las empresas que posiblemente ahí se instalen, y una larga cuenta para pagar quién sabe con qué dinero.
Por eso, el pueblo debe exigir que esto acabe: que se invierta el dinero recaudado de impuestos o incluso de deuda, pero en sus necesidades más apremiantes.
Para poder exigir hay que organizarse, sumar fuerzas y salir a la calle a reclamar sus derechos. Ya durante mucho tiempo ha sido así, pero no más: es la hora de los pueblos.
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