• La creciente violencia supera al gobierno estatal obligando a miles de civiles a huir hacia otras regiones
Recientemente, la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en la entidad, la violencia obligó a unas 43 mil 400 personas a abandonar su lugar de origen y desplazarse a otros puntos. Una gran cantidad de personas que equivaldría al doble de la población del municipio de San Ignacio, Sinaloa.
No es un problema menor. Hoy, 13 mil viviendas, que es el total de hogares donde habitaban las más de 43 mil personas, quedaron abandonadas; no por gusto, sino por necesidad, lo que refleja a su vez que la autoridad local, el estado, quedó rebasada ante los niveles de violencia.
Y frente a esta problemática, ¿qué ha planteado el gobierno estatal? En primer lugar, y particularmente, la Secretaría de Bienestar de Sinaloa (Sebides) y todas las dependencias afines han reconocido que sólo 3 mil 600 familias han sido desplazadas en la entidad, según sus propios registros.
Hoy, 13 mil viviendas se quedaron abandonadas; no por gusto, sino por necesidad, lo que refleja a su vez que la autoridad local quedó rebasada ante los niveles de violencia.
En otras palabras, minimizan los datos de una institución. Los principales municipios donde existe un mayor número de desplazados corresponden a Concordia, Badiraguato y Culiacán.
Ante esta situación, el Movimiento Antorchista ha advertido en diversas entrevistas a medios locales y en reuniones con funcionarios que el número de familias desplazadas era superior a las que presentaban las autoridades estatales. Esto, pues el contacto permanente con desplazados de Culiacán, Badiraguato, Sinaloa de Leyva y Salvador Alvarado, entre otros municipios, aseguraba que el problema era más crítico y que los programas asistenciales que presumen las autoridades no atacaban de raíz el fenómeno social.
El problema ha quedado rebasado por las autoridades. Todavía en recientes diálogos con el actual secretario de Sebides del gobierno estatal, Francisco Javier Barrón Aguayo, el antorchismo local insistió en que era necesaria y urgente, además, la adquisición de lotes para cientos de familias desplazadas y encuestadas por la dependencia desde hace más de tres años.
El Movimiento Antorchista planteó al gobernador pasado que una medida para contrarrestar el problema era no sólo reconocer el desplazamiento, sino entregar solares y vivienda digna para todas las familias que han perdido todo y que intentan rehacer su vida en Culiacán y Guamúchil, principalmente.
Los desplazados de Sinaloa y de otros estados deben organizarse en Antorcha y exigir al gobierno en turno la seguridad de las familias, así como implementar vivienda digna para los afectados.
La ciudadanía no debe perder de vista que ni los organismos internacionales como la ONU ni las dependencias gubernamentales como Sebides pueden resolver de fondo esta grave situación en que se encuentra sumergido el pueblo mexicano y sinaloense. La tarea está en quienes padecen todos los estragos de un modelo económico a todas luces fallido.
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