• El gobierno no ha mostrado el más mínimo interés por más de 50 mil afectados por la violencia
Por el temor a perder la vida, lo perdieron todo. Atrás dejaron su casa, la misma donde su familia vivió por generaciones; abandonaron las cosechas, las tierras de labor, el ganado y hasta sus recuerdos.
Algunos conocidos fueron asesinados; otros, reclutados a la fuerza por grupos delictivos para llevarlos a una guerra que no pidieron y que no es suya. A muchos les incendiaron sus hogares. Por eso ahora habitan chozas construidas con cartón o materiales reciclados, entre desechos, ¡sí!, en la periferia de Mazatlán o en los alrededores del basurero de Culiacán.
El déficit habitacional en Sinaloa requiere 500 mil acciones de vivienda, no las 78 mil que reconoce el gobierno.
Son los desplazados por la violencia: esos que el gobierno cifra en 3 mil 609 familias —unas 11 mil 500 personas, según su contabilidad mañosa—, pero que organizaciones de la sociedad civil calculan en más de 50 mil afectados.
La cifra es incierta; lo que sí está claro es que ni el gobierno sinaloense del desaparecido Rocha Moya ni el interino actual de Yeraldine Bonilla Valverde han mostrado el más mínimo interés por apoyar a estas víctimas del pésimo gobierno que padecen los sinaloenses y, a nivel federal, todos los mexicanos.
El patrimonio de toda una vida quedó atrás, y al gobierno no le ha importado su suerte. Sin embargo, muchos desplazados no se han resignado y han decidido luchar por un futuro mejor para sus hijos. Por eso se unieron a las filas del Movimiento Antorchista Nacional (MAN).
Así han cumplido con los tortuosos requisitos de los programas oficiales que deberían brindarles un pedazo de tierra sinaloense y apoyo para levantar un techo que proteja a sus familias; pero la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) y la Comisión de Vivienda de Sinaloa (CVIVE), supuestamente encargadas de atenderlos, los han hecho dar mil vueltas infructuosas.
Si así responden a quienes padecen una tragedia tan evidente, esos organismos son todavía más insensibles ante las peticiones de familias que se han organizado para exigir apoyo y hacer realidad su derecho constitucional a una vivienda digna.
El déficit habitacional en Sinaloa —entidad que, según cámaras inmobiliarias locales y colectivos diversos, se ubica entre los estados con los costos de vivienda más altos de México— requiere 500 mil acciones de vivienda, no las 78 mil que reconoce el gobierno.
Esto significa que el 50 % de las familias sinaloenses carecen, de una u otra manera, de un patrimonio inmobiliario propio, independiente o formalmente escriturado, ya sea porque rentan, viven con familiares por cohabitación forzada ante la falta de ingresos, o necesitan reubicación urgente debido a la violencia.
Lo dicho para la vivienda aplica también a los servicios públicos, los apoyos educativos y el abandono del sistema de salud pública. ¿Y qué podemos decir de la seguridad que no se sepa ya? Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, el 90.8 % de los habitantes mayores de dieciocho años de Culiacán —¡casi todos!— considera que vivir en su ciudad es inseguro. No olvidemos que la principal obligación del Estado hacia los ciudadanos es proteger su vida, resguardarlos de amenazas internas y externas, garantizar sus derechos —como la libre expresión, el libre tránsito, la propiedad y la organización—, y otorgar seguridad jurídica mediante leyes claras y tribunales justos que mantengan la paz.
Pero eso sólo existe en el papel: la Acled (Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados), organización no gubernamental independiente que recopila, analiza y mapea en tiempo real datos sobre conflictos armados y violencia política en todo el mundo, ubica a México como el cuarto país más peligroso, sólo detrás de Palestina, Birmania y Siria.
No podemos, entonces, esperar que el gobierno mexicano nos resuelva los problemas ni nos garantice nuestros derechos sin que nosotros movamos un dedo.
La fuerza está en el pueblo; los trabajadores somos la inmensa mayoría y necesitamos hacernos valer y respetar. Sólo uniendo nuestras voces, luchando sin claudicar y de manera organizada, obtendremos soluciones.
La lucha del pueblo trabajador, en Sinaloa y en todo México, es necesaria y es nuestro deber.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario