• Urge implementar estrategias públicas eficaces para salvaguardar todo bienestar colectivo y familiar
La salud mental es un problema que afecta a miles de familias, jóvenes, trabajadores y adultos mayores. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha tratado como un asunto individual, como si bastara con tener fuerza de voluntad para superar la tristeza, la ansiedad o la desesperación.
La realidad es distinta. Muchas personas no encuentran atención profesional, apoyo familiar o instituciones que las orienten.
Por ello, la salud mental debe dejar de ocupar un lugar secundario en las políticas públicas. No bastan campañas de concientización ni mensajes motivacionales: se necesitan servicios accesibles, personal especializado y atención oportuna.
En Torreón, los recientes rescates de personas en puentes y otras emergencias nos recuerdan que detrás de cada caso existe una historia de sufrimiento que no siempre conocemos.
Asimismo, la tragedia ocurrida en la Escuela Secundaria General número trece del ejido La Unión, donde una subdirectora perdió la vida y otras personas resultaron heridas, obliga a reflexionar sobre la prevención de la violencia y la atención emocional en las escuelas.
Investigar los hechos y establecer responsabilidades es indispensable, pero también debemos preguntarnos si nuestras instituciones cuentan con herramientas para detectar riesgos, atender conflictos y acompañar a quienes necesitan ayuda. La prevención debe comenzar antes de que ocurra una tragedia.
La salud mental no puede depender únicamente de las familias. La incertidumbre económica, la falta de oportunidades, la violencia, el estrés laboral y la soledad pueden agravar los problemas emocionales.
Ninguna persona debería enfrentar sola su sufrimiento ni esperar a que ocurra una tragedia para recibir atención.
Por eso, el Estado debe garantizar servicios gratuitos o de bajo costo, especialmente para quienes viven en colonias populares y comunidades alejadas.
Es necesario fortalecer los centros de salud con psicólogos y psiquiatras; incorporar personal especializado en las escuelas; ofrecer apoyo confidencial a policías, bomberos, paramédicos y rescatistas; atender la soledad de los adultos mayores y prevenir los riesgos psicosociales en los centros de trabajo.
También deben impulsarse actividades deportivas, culturales y comunitarias para fortalecer la convivencia, sin sustituir la atención profesional cuando sea necesaria. Los jóvenes necesitan ser escuchados sin prejuicios.
Pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino una decisión responsable. Las familias requieren orientación, las escuelas protocolos eficaces y las autoridades presupuesto suficiente, transparente y evaluable.
No basta con anunciar recursos: hay que demostrar que llegan a quienes los necesitan. Desde el Movimiento Antorchista sostenemos que la salud mental es una cuestión de justicia social.
Ninguna persona debería enfrentar sola su sufrimiento ni esperar a que ocurra una tragedia para recibir atención. Las autoridades deben coordinarse, fortalecer los servicios públicos y mantener los programas de prevención más allá de una coyuntura.
Cuidar la salud mental significa cuidar la vida. Por ello, debemos convertir la preocupación en participación y exigir atención digna para todas las familias, sin importar cuánto dinero tengan o en qué colonia vivan.
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