Oaxaca se ha convertido en un campo de batalla contra los hijos de los pobres. Los hechos son incontestables: tres ataques cobardes en menos de un año (23 de enero, 26 de abril y 5 de agosto) revelan un plan sistemático para exterminar los espacios donde la juventud humilde busca superarse.
La dignidad estudiantil no se negocia, y cuando se despoja a los jóvenes de sus albergues, se intenta condenarlos a la oscuridad y al silencio.
Cuando veinte sujetos armados irrumpieron en el albergue Villas de Monte Albán por segunda vez, destrozando una tienda de abarrotes y amenazando con represalias si continuaban su lucha, no actuaban por iniciativa propia. Son herramientas de un poder que busca silenciar a quienes exigen transparencia.
En Miahuatlán, la policía municipal, bajo órdenes del presidente César Figueroa, desalojó ilegalmente a estudiantes alegando que “el predio no les pertenecía”. Falso. Existen escrituras y un contrato de comodato que acreditan su legalidad.
Lo más indignante: 38 millones de pesos destinados a construir ese albergue se esfumaron. Solo tres millones fueron utilizados; hubo un desvío descarado de recursos públicos, un robo abierto a los hijos del pueblo.
El 13 de agosto, los líderes nacionales de la FNERRR y del Movimiento Antorchista llegaron al Palacio de Gobierno de Oaxaca buscando dialogar con el gobernador Salomón Jara Cruz. Encontraron las puertas cerradas. Ni siquiera tuvieron la dignidad de una explicación.
Mientras la Fiscalía de Oaxaca anuncia operativos contra cámaras de vigilancia ilegales, ignora las denuncias formales por los ataques a estudiantes. No hay detenidos, ni investigaciones serias, ni voluntad política. Pareciera que, para este gobierno, los jóvenes pobres no merecen justicia.
Tlaxcala se suma a esta lucha. No es sólo solidaridad: respaldamos plenamente el llamado de la FNERRR, con movilizaciones en todo el país, eventos culturales de denuncia y presencia en la mañanera presidencial. No pedimos privilegios; exigimos lo elemental: restitución inmediata de los albergues desalojados, castigo a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones, auditoría pública a los 38 millones de pesos desaparecidos y protección permanente para los estudiantes.
Estos albergues —levantados con el sudor de obreros, campesinos y estudiantes— son faros de esperanza. Ofrecen comida, techo, libros y deporte a quienes el sistema margina. Destruirlos es condenar al país al oscurantismo.
Al gobierno de Salomón Jara le advertimos: su omisión nos obliga a escalar la lucha. No somos violentos, pero jamás seremos sumisos. Movilizaremos a los estudiantes de la FNERRR en todo México. Llevaremos esta causa al Zócalo y a cada plaza pública. No venimos a declarar guerras, venimos a exigir justicia y paz.
¡Alto ya a la persecución! ¡Alto a criminalizar la pobreza! La dignidad estudiantil no se negocia.
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