Detrás de esta problemática hay muchas causas, pero una de las principales es la pobreza. En las comunidades rurales, en los pueblos enclavados en la sierra y en las regiones donde se hablan distintas lenguas indígenas, miles de personas enfrentan obstáculos que les impiden estudiar. Para muchas familias, la escuela no está cerca, los recursos no alcanzan y las oportunidades simplemente no llegan.
Hay niñas y niños que deben caminar largas distancias para llegar a un salón de clases. Algunos lo hacen sin haber desayunado, después de tomar apenas un té o comer una tortilla con chile, si es que tienen algo disponible en casa. En esas condiciones, estudiar se convierte en un desafío diario, porque antes de pensar en los libros y las tareas, muchas familias tienen que resolver cómo conseguir el alimento del día.
Para quienes viven en estas comunidades, la llamada transformación del país parece no haber llegado. La necesidad de sobrevivir obliga a muchos niños y jóvenes a abandonar sus estudios para incorporarse desde temprana edad a las labores del campo o a cualquier actividad que les permita contribuir a la economía familiar. Así, la pobreza se convierte en una cadena difícil de romper: no hay recursos para estudiar, se deja la escuela para trabajar y, con el paso de los años, las posibilidades de mejorar las condiciones de vida siguen siendo limitadas.
La situación se agrava cuando se observa que las carencias no se limitan a la educación. En muchos de estos lugares, acudir a una clínica también significa recorrer grandes distancias. Y llegar no garantiza recibir atención médica, pues hay comunidades donde el personal de salud no está disponible todos los días. A ello se suma el costo de los medicamentos, que muchas familias no pueden pagar.
Por eso, todavía hay personas que enfrentan enfermedades que podrían atenderse oportunamente, pero que se complican por la falta de servicios médicos y de dinero. En algunos casos, recurren a los conocimientos tradicionales de curanderos que utilizan hierbas, hojas y raíces para aliviar sus padecimientos. No se trata de descalificar esas prácticas, sino de reconocer que ninguna comunidad debería verse obligada a depender de ellas por la ausencia de atención médica accesible y suficiente.
Esta realidad permite entender que el analfabetismo no es un problema aislado ni una simple cifra estadística. Está relacionado con la desigualdad, la falta de servicios básicos y las escasas oportunidades que enfrentan miles de familias mexicanas.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), citadas en información periodística de Carolina Ruvalcaba, en México 3 millones 908 mil 94 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, lo que representa el 3.8 por ciento de la población de ese grupo de edad. Aunque el porcentaje nacional se encuentra por debajo del cuatro por ciento, el problema sigue siendo grave, especialmente en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde el analfabetismo supera el 10 por ciento, según las estimaciones referidas.
A esto se suma otro dato preocupante: más de 27 millones de personas de 15 años y más se encontraban en situación de rezago educativo. En esta condición se incluye no solamente a quienes no saben leer ni escribir, sino también a quienes no han concluido la primaria o la secundaria.
Las cifras deberían ser suficientes para encender las alertas. Sin embargo, el problema no se resuelve con campañas ocasionales ni con programas que no llegan a quienes más los necesitan. Se requiere una estrategia permanente, con recursos suficientes, maestros, materiales educativos y condiciones que permitan a las personas estudiar sin tener que elegir entre ir a la escuela o llevar comida a su casa.
La pobreza, la falta de infraestructura y la escasez de recursos en comunidades rurales e indígenas son los principales obstáculos que impiden el acceso a la educación.
Pero sería un error pensar que el analfabetismo y el rezago educativo son exclusivos de las comunidades rurales. También están presentes en las grandes ciudades, donde la necesidad económica empuja a niñas, niños y jóvenes a buscarse la vida en las calles. Basta recorrer algunos bulevares para encontrar a quienes limpian parabrisas, venden chicles, semillas, peluches y otros productos, o realizan actividades que les permitan obtener unas monedas para comer.
Detrás de cada uno de ellos puede haber una historia de abandono escolar, falta de oportunidades o una familia que atraviesa dificultades económicas. Muchos no están trabajando porque hayan renunciado a sus sueños, sino porque las necesidades de hoy pesan más que la posibilidad de prepararse para el futuro.
A todo esto se suma el encarecimiento de la vida. Los precios de los alimentos, los servicios y otros productos indispensables presionan la economía familiar. En muchos hogares, los ingresos no alcanzan y los hijos tienen que dejar los estudios para trabajar y ayudar con los gastos. De esta manera, el rezago educativo se reproduce de una generación a otra, mientras las familias continúan atrapadas en las mismas condiciones de precariedad.
Frente a este panorama, no podemos conformarnos con reconocer que el problema existe. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación y de construir políticas públicas que atiendan las causas de fondo. No basta con abrir escuelas si los alumnos no tienen qué comer, si deben caminar durante horas para llegar a clases o si sus padres necesitan que trabajen para completar el gasto familiar.
La educación debe ir acompañada de mejores condiciones de vida, servicios de salud, empleos dignos y oportunidades reales de desarrollo. De lo contrario, los esfuerzos por combatir el analfabetismo serán insuficientes y millones de mexicanos seguirán esperando una oportunidad que parece no llegar.
En esta lucha, millones de mexicanos tampoco están solos. Organizaciones como el Movimiento Antorchista Nacional han sostenido durante décadas una lucha por mejores condiciones de vida para los sectores más desprotegidos, impulsando demandas relacionadas con la educación, la vivienda, los servicios básicos y el desarrollo de las comunidades. Su labor forma parte de una lucha social que busca poner en el centro las necesidades de quienes históricamente han sido relegados.
México no podrá hablar de justicia social mientras haya personas que no tengan la oportunidad de aprender a leer y escribir. Tampoco podrá presumir una transformación completa si las comunidades más pobres siguen sin escuelas cercanas, sin servicios médicos suficientes y sin condiciones para que sus hijos puedan estudiar.
El analfabetismo no se combate únicamente enseñando letras; se combate enfrentando la pobreza y la desigualdad que impiden que millones de personas accedan a la educación. Mientras esas condiciones permanezcan, la deuda seguirá creciendo.
Porque detrás de cada persona que no sabe leer ni escribir hay una oportunidad que se perdió, un derecho que no se garantizó y una historia que merece ser escuchada. México necesita dejar de mirar hacia otro lado y asumir que ninguna transformación será verdadera mientras millones de sus habitantes continúen al margen del conocimiento y de las oportunidades.
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