Las imágenes son desgarradoras: casas de lámina sepultadas en lodo, calles convertidas en ríos, familias enteras hurgando entre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar. Los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, entre otros, son hoy el epicentro de una tragedia que, si bien fue detonada por las intensas lluvias, tiene un origen profundamente humano y político.
No es la lluvia la que destruye; es la falta de infraestructura, de planeación urbana, de inversión social y de un fondo que, con todos sus defectos, era una red de seguridad.
Mientras México se hunde literalmente, la respuesta del gobierno federal ha sido un silencio ensordecedor, acompañado de una ausencia criminal de recursos y planeación.
Este no es un desastre natural; es el resultado previsible de una administración que ha desmantelado sistemáticamente las herramientas de protección civil, privilegiando la propaganda sobre la prevención y la austeridad malentendida sobre la vida humana.
La desaparición en 2020 del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), bajo el argumento de combatir la corrupción, se revela hoy como una de las decisiones más cortas de vista y letales de la llamada 4T.
Este fideicomiso, que llegó a sumar más de 50 mil millones de pesos, no era la “caja chica de unos cuantos” como demagógicamente se afirmó, sino un instrumento financiero vital que permitía actuar con rapidez y eficacia ante emergencias.
Su eliminación dejó a México inerme, sin un mecanismo probado para reconstruir viviendas, carreteras, hospitales e infraestructura crítica de inmediato. Hoy, esa decisión ideológica se paga con las 64 vidas perdidas y las decenas de desaparecidos que reportan las cifras oficiales. Cada número es una familia destrozada, un futuro truncado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado justificar lo injustificable. Su declaración de que “no había condiciones científicas para prever lluvias de tal magnitud” es una falencia técnica y moral. En un país biogeográficamente vulnerable, la incertidumbre es la única certeza.
La verdadera ausencia no fue de modelos climáticos, sino de voluntad política, presupuesto y, sobre todo, de solidaridad. La escena en Poza Rica, Veracruz, donde habitantes desesperados reclamaron a la mandataria la falta de ayuda, es emblemática.
La respuesta fue un “a todos se les va a atender” que suena a burla cuando las comunidades llevan días incomunicadas, sin alimentos ni agua potable, mientras el lodo se seca y convierte sus pérdidas en una realidad irreversible.
Pero la tragedia actual tiene raíces más profundas que la simple desaparición de un fondo. Es la pobreza, el enemigo silencioso e históricamente ignorado, el que convierte un aguacero en una catástrofe.
Miles de familias no viven en las faldas de los cerros o a las orillas de los ríos por gusto, sino porque el modelo económico las ha condenado a la marginación.
Sin drenaje, sin pavimento, sin viviendas dignas, son los primeros y más golpeados eslabones de esta cadena de negligencia. La naturaleza no discrimina, pero la miseria sí, y siempre carga con el peso más abrumador.
Frente a esta indolencia estatal, surge, una vez más, la resiliencia y la organización popular; mientras el gobierno federal ordena que la ayuda se canalice exclusivamente por sus dependencias, una burocracia que paraliza, son los jóvenes estudiantes de la FNERRR y los brigadistas del Movimiento Antorchista quienes están en el barro, repartiendo víveres, ayudando a limpiar y consolando a las familias.
Su labor no sólo alivia el dolor inmediato, sino que evidencia una verdad incómoda: el pueblo organizado es, en muchos casos, la única autoridad real y compasiva.
El recién conmemorado Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres nos recuerda que estos no son naturales, sino el resultado de las omisiones de los gobiernos. México es hoy un caso de manual a nivel mundial de esta máxima.
No es el agua la que mata; es el abandono. No es la lluvia la que destruye; es la falta de infraestructura, de planeación urbana, de inversión social y de un fondo que, con todos sus defectos, era una red de seguridad.
Ante esta realidad, los discursos de “humanismo” y “austeridad republicana” suenan huecos. El país no necesita más fotos desde helicópteros ni promesas vacías. Necesita hechos: la reinstauración urgente de un fondo de respuesta a desastres, una inversión seria en infraestructura básica para las comunidades marginadas y una rendición de cuentas clara.
Pero, sobre todo, necesita que el pueblo, hastiado de ser espectador de su propia desgracia, tome conciencia de que su salvación no vendrá desde los balcones del poder.
La unidad, la organización y la exigencia sin miedo son hoy, literalmente, cuestión de vida o muerte. Si el gobierno no salva al pueblo, el pueblo deberá, una vez más, salvarse a sí mismo.
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