Cada año, como si fuera una condena inevitable, miles de familias mexicanas enfrentan las consecuencias devastadoras de las inundaciones. Esta problemática, lejos de ser un fenómeno excepcional, es una constante que se repite con brutalidad, particularmente en la Ciudad de México, la Zona Metropolitana, capitales estatales y grandes urbes.
La falta de acción, la desidia institucional y el abandono de la infraestructura urbana desde hace ya muchos años son las verdaderas causas de esta tragedia social que golpea con más fuerza a los más pobres.
La austeridad mal entendida, que presume recortes como si fueran logros, ha derivado en tragedias evitables.
Las cifras hablan por sí solas: tan solo en la capital del país se registran alrededor de 400 eventos de inundación al año, afectando viviendas, negocios, vialidades y, en los casos más extremos, cobrando vidas humanas. Lo alarmante no es solo la recurrencia del fenómeno, sino el grado de indiferencia con que las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, lo enfrentan. Lejos de anticiparse y prevenir, se limitan a administrar el desastre, cuando no lo ignoran por completo.
La principal causa de las inundaciones en zonas urbanas no es la lluvia en sí, sino la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, particularmente del drenaje profundo y los canales de recolección de aguas. El desazolve es escaso o inexistente en muchos tramos, y los canales permanecen obstruidos por toneladas de basura que no son retiradas a tiempo.
A esto se suma un problema estructural más profundo: la inversión pública en infraestructura ha disminuido en los últimos años, a pesar de que la crisis climática exige justamente lo contrario.
Los datos del gobierno de la Ciudad de México son reveladores. Aunque para este año se anunció una asignación de 15 mil millones de pesos al Sistema de Aguas de la capital, esta cantidad sigue siendo inferior al presupuesto de 2019, que alcanzó los 17 mil 764 millones de pesos.
Durante todo el sexenio de Claudia Sheinbaum y el inicio del mandato de Clara Brugada, la inversión anual nunca superó los 13 mil 300 millones de pesos, salvo este último ejercicio. Pero incluso ahora, sólo mil 570 millones serán destinados específicamente al drenaje y equipamiento; es decir, poco más del 10 % del total. El resto del recurso se distribuye en otras áreas, dejando sin respuesta el problema más urgente.
La situación en los estados y municipios no es diferente. En muchos casos, es incluso más grave. Las administraciones estatales y locales no cuentan con recursos suficientes ni con la voluntad política para invertir en prevención.
Los sistemas de drenaje son obsoletos, están colapsados, y las campañas de limpieza y concientización brillan por su ausencia. No se instalan sistemas de alerta temprana, no se revisan los cauces naturales y artificiales, y no se trabaja en coordinación con la población para preparar a las comunidades ante la temporada de lluvias.
El 76 % de la precipitación anual en México ocurre entre junio y septiembre, un dato que debería bastar para planificar con anticipación las acciones necesarias. Sin embargo, las alcaldías más afectadas apenas reciben apoyo, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde.
Mientras tanto, los más pobres —habitantes de zonas periféricas, colonias populares, asentamientos irregulares— ven cómo el agua destruye lo poco que han logrado construir.
El gobierno federal, estatal y municipal, todos actualmente en manos de Morena, han fallado en su deber más elemental: proteger a la población. La austeridad mal entendida, que presume recortes como si fueran logros, ha derivado en tragedias evitables. Se recorta donde más se necesita: en obras hidráulicas, en mantenimiento urbano, en programas de prevención.
No basta con discursos ni promesas huecas. Se necesita planeación a largo plazo e inversión sostenida. Los ciudadanos no deben seguir pagando con su patrimonio y su vida la negligencia de los gobiernos. ¿Cuántas lluvias más necesitamos para entender que las inundaciones no son una catástrofe natural, sino el resultado de la indiferencia institucional?
Si no se actúa con seriedad, el próximo año volveremos a ver imágenes de casas anegadas, autos flotando en las calles, niños cargando muebles mojados y autoridades cruzadas de brazos. Este fenómeno se generaliza cada vez más a nivel nacional y los únicos que lo pueden transformar son los trabajadores organizados y unidos.
Los que se encuentran en el poder sólo buscan enriquecer sus bolsillos y no sacar a la población del agujero en el que se encuentra.
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