• Adeudos de 79 naciones por 2 millones 800 mil dólares amenazan la liquidez del organismo global
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también conocida como Naciones Unidas, fue creada el 24 de octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de promover la paz, la seguridad, y evitar nuevos conflictos globales fomentando la cooperación internacional. Sustituyó a la Sociedad de Naciones, que había fracasado en prevenir guerras tras la Primera Guerra Mundial. Actualmente cuenta con 193 países miembros y dos observadores permanentes.
La ONU tiene como misión abordar los problemas más importantes que enfrenta la humanidad como son:
Mantener la paz y la seguridad internacionales, mediante la mediación de conflictos y el despliegue de fuerzas de paz conocidas como "cascos azules".
Proteger y promover los derechos humanos, a través de iniciativas como la Alianza Global por los Derechos Humanos.
Entregar ayuda humanitaria en situaciones de crisis, desastres naturales o conflictos armados.
Promover el desarrollo sostenible, fomentando la prosperidad económica, el bienestar social y la protección del medio ambiente mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Defender el derecho internacional, asegurando que los países respeten acuerdos y normas internacionales.
Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas, el organismo diseñado para velar por el interés colectivo, arrastra una crisis de liquidez que resulta insostenible y pone en grave peligro su capacidad para servir al mundo.

"La situación se ha deteriorado a tal nivel que Catherine Pollard, secretaria general adjunta de Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión en la ONU, reportó el mes pasado ante el Quinto Comité de la Asamblea General que se enfrentan a un colapso financiero inminente en agosto si los Estados parte siguen sin pagar sus cuotas.
El saldo de caja actual sólo es suficiente para cumplir con las obligaciones legales hasta mediados de agosto", aseguraron en la sesión del 7 de mayo, según El Universal (15 de junio de 2026).
Pollard afirma que los pagos no llegan o lo hacen con demora. La recaudación del primer trimestre fue de 52 % en 2024, descendió a 40 % en 2025 y volvió a aumentar a 46 % en 2026.
Para el segundo trimestre, la recaudación fue de 76 % y de 52 % en 2024 y 2025. Los años fiscales cerraron juntando 102.9 % y 76.7 % respectivamente.
La recaudación en 2025 fue la más baja de los últimos siete años y condujo a la ONU a terminar con un nuevo récord de facturas vencidas, equivalente a mil 570 millones de dólares. Abril del año en curso cerró sumando 51.4 % de las cuotas. Si bien representa una ligera mejora frente a 50.5 % del año precedente, Pollard estima que la recaudación para todo el año será sólo de 91.1 %.
Esto ya se ha señalado en varias ocasiones. La previsibilidad en cuanto al calendario y el importe de los ingresos es fundamental para gestionar las salidas de efectivo de la organización y planificar el gasto de forma adecuada y segura, sin riesgo de impago.
Se les ha insistido a los Estados miembro que se comprometan a pagar antes y a que comuniquen sus planes de pago lo antes posible.

Cuanta más seguridad se tenga respecto a los cobros, mayor será la capacidad para comprometer fondos cuando se necesiten para la ejecución de los programas.
Hasta el 29 de mayo, 111 Estados miembros habían abonado íntegramente sus cuotas al presupuesto ordinario; desde los 31 mil dólares aportados por Cabo Verde y Bután, hasta los 182 millones y 125 millones de Alemania y el Reino Unido.
El problema radica en que entre los deudores figuran los dos mayores contribuyentes a las arcas de la organización, Estados Unidos y China, que conjuntamente cubren 42 % del presupuesto anual.
Al 30 de abril, Estados Unidos adeudaba 2 mil 37 millones de dólares (incluyendo atrasos), mientras que Beijing, 429 millones. Otros contribuyentes importantes que aparecen en la lista de morosos son Japón, con 152 millones de dólares; Arabia Saudita, con 35 millones, y México con 33 millones.
En total, los pagos pendientes de 79 países ascienden a 2 millones 800 mil dólares.
Los Estados están obligados a gestionar sus asuntos fiscales y a adoptar políticas económicas a fin de garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos.
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