Las instituciones jurídico-políticas (es decir el Estado mexicano) no están en manos del pueblo trabajador, unido, consciente y organizado; mientras ello no ocurra dichas instituciones obedecerán siempre a los intereses de las clases privilegiadas, dueñas de las condiciones materiales de la producción y, por tanto, acaparadoras de la riqueza social. Dichas instituciones velan por los intereses de los poderosos y los defienden contra todo aquello que huela, aunque sea con el aroma más tenue, a protesta o a inconformidad porque creen que atentan contra la estabilidad del modelo que logra la gran acumulación de la riqueza y la cada vez más amplia y profunda miseria de millones de seres humanos.
Todo persona o grupo social que se presenta ante los ojos de los representantes de esas instituciones políticas y jurídicas como una manifestación independiente de inconformidad, a pesar de que su causa sea legítima, aunque abandere demandas justas y de urgente solución, a pesar de que dicha solución por ley dependa de las autoridades, es tratado como tropa enemiga por las mismas autoridades, como una desafío al que hay que combatir con todo; y peor si se trata de un grupo social, como el de los antorchistas. De inmediato se acusa al grupo de "chantajista", "extorsionador", "abusivo", que pretende llevarse "todo el presupuesto", etc.; cuando el pueblo organizado en masa, cansado de tanta indiferencia y de maniobras va y alza su voz y protesta pacíficamente en los palacios o edificios gubernamentales, reciben a los peticionarios con los policías armados hasta los dientes, les impiden el acceso, los intimidad y los amenazan con detenerlos o con el uso de la fuerza bruta si continúa con la defensa de su lucha, para desalentarlos; la autoridad competente se niega durante días y meses enteros a dialogar con los peticionarios, argumentando problemas de agenda; y luego que se digna a hacerlo es sólo para decir a los inconformes que la autoridad no negocia con organizaciones, sino con los individuos (a pesar de ser esto un clara violación a la ley), que no hay recursos, y que no resolverá bajo presión, que no será rehén (sic) de ningún grupo de presión, etcétera.
Y así ocurre en la mayoría de los casos (con sus honrosas excepciones, claro), independientemente del partido político del que hayan emanado; todos los que así actúan están cortados con la misma tijera, obedecen a los mismos ideales e intereses, sean de un partido u otro, a los intereses de los "dueños del pueblo". Pero hoy me ocuparé de dar ejemplos de "gobernantes" emanados de las filas de un partido que en sus orígenes y propaganda dijo y dice estar del lado del pueblo, pero que en verdad, en el terreno de los hechos, está en su contra, precisamente por lo antes expuesto.
Es el caso de Graco Ramírez Garrido en Morelos quien dice que dialoga con los antorchistas y resuelve sus demandas, pero en los hechos no ha resuelto nada, injuria a los inconformes a través de sus mastines en los medios de comunicación, y golpea y encarcela ciudadanos que se atreven a protestar. Esa actitud arrogante del gobernador de Morelos data desde el inicio de su administración.
También es ejemplo de intolerancia y de falta de sensibilidad humana y política el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel ángel Mancera Espinosa, el cual niega la solución a demandas de elemental justicia social enarboladas y reprime a los que protestan contra la indiferencia oficial.
Pero sin ir muy lejos, ahí están los Gobiernos perredistas en Soledad de Graciano Sánchez y en el municipio de San Luis Potosí, en el estado de su mismo nombre. Usan exactamente los mismos argumentos de no querer negociar con organizaciones como Antorcha, de negar la solución a problemas de falta de agua potable, drenaje, pavimentaciones de calles, alumbrados públicos, entre otros.
Estos Gobiernos se asemejan, como si fueran una gota de agua que se compara con otra gota de agua, a los Gobiernos priístas y panistas que dicen que son sus enemigos pero que se prestan entre sí, argumentos, mañanas, fobias, métodos represivos y campañas mediáticas calumniosas para detener el descontento del pueblo humilde, gastan cuantiosas sumas de dinero para pagar publicidad que los adula pero que también le sirve para ofender y calumniar a las organizaciones sociales como Antorcha, con el claro propósito de frenar la lucha en defensa de los pobres, no resolver las necesidades básicas de la población y hasta justificar la represión contra los que se atreven a protestar; y velar, así, por los intereses de los que verdaderamente gobiernan que son los grupos de poder económico, las clases privilegiadas de este país.
Ante esos malos Gobiernos (partes integrante del Estado), a los cuales tarde que temprano les llegará su hora, sólo hay un remedio: la unión de los pobres, la fraternidad entre nosotros los humildes, hermanos de sufrimiento, y la lucha sin descanso de las masas trabajadoras organizadas y conscientes. Si dichos Gobiernos y quienes los mandan creen que la lucha del pueblo va a desaparecer, que los antorchistas vamos a claudicar por esa clase de política, sépase que están muy equivocados, esas mismas actitudes de los gobernantes y corifeos nos reafirman en la idea de que el camino correcto es la lucha organizada sin tregua, en defensa de los pobres y para que estos tomen en sus manos el destino de nuestra sufrida nación.
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