Declarar 2025 como “Año de la Mujer Indígena” contrasta con la situación que enfrenta Kenia, cuya detención y proceso legal exhiben una profunda contradicción entre los discursos oficiales y la realidad de las defensoras de derechos humanos en México
Actualmente, realiza huelga de hambre en el penal para exigir que le permitan despedirse de su madre en su funeral, en Xochistlahuaca
En México, el 2025 ha sido declarado “Año de la Mujer Indígena” con el fin de reconocer y valorar la invaluable contribución de las mujeres indígenas en el desarrollo cultural, social y económico del país; en este contexto, el gobierno mexicano anunció que toda la documentación oficial de este año llevará la leyenda “2025, Año de la Mujer Indígena”… pero, más allá de anuncios rimbombantes, está la cruda realidad que abordaremos en este trabajo, que representa un ejemplo más de violación a los derechos humanos: el caso de Kenia Inés Hernández Montalván, indígena amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero, feminista, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, detenida el 18 de octubre de 2020 por ataques a las vías generales de comunicación, en la caseta de cobro de Amozoc, Puebla. Es una presa política en tiempos de la 4T.
Al enterarse de la muerte de su madre, la madrugada de este lunes, Kenia Hernández Montalván tomó la decisión de ejercer un derecho legítimo de protesta en el penal femenil del fuero común de Nezahualcóyotl, Estado de México, que consiste en no ingresar a la celda y mantenerse en huelga de hambre para exigir que se le permita acompañar a su madre en su funeral, como la Ley Nacional de Ejecución Penal lo contempla, en un ejercicio humanitario, obviamente con los mecanismos de seguridad necesarios, informó su abogado, Antonio Lara Duque, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El 30 de diciembre de 2022, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que, aunque la toma de casetas es ilegal, se haría una revisión del caso; han pasado casi tres años de esas declaraciones y la abogada indígena sigue presa pese a la promesa de revisar el caso.
La injusta detención es un claro mensaje a sus más cercanos y a todos los líderes sociales para que no sigan utilizando la protesta pública como herramienta de exigencia, aseguró el abogado de Kenia Hernández; “lo que sigue, legalmente hablando, es concretar el posible acuerdo reparatorio; de lo contrario, en octubre podríamos estar iniciando los juicios”, anunció.
En febrero de 2019, Kenia y otros integrantes del organismo que lideraba, Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y Colectivo Libertario Zapata Vive, fueron amenazados; en junio de 2020, cuando protestaban pacíficamente por la liberación de presos políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el Estado de México. Estuvo cinco días detenida en Chiconautla, una cárcel de Ecatepec, y luego fue liberada.
El 18 de octubre de 2020, unos 22 elementos de la policía detuvieron a Kenia cuando protestaba, sin una orden judicial y sin explicación alguna.
Y precisamente por protestar, la mujer, actualmente de 36 años, ha estado en varias cárceles desde su detención: la primera cárcel que pisó fue la de Ecatepec, Estado de México; posteriormente, Almoloya, conocida como Santiaguito, también en el Estado de México; Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero; el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, prisión de máxima seguridad sólo para mujeres; el penal de máxima seguridad de Coatlán del Río, Morelos; luego la regresaron a Ecatepec y actualmente se encuentra en el penal femenil del fuero común de Nezahualcóyotl, Estado de México.
En el ámbito del fuero común, la luchadora social fue sentenciada por robo con violencia contra Autovías Concesionadas Mexiquenses, Asociación Civil; falsas acusaciones que decidieron sostener las autoridades, sentenciándola a once años por cada una de las dos carpetas de investigación, es decir, 22 años de condena en prisión, en el ámbito estatal.
La primera sentencia fue emitida el 19 de febrero de 2021 y la segunda, el 10 de marzo de 2022, incluyendo multas y nueve cargos en su contra no sólo en Guerrero, sino en el Estado de México, Morelos y Guanajuato.
Sin embargo, en el ámbito federal tiene diez carpetas de investigación y, lamentablemente, ni una ha pasado a la etapa de juicio.
Concretamente, lo único que la tiene en prisión es el empecinamiento de Caminos y Puentes Federales (Capufe) de mantenerla en la cárcel, pero si la dependencia accede a concretar lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, podría salir de prisión de manera inmediata ya que el delito no se considera grave; “si no se concreta la posible reparación del daño, en octubre podríamos estar iniciando los juicios”, asegura el abogado de la defensora de las mujeres y de los derechos humanos.
Tras su detención, Kenia Hernández dejó a sus hijos, en ese entonces de ocho y cuatro años de edad; actualmente tienen doce y ocho años.
Desde el primer momento, los pequeños fueron acuerpados por la abuela materna, Inés Montalván, quien falleció la madrugada de este 8 de septiembre debido a complicaciones y falta de recursos económicos para atender debidamente su salud.
En estos casi cinco años en prisión, el hijo mayor de la mujer indígena, Joel, de doce años, se ha venido involucrando en la exigencia de libertad de su mamá; ha hablado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, quienes se comprometieron a estudiar el tema y buscar los caminos legales que puedan facilitar la libertad de Kenia.
El pequeño ha denunciado en muchas ocasiones la falta de interés de las autoridades para que su madre sea liberada, tras casi cinco años en prisión por ataques a las vías de comunicación, al protestar por la desaparición de un compañero desaparecido en la región Montaña, Arnulfo Cerón, a quien, lamentablemente, días después encontraron muerto.
El 7 de agosto de este año hubo una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación, a la que no asistió personal de Capufe, el principal involucrado, porque supuestamente estaba de vacaciones. Afuera del lugar donde se realizaría el encuentro, el pequeño exigió resultados “para que pronto mi mamá pueda salir libre y esté con nosotros, ya que la necesitamos mucho de verdad”.
En tanto, el abogado Antonio Lara detalló que en la Secretaría de Gobernación fueron atendidos por la Unidad de Gobierno, la titular de enlace de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y personal de la Unidad de Apoyo a la Gestión Judicial, quienes no tenían la más mínima capacidad de diálogo ni las posibilidades de acordar y resolver nada, por la ausencia de Caminos y Puentes Federales y de la Consejería Jurídica, por lo que exigió seriedad en las convocatorias.
Protestan en visita de gobernadora a Xochistlahuaca
El pasado jueves 10 de julio de 2025, a más de siete meses del Año de la Mujer Indígena, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, acudió a Xochistlahuaca, lugar de origen de Kenia Hernández, con el fin de inaugurar una carretera artesanal; ahí, las exigencias por su libertad no se hicieron esperar por parte de mujeres, los hijos de la defensora, Joel y Joab, quienes portaban cartulinas y pancartas con diversas leyendas, como “Las mujeres de Xochistlahuaca exigimos la libertad de Kenia”, “Las mujeres ñ´oomndaa´ queremos a Kenia libre”, “2025, el Año de la Mujer Indígena. Libertad para Kenia”, “Mi mamá es inocente, libérenla por favor”, entre otras.
La visibilidad del caso dio lugar a un acercamiento con la gobernadora, a quien hicieron llegar un escrito que respalda la labor de defensa de derechos humanos que realizó Kenia con las mujeres de su pueblo, como casos de divorcios, pensiones alimenticias y feminicidios, sin cobrarles honorarios. En su discurso, la gobernadora dijo que ya había hablado con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, y que seguirá insistiendo.
Falta de voluntad política, evidente
Es evidente la falta de voluntad política para liberar a la luchadora social; en el sexenio anterior, 25 diputados y varios senadores exigieron su libertad en muchas ocasiones; en el actual sexenio, unos 59 diputados han solicitado su libertad; incluso la Organización de las Naciones Unidas, a través de la relatora especial en México, Mary Lawlor, ha solicitado en tres ocasiones la libertad y cese al acoso contra la abogada indígena que siempre se puso al frente de las mujeres de su pueblo.
¿Qué losa pesa sobre la activista que incomodó a empresas que siguen dando la orden de mantenerla presa? es la pregunta, y “¡Libertad para Kenia ya!” sigue siendo la exigencia de un pueblo de la Costa Chica de Guerrero, porque la protesta y la defensa de los derechos humanos no son un crimen.
Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025 del Inegi, en México hay 325 centros penitenciarios que alojan a más de 230 mil personas privadas de la libertad, entre ellos los presos políticos, con puntos comunes como represión, procesos ilegales, nulo o limitado acceso a familiares y abogados, etcétera. Del total de personas que permanecen en alguna prisión del país, la mayoría son hombres, con el 94.1 %, y el 5.9 % corresponde a mujeres, entre las que se encuentra Kenia Inés Hernández, quien, en el ánimo de afrontar la situación, sigue firme, consciente de la injusticia que vive y segura de que llegará el día de su liberación, por la que sigue luchando; hoy sólo pide estar en el funeral de su madre.
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