Estamos a unos cuantos días de cumplirse 115 años del inicio de la Revolución mexicana, movimiento social que, si bien no tuvo resultados inmediatos, sí asentó las bases del México actual, el mismo que heredó la Carta Magna de 1917 que implanta los derechos educativos, laborales y humanos en el tejido social.
Pese a la insistencia oficial en que “la violencia está contenida”, los indicadores de percepción ciudadana dibujan otra realidad: más del 70 % de los mexicanos considera que su ciudad es insegura, de acuerdo con el Inegi.
Pero la pregunta que aún persiste es ¿se han cumplido cabalmente los ideales por los que lucharon valientemente Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte del país? ¿Será acaso que este legado a las generaciones futuras ha sido bien aplicado o lo han utilizado para someter a las mayorías?
Actualmente pareciera que se ha convertido en una espada de doble filo, ya que los gobiernos capitalistas han utilizado la propia ley para someter al pueblo y engrandecer a los poderosos; ha servido para callar a las voces inocentes que exigen ayuda y justicia social y, a su vez, han elevado el mensaje de sumisión a los más vulnerables.
Sólo a manera de ejemplo, se encuentra el gobierno mexicano. Veamos, querido lector: el asesinato del presidente municipal del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado primero de noviembre, ha reabierto la herida más profunda del país: la inseguridad.
También ha puesto bajo escrutinio la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta y comunica esta crisis. Tras poco más de un año de iniciado su mandato, la presidenta vive uno de los momentos más tensos de su administración, con una creciente percepción ciudadana de que los discursos oficiales no reflejan la realidad en las calles.
Mientras tanto, la administración de Sheinbaum enfrenta acusaciones de simulación y manejo político de la información. Los datos oficiales hablan de una “reducción sostenida” en los homicidios dolosos, pero las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dirigido por Marcela Figueroa Franco, muestran apenas una baja marginal de 1.2 % en comparación con el año anterior, contraponiéndose totalmente a los datos de la gráfica presentada en la mañanera del pasado 11 de noviembre, donde se presume una supuesta reducción en los homicidios de 28 % en comparación con gobiernos anteriores.
Las redes sociales, noticieros nacionales y extranjeros no tardaron en señalar las inconsistencias en los registros y datos de esta gráfica, que no refleja la realidad que vive México en estos momentos.
A la par de esta crisis de credibilidad, la presidenta se vio envuelta en otra controversia. Días después del asesinato de Manzo, difundió un video en el que afirmó haber sido víctima de acoso por parte de un hombre durante un evento público.
El material, compartido ampliamente en redes sociales por su propio equipo de comunicación, mostraba a un individuo acercándose a ella mientras saludaba a supuestos simpatizantes.
El video generó una ola inmediata de opiniones encontradas, algunas brindando una total solidaridad y otras planteando que este era un recurso usado como cortina de humo con la intención de nublar la vista de los mexicanos ante el lamentable suceso ocurrido sólo tres días antes en Michoacán. Y como era de esperarse, se elevaron las dudas ante este “real” acoso presidencial.
Analistas y la opinión pública interpretaron el episodio como una maniobra política destinada a desviar la atención del asesinato de Manzo y de la indignación ciudadana que crecía en redes sociales. El impacto del supuesto montaje fue inmediato. En redes sociales, el tema se convirtió en tendencia bajo la etiqueta #ElMontajeDeSheinbaum, acompañado de críticas sobre la manipulación de la agenda pública. La percepción generalizada fue que el gobierno intentaba victimizar a la presidenta para distraer la atención de la violencia que azota al país.
Por todo esto, se estaba gestando la convocatoria a una marcha ciudadana que se llevará a cabo el día 15 de noviembre, encabezada por la juventud de la mal llamada “Generación Z”; sin embargo, colectivos de víctimas e integrantes de todos los sectores de la sociedad han confirmado su participación.
La consigna, “Ni simulación ni silencio”, resume el sentimiento de hartazgo hacia un discurso gubernamental que muchos perciben desconectado de la realidad.
Los organizadores insisten en que la manifestación será pacífica y apartidista. “No marchamos contra una persona, marchamos por la verdad y la justicia”, declaró Marisol Gómez, madre de un joven desaparecido en Guerrero.
El gobierno federal, por su parte, ordenó colocar vallas metálicas de tres metros alrededor de Palacio Nacional, ejemplo claro, una vez más, de la contradicción con sus afirmaciones de que el pueblo mexicano está “feliz” y que su gestión cuenta con el 75 % de aprobación.
Más allá de las posturas, el hecho es que México sigue viviendo niveles de violencia alarmantes. Durante el primer año de gobierno de Sheinbaum, el promedio mensual de homicidios se mantiene por encima de los 2 mil 300 casos, y los delitos de extorsión, desaparición y secuestro siguen al alza. En estados como Michoacán, Zacatecas y Guerrero, la autoridad local ha sido rebasada por la presencia de grupos criminales, y la Guardia Nacional continúa asumiendo funciones que debían corresponder a las policías civiles.
Pese a la insistencia oficial en que “la violencia está contenida”, los indicadores de percepción ciudadana dibujan otra realidad: más del 70 % de los mexicanos considera que su ciudad es insegura, de acuerdo con Inegi.
La distancia entre los discursos presidenciales y la experiencia cotidiana alimenta la sensación de que la pacificación es, por ahora, una realidad lejana.
Para Sheinbaum, la crisis actual no es sólo de seguridad, sino de credibilidad. El asesinato de Carlos Manzo y el episodio del supuesto acoso han coincidido en un punto crítico del sexenio: el momento en que la ciudadanía comienza a exigir resultados tangibles.
La presidenta, que llegó al poder con la promesa de gobernar con eficacia, verdad y transparencia, enfrenta ahora la disyuntiva de asumir los costos de la realidad o refugiarse en el control mediático.
Por todo esto, tenemos la seguridad, respaldada científicamente, de que estos movimientos sociales, si bien son las consecuencias que arrastra un gobierno sin cabeza, sólo son el principio de una verdadera revolución social.
El barco debe contar con un timón fuerte que tenga clara la dirección y que no se doblegue ante la más mínima tormenta. Este barco debe ser dirigido sólo por un pueblo consciente y organizado.
Es de suma importancia la creación de un partido que vele por los verdaderos intereses de las mayorías y no sólo de los poderosos.
A las puertas de la marcha ciudadana masiva del 15 de noviembre, el mensaje de la sociedad parece claro: México no necesita más simulaciones, sino respuestas reales. Si el gobierno persiste en maquillar las cifras y manipular los mensajes, corre el riesgo de perder no sólo la confianza de los ciudadanos, sino también el control político de todo un país.
La violencia, por ahora, sigue siendo el reflejo más brutal de un país que no encuentra paz. Y la simulación, su sombra más persistente. La invitación es a organizarse, a educarse y hacer conciencia de que el gigante ha despertado y ningún mal gobierno podrá detenerlo.
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