• Habitantes exigen atención urgente ante rezagos crónicos que afectan infraestructura básica y salud
Han transcurrido ya cuatro años del actual gobierno estatal (Morena-PT-Nueva Alianza). Cuatro años en que las carencias de miles de hidalguenses siguen sin solución y las condiciones de pobreza y abandono no han hecho más que incrementarse.
El gobierno presume una reducción de la pobreza del 9.8 % entre 2020 y la última medición, pasando de 50.8 % a 41 %. Sin embargo, la realidad de las familias hidalguenses dista mucho de ese discurso: 895 mil hidalguenses reciben ingresos que no alcanzan para adquirir dos canastas básicas, cifra que representa el 71 % de quienes reportan ingresos y que coloca a Hidalgo cuatro puntos por encima del promedio nacional (datos de 2025).
Mientras el gobierno anuncia programas y recursos, comunidades enteras siguen sin agua potable y, paradójicamente, algunas localidades del Mezquital sólo reciben las aguas negras del Valle de México.
La pobreza no es un número en un informe: es la carencia de millones. Además, casi tres de cada diez pachuqueños viven en situación de pobreza, y en municipios como Xochiatipan, considerado el más pobre del estado, el 88.27 % de su población, 17 mil 101 personas, vive en esa condición, de acuerdo con datos de Coneval.
Una de las promesas incumplidas por el gobierno estatal es la escrituración para miles de familias, para quienes sigue siendo un anhelo inalcanzable.
El estado de Hidalgo registra un rezago de 224 mil 369 viviendas propias sin escritura, cifra que representa el 3.2 % del total nacional de hogares sin certeza jurídica (datos de 2026). Cuatro años de trámites burocráticos, de promesas incumplidas y de inacción gubernamental y las familias siguen sin certeza jurídica.
Otro pendiente del gobierno de Hidalgo: las obras de pavimentación, rehabilitación y construcción de caminos y carreteras siguen sin materializarse. El gobierno anuncia inversiones millonarias —más de ocho mil 509 millones de pesos en obras públicas durante 2025, según cifras de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus)—, pero en los hechos, las comunidades siguen esperando. Y cuando llegan las lluvias, el desastre se repite.
El acceso al agua potable y al drenaje sigue siendo una carencia profunda. El estado apenas trata el 22.7 % de sus aguas residuales, ocupando el tercer lugar con menor índice de tratamiento a nivel nacional (datos de la Conagua, 2026).
Mientras el gobierno anuncia programas y recursos, comunidades enteras siguen sin agua potable y, paradójicamente, algunas localidades del Mezquital sólo reciben las aguas negras del Valle de México.
El gobierno se ufana de una tasa de desocupación de apenas 1.5 % (Inegi, marzo 2025). Pero esa cifra es un espejismo: un millón 100 mil personas trabajan sin afiliación a la seguridad social, lo que afecta al 75 % de la población ocupada. El empleo informal y precario no es empleo digno.
Y mientras tanto, la inseguridad crece. El 65.5 % de los hidalguenses se siente inseguro (Envipe 2025, Inegi). El 91.7 % de los delitos no se denuncian (Envipe 2025, Inegi). El propio gobernador reconoció un aumento del 4.8 % en la incidencia delictiva.
La inseguridad no es un problema nacional: es una realidad que el gobierno estatal no ha sabido enfrentar.
A pesar de los anuncios de inversión —378 millones de pesos en infraestructura médica, según el Tercer Informe de Gobierno—, los habitantes denuncian falta de medicamentos, insumos y atención adecuada.
En promedio, cada hogar gasta seis mil 387 pesos anuales en servicios médicos (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 2025), mientras las clínicas carecen de lo básico. Hay denuncias de negación de servicios a mujeres en trabajo de parto por "falta de médicos". La salud no es un privilegio: es un derecho que el gobierno está negando.
Cuatro años han sido suficientes. Cuatro años de discursos, de cifras maquilladas, de promesas vacías. Las familias hidalguenses necesitan certeza jurídica, vivienda digna, infraestructura que prevenga desastres, servicios básicos, empleo bien remunerado, seguridad y atención médica de calidad.
El 4 de septiembre protestaremos en la capital hidalguense. Para que el gobierno de Hidalgo nos escuche. Para que las familias hidalguenses tengan las condiciones de vida que merecen. No es un capricho: es una exigencia.
¡Súmate! ¡Exijamos obras y soluciones!
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