Padres y maestros expresan temores ante decisiones oficiales que dejan en duda la cobertura de las necesidades escolares
Para miles de familias, el inicio de clases significa no sólo comprar útiles y uniformes, sino también tener que cooperar con las escuelas para sostener los planteles educativos, ante el bajo presupuesto público que se destina a su funcionamiento, un gasto a veces difícil de asumir. Las recientes declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y de la titular de la SEV, Claudia Tello Espinoza, instando a los padres de familia a no pagar las cuotas escolares voluntarias, han abierto una discusión sobre el funcionamiento de las escuelas, la economía familiar y la calidad de la educación. Algunas opiniones al respecto se recogen en este texto.
“La gratuidad no puede ser sinónimo de infraestructura colapsada, falta de material didáctico básico y entornos poco propicios para la enseñanza”.
En este sentido, el maestro Luis Prudencio Galindo, docente de la escuela Humberto Aguirre Cruz con dieciséis años de experiencia, denuncia que la medida gubernamental, aunque bien intencionada, carece de un plan de contingencia para que sean atendidas las necesidades de las escuelas de todos los niveles que dependen de estas cuotas para sobrellevar el día a día, lo que podría generar una crisis operativa en los planteles.
Como educador que está diariamente en el aula, ¿cuáles cree que serían las consecuencias inmediatas para el funcionamiento de la escuela y cuáles, a largo plazo, si no hay aportaciones voluntarias de los padres?
Las aportaciones de los padres de familia al inicio de cada ciclo escolar son muy importantes para el mantenimiento y buen funcionamiento de las escuelas, porque implican costos fijos como pago de servicios básicos, internet y mantenimiento. Al no tener estos recursos económicos, necesariamente la Secretaría de Educación tendría que cubrir esos gastos; sin embargo, la titular de la SEV no lo dice y ya hemos preguntado en las supervisiones escolares y tampoco tienen claridad de cómo se afrontarán esos gastos.
Desde su perspectiva, ¿cómo se ha manejado en la práctica el concepto de “cuota voluntaria”? ¿Cree que la declaración de la titular de la SEV clarifica la situación para los padres o genera más confusión y potenciales conflictos entre las familias y la dirección de la escuela?
Los padres de familia están conscientes desde hace años de que las cuotas se ocupan para el mantenimiento y buen desempeño de las escuelas, pero con la declaración de la gobernadora y de la secretaria de la SEV de no cobrar alguna cuota, se puede generar inconformidad entre los padres de familia y potencialmente un problema entre éstos y los docentes o los directores de las escuelas; parece como si se quisiera que nos peleáramos entre nosotros para que el gobierno se pueda lavar las manos de los problemas que hay en las escuelas.
Desde su experiencia, ¿cuál considera que es la solución más viable?
Que el Estado sea el encargado de subsanar ese déficit y que al inicio de cada ciclo escolar deposite una cantidad que cubra todos los gastos de las escuelas; esto incluye material de limpieza, recursos materiales, mantenimiento y pago de servicios. O bien, que exista un mecanismo de coordinación entre la dependencia o los padres de familia, las supervisiones o como ellos quieran, pero que los gastos que se generan diariamente estén garantizados.
¿Qué llamado haría a las autoridades educativas y al gobierno estatal?
Al gobierno le exigimos que se preocupe por la educación de los alumnos, que destine maestros y personal que hace falta, material educativo y capacitación para maestros. Y que deje de confrontar a los padres de familia y personal de las escuelas. Porque el rol que ambos juegan es vital para los niños y jóvenes, y ambos sectores están haciendo su parte; falta que se sienta mayor compromiso de las autoridades que manejan el presupuesto estatal y que están obligados por ley a garantizar educación de calidad.
¿Quién se encargará de los gastos?
El gobierno estatal utiliza un argumento sensible para ganarse el apoyo de los padres de familia porque saben que es un tema sensible: año con año, mamás y papás que tienen hijos en las escuelas se truenan los dedos para ver de dónde reunir el dinero que se necesita para garantizar la educación de sus hijos. Y aunque, para muchos, la medida de la gobernadora representa un respiro para la economía de las familias, hay padres que se cuestionan qué pasará ahora con las escuelas, quién se encargará de los gastos que tienen.
Para entender esta perspectiva cotidiana, hablamos con Luz María Ochoa Dorantes, madre de un niño en primaria en Xalapa.
¿Cree que la propuesta de no pagar cuotas es una medida que aliviará realmente la economía de su familia o teme que a la larga perjudique la calidad de la educación de su hijo por falta de recursos en la escuela?
Por el momento quizás sí nos ayude a los papás, pero a la larga terminará afectando el desempeño escolar de los niños precisamente por falta de recursos indispensables para nuestros hijos en las escuelas, ya que los planteles necesitan mantenimiento para mantenerse en óptimas condiciones y no se sabe quién o cómo se harán cargo de eso.
¿Confía en que el gobierno estatal pueda reemplazar de manera inmediata y transparente todos los recursos que la escuela pierda si se dejan de pagar las cooperaciones?
No es confiable. Si hasta el momento hay necesidades en las escuelas y no dan respuestas inmediatas, no creo que ahora vayan a atenderlas de manera rápida, porque en muchos casos llevamos varios años gestionando y pidiendo al gobierno que invierta en la infraestructura y en mejores condiciones para nuestros hijos, pero no vimos respuesta favorable ni con el anterior gobierno ni con el actual.
En su experiencia, ¿las cuotas escolares han sido realmente “voluntarias” o ha sentido presión social o institucional para pagarlas?
Sí, nosotros como padres estamos conscientes de que las escuelas también tienen gastos que ir cubriendo, casi siempre las decidimos nosotros en reuniones de todos los padres; se nos exponen los problemas que hay en las escuelas y decidimos cooperar, aunque no tengamos ingresos estables ni suficientes, lo hacemos porque es la educación de nuestros hijos y porque no vemos que el gobierno se preocupe por las escuelas.
¿Cree que esta declaración cambiará esa dinámica?
Podría cambiarla, pero estaría afectando a los estudiantes; los papás conscientes no van a caer fácilmente en el engaño, porque aunque nos ahorremos unos cuantos pesos, nuestros hijos se verán muy afectados. Lo que estaría bien es que el gobierno cubriera todos los gastos de las escuelas, pero no creemos que lo vayan a hacer.
En su opinión, ¿la solución ideal es que el Estado cubra el 100 % de los gastos de la escuela para que no se pague nada o prefiere un modelo de cooperación voluntaria, pero con total transparencia en el uso de los fondos?
Estaría muy bien que el gobierno cubriera el 100 % de los gastos, pero no creo que eso suceda y es buena opción la cooperación voluntaria, siempre y cuando haya transparencia en el uso del recurso de las cuotas.
La gobernadora debería ser más coherente con las decisiones que toma de acuerdo con las necesidades de los planteles educativos. No puede ser que de un año para otro nos digan algo totalmente contrario sin tener un plan. Si quitan las cuotas, que se aseguren de que a la escuela no le falte nada. Al final, los que salen perjudicados son nuestros hijos.
El debate, por tanto, se encuentra atrapado en una encrucijada de principios igualmente válidos, pero en aparente conflicto. Por un lado, está el derecho irrenunciable a una educación pública y gratuita, consagrado en la ley. Para muchas familias, el llamado de la secretaria de la SEV, Claudia Tello, es una reivindicación y un alivio económico tangible en un contexto de precariedad. Se esgrime el argumento de que cualquier cuota, por “voluntaria” que se declare, puede generar presión social y convertirse en una barrera de acceso encubierta, vulnerando el principio de gratuidad.
Por otro lado, choca frontalmente con el derecho a recibir una educación de calidad en condiciones dignas. Este es el argumento que esgrimen los padres de familia y gran parte de la comunidad educativa. La pregunta crucial que plantean es: ¿de qué sirve el acceso a una escuela gratuita si sus condiciones materiales son tan deficientes que el aprendizaje se resiente? La gratuidad no puede ser sinónimo de infraestructura colapsada, falta de material didáctico básico y entornos poco propicios para la enseñanza.
Este conflicto expone la cruda realidad del subfinanciamiento crónico del sistema educativo. Las escuelas públicas se han visto obligadas a llenar, con las cuotas “voluntarias”, el vacío que deja un presupuesto oficial que a menudo sólo alcanza para lo más esencial: los salarios docentes. La medida de la secretaria Claudia Tello, al cortar este flujo de recursos sin ofrecer una alternativa viable, no resuelve el problema de fondo; simplemente traslada la crisis desde la economía familiar a la infraestructura escolar, creando un efecto boomerang que, tarde o temprano, afectará de nuevo al estudiante.
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