• El alza del 12.3 % en insumos educativos asfixia a millones de trabajadores frente al nuevo ciclo escolar
El derecho humano a la educación se encuentra consagrado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece de manera categórica que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado, Federación, estados, Ciudad de México y municipios, garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, siendo esta última obligatoria en los términos de la ley y, en todos los casos, impartida y cursada de forma totalmente gratuita.
En total, una familia destina cerca de 10 mil 916 pesos tan sólo para cubrir el arranque escolar de un hijo.
Sin embargo, en el México actual, este mandato constitucional choca frontalmente con la realidad económica que enfrentan millones de familias trabajadoras, donde la promesa de la gratuidad escolar se desvanece ante el peso implacable de la pobreza estructural y el encarecimiento de la vida cotidiana.
Cada temporada de regreso a clases se transforma en una prueba de supervivencia financiera para los hogares de la clase trabajadora. De acuerdo con los monitoreos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, los costos de los insumos educativos acumularon un incremento interanual del 12.3 %. Adquirir la lista básica de útiles escolares demanda hasta 3 mil 386 pesos, mientras que la compra de uniformes y calzado absorbe hasta 4 mil 400 pesos.
A ello se suman las cuotas escolares obligatorias impuestas por las asociaciones de padres de familia, que promedian mil 200 pesos, y los gastos en artículos de limpieza e higiene solicitados por los planteles, los cuales ascienden a 329 pesos por estudiante.
En total, una familia destina cerca de 10 mil 916 pesos tan sólo para cubrir el arranque escolar de un hijo, una cifra que contrasta con los ingresos reales de la base trabajadora.
El panorama salarial y laboral profundiza esta asfixia económica. Según los tabuladores oficiales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo general vigente en 2026 se ubica en 315.04 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de 9 mil 451.20 pesos en la mayor parte del país, y de 440.87 pesos diarios, o 13 mil 226.10 pesos mensuales, en la Zona Libre de la Frontera Norte.
No obstante, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Inegi revelan que durante julio de 2026 la tasa de desempleo nacional se situó en 2.9 %, pero el indicador verdaderamente alarmante radica en la informalidad laboral, la cual abarca al 56.2 % de la población ocupada, es decir, 34.1 millones de mexicanos que carecen de seguridad social, prestaciones de ley y estabilidad de ingresos.
Para un empleado que sobrevive en la economía informal o que percibe un salario mínimo, cubrir el costo íntegro de un regreso a clases representa comprometer más de un mes de trabajo entero únicamente en gastos escolares.
Para amortiguar este golpe, el Gobierno federal implementa a través de la Secretaría de Bienestar el sistema de becas universales, pero a pesar de lo prometido en los discursos sobre el programa La Escuela es Nuestra —que prometía distribuir fondos directamente a los comités escolares para que a todas las escuelas les tocara una parte—, el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030, demuestra que para este periodo se registró una reducción del 0.5 % en términos reales en el presupuesto destinado a la infraestructura educativa nacional, acumulando además recortes del 3 % específicos para la educación media superior en el paquete económico de 2026.
Dotar a las escuelas públicas de presupuestos pulverizados mientras se otorgan apoyos monetarios insuficientes frente a la vorágine inflacionaria convierte el acceso a la educación en una ficción.
Las comunidades escolares carecen de talleres equipados, laboratorios funcionales y espacios dignos, obligando a los padres a sufragar carencias que el Estado elude.
Así, mientras las cifras macroeconómicas presumen estabilidad laboral y programas sociales amplios, el derecho constitucional a una educación verdaderamente gratuita se aleja cada día más de las aulas, convirtiéndose en un privilegio condicionado por la capacidad de pago de los sectores más empobrecidos de la sociedad mexicana. Una razón más para que los padres e hijos de la clase trabajadora nos pongamos a luchar.
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