• Extraer manganeso reduce cinco puntos del coeficiente infantil en Hidalgo
Karl Marx lo enunció con precisión quirúrgica: el capitalismo, en su lógica de acumulación desmedida, destruye sistemáticamente sus dos principales fuerzas de riqueza: la tierra y el trabajador.
Sin embargo, en la región minera de Molango, Hidalgo (sólo un caso muestra de lo que se replica en otras regiones del mundo), esta devastación no se detiene en el agotamiento del suelo ni en el desgaste físico del minero; desborda el tajo y se enquista en las aulas, en los juegos y en el futuro cognitivo de los hijos de esos trabajadores.
La minería ha sido, desde la Colonia, el motor de acumulación de las grandes fortunas del país, a costa de la salud y la vida de las comunidades.
Allí, la profecía de Marx se vuelve aún más brutal: el capital ya no sólo devora la fuerza laboral del presente, sino que envenena la inteligencia de las generaciones que deberían relevarla.
La Sierra de Hidalgo, específicamente la región de Molango, es una de ellas. Allí, la lógica del lucro no sólo erosiona el medio ambiente y exprime la fuerza de trabajo de los mineros, sino que está robando, en silencio y de manera científicamente documentada, algo mucho más profundo: la capacidad intelectual de los hijos de esos trabajadores.
Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) analizó a 108 niñas y niños de entre siete y once años de comunidades rurales de la zona minera de Molango y encontró una asociación directa entre la exposición a metales presentes en el aire —producto de décadas de extracción de manganeso— y una disminución de hasta 5.32 puntos en el coeficiente intelectual de ejecución, que abarca habilidades como la atención, la memoria, el aprendizaje y la capacidad para resolver problemas.
La mezcla de metales que inhalan a diario estos menores, proveniente de las partículas finas suspendidas en el aire (PM 2.5), penetra profundamente en sus organismos y les arrebata, punto por punto, su futuro cognitivo.
En Molango opera una de las mineras más importantes del país, especializada en la extracción de manganeso, e Hidalgo es el primer lugar nacional en la producción de este mineral, con 799 mil 893 toneladas generadas sólo durante 2024.
La empresa no sólo continúa operando, sino que ha recibido autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar la explotación hasta el año 2078, con una inversión de mil 153 millones de pesos que abarca más de 10 mil hectáreas.
Es decir: mientras la ciencia alerta sobre el daño irreversible a la infancia, el gobierno, servil a las clases poderosas, concede permisos para que el saqueo se prolongue por medio siglo más.
La historia de esta región es la historia del capitalismo extractivo en su expresión más depredadora. La minera comenzó operaciones en 1953, bajo el impulso de capitales nacionales y estadounidenses.
Desde entonces, el modelo no ha variado: las ganancias se privatizan, las pérdidas —ambientales, sanitarias, humanas— se socializan. Los pobladores de al menos diez comunidades en Molango, Tlanchinol y Tepehuacán de Guerrero han padecido el desgaste medioambiental de las actividades extractivas, mientras la empresa reporta ganancias millonarias.
Los testimonios son elocuentes: descargas de químicos al río Claro, contaminación de arroyos, un territorio que ha sido despojado sistemáticamente de su riqueza natural a cambio de miseria y enfermedad.
Lo que ocurre en Molango no es un caso aislado, sino un ejemplo emblemático de una lógica que atraviesa cinco siglos de historia mexicana. La minería ha sido, desde la Colonia, el motor de acumulación de las grandes fortunas del país, a costa de la salud y la vida de las comunidades.
Hoy, las diez empresas mineras que dominan la riqueza de México —entre ellas las de Germán Larrea, la familia Baillères y Carlos Slim— concentran ingresos anuales conjuntos que superan los 517 mil millones de pesos. Esa es la cifra que se contrapone a los 5.32 puntos de coeficiente intelectual que pierden los niños de Molango.
El capitalismo, en su fase extractiva, no sólo explota la fuerza de trabajo de los adultos; devora literalmente el capital humano del futuro. Los mineros de la región entregan su salud y su seguridad a cambio de un salario, pero sus hijos, que no han elegido estar allí, pagan el precio más alto: ven mermada su capacidad para aprender, para planificar, para resolver problemas.
Y el sistema no sólo lo permite, sino que lo perpetúa con la complicidad de un marco legal que prioriza los permisos mineros por encima de la protección infantil.
Los investigadores del INSP han sido claros: es urgente reforzar la vigilancia ambiental en regiones mineras, fortalecer la percepción del riesgo entre la población e implementar medidas preventivas para proteger la salud infantil.
Pero estas recomendaciones, en el marco de un capitalismo desregulado y depredador, chocan contra el muro de los intereses económicos. Mientras la ganancia sea el único horizonte, mientras la expansión minera hasta 2078 sea vista como un logro de inversión y no como una condena para generaciones enteras, los niños de Molango, como muchos otros en el mundo, seguirán siendo los damnificados invisibles de un sistema que los sacrifica en el altar del lucro.
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