El estado registra una informalidad laboral de 79.9 %, lo que deja a ocho de cada diez trabajadores sin este derecho
Aunque el derecho a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en Oaxaca es poco conocido, es importante que lo conozcamos porque se trata de un derecho que tenemos y con el que podemos aspirar a vivir mejor.
Las utilidades son producto directo del trabajo colectivo de miles de hombres y mujeres. Sin trabajadores no existirían ganancias.
De aquí mi propósito de abordar el tema, para que despierte la curiosidad de saber por qué hay tanta marginación y pobreza en Oaxaca y por qué, en contraste, personas de otros estados viven mejor; por qué hay quienes sí tienen acceso al IMSS, al Issste, por qué hay quienes sí pueden ahorrar su dinerito en las cajas de ahorro o en los bancos y preguntarnos por qué los oaxaqueños emigramos a otras partes de la república o al extranjero si queremos mucho nuestra tierra.
Cada año, millones de trabajadores mexicanos esperan el pago de las utilidades, que es un derecho conquistado gracias a décadas de lucha obrera y que está reconocido tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la realidad demuestra que entre lo que dice la ley y lo que ocurre en los centros de trabajo existe una enorme distancia. Veamos.
El reparto de utilidades surgió con la idea de que los trabajadores recibieran una parte de la riqueza que ayudan a generar con su esfuerzo diario; es decir, los trabajadores que están en las fábricas o en las tiendas grandes, gracias a su trabajo al operar las herramientas y las máquinas de una industria, generan una cierta ganancia que se da gracias al trabajo humano.
Por eso, en México este derecho fue incorporado a la Constitución de 1917 como resultado de las demandas de justicia económica planteadas por quienes entendían que la producción no depende únicamente de los que tienen el dinero para poner una fábrica, sino también, y fundamentalmente, del trabajo humano.
La ley establece que los trabajadores tienen derecho a recibir el 10 % de las utilidades netas obtenidas por las empresas. Sin embargo, incluso si este porcentaje se cumpliera cabalmente, seguiría existiendo una profunda desigualdad porque quienes producen toda la riqueza reciben apenas una pequeña parte, mientras que el 90 % restante queda en manos de los dueños de los medios de producción.
Pero la injusticia no termina ahí. El problema es todavía más grave porque, en los hechos, una gran cantidad de empresas ni siquiera cumplen con ese reducido porcentaje, pues mediante maniobras contables, declaraciones que reportan pérdidas o ganancias mínimas y diversos mecanismos de simulación, miles de patrones evitan entregar a sus trabajadores lo que legalmente les corresponde.
Esta situación evidencia una realidad que nuestra organización, el Movimiento Antorchista Nacional, ha denunciado desde hace años, puesto que en nuestro país las leyes laborales suelen aplicarse con rigor para los trabajadores, pero con enorme flexibilidad cuando se trata de los grandes intereses económicos.
Es decir, mientras el obrero debe cumplir horarios, metas y obligaciones estrictas, muchos empresarios encuentran la manera de eludir responsabilidades sin enfrentar consecuencias significativas.
A ello se suma la falta de vigilancia efectiva por parte de las autoridades, porque aunque existen instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley, en la práctica la inspección es insuficiente y permite que continúen los abusos. De esta manera, el derecho al reparto de utilidades termina convirtiéndose, para miles de trabajadores, en una promesa incumplida.
Además, las reformas recientes tampoco han favorecido plenamente a los asalariados porque la imposición de topes al pago de utilidades ha significado, en muchos casos, una protección adicional para las ganancias empresariales.
Es decir, cuando las empresas obtienen enormes beneficios económicos, los trabajadores no reciben una participación proporcional en esa riqueza que ayudaron a generar.
Y en Oaxaca, hablar del reparto de utilidades es hablar de un derecho que para la mayoría de los trabajadores simplemente no existe. Pues, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la entidad registra una tasa de informalidad laboral de 79.9 %, una de las más altas del país.
Esto significa que ocho de cada diez trabajadores laboran sin acceso a prestaciones, seguridad social o participación en las ganancias de las empresas. Es decir, mientras la ley reconoce el derecho de los trabajadores a recibir una parte de la riqueza que generan, la realidad muestra que la inmensa mayoría ni siquiera tiene la posibilidad de reclamarlo.
La contradicción se vuelve más evidente cuando se observan los indicadores económicos del estado. Tan sólo en 2025, Oaxaca recibió más de 6.2 millones de turistas y generó una derrama económica superior a 23 mil millones de pesos, según datos de la Sectur, mientras que durante el primer trimestre de 2026 destinos como Puerto Escondido concentraron más del 60 % de la derrama turística estatal.
Sin embargo, detrás de los récords de ocupación hotelera, restaurantes llenos y festivales internacionales, miles de trabajadores del sector servicios continúan percibiendo salarios bajos, contratos temporales o condiciones laborales que los mantienen lejos de cualquier beneficio derivado de las ganancias que ayudan a producir.
Quizá por eso Oaxaca sigue siendo una tierra de migrantes, donde cada año miles de jóvenes abandonan sus comunidades para buscar oportunidades en el norte del país o en Estados Unidos. No migran porque les guste dejar atrás a sus familias, sino porque el trabajo local no les garantiza ingresos suficientes para construir un proyecto de vida.
Esto confirma que mientras la riqueza crece en ciertos sectores de la economía, la pobreza laboral, la informalidad y la migración continúan marcando el destino de buena parte de la población.
El problema de fondo es que vivimos en un sistema donde la riqueza se concentra cada vez más en pocas manos, pese a que los trabajadores son quienes producen los bienes, construyen la infraestructura, operan las fábricas, cultivan los alimentos y prestan los servicios que hacen funcionar a la sociedad. Sin embargo, son precisamente ellos quienes reciben la menor parte de los beneficios económicos.
Por eso resulta equivocado presentar el reparto de utilidades como una dádiva o como un acto de buena voluntad empresarial. Las utilidades son producto directo del trabajo colectivo de miles de hombres y mujeres. Sin trabajadores no existirían ganancias y, por lo tanto, lo justo sería que la riqueza generada se distribuyera de una manera mucho más equitativa.
Otro obstáculo importante es la ausencia de organizaciones sindicales verdaderamente comprometidas con la defensa de los trabajadores. En muchos centros laborales predominan sindicatos subordinados a los intereses patronales que, lejos de informar y organizar a los obreros, contribuyen a mantenerlos desmovilizados y desinformados.
Por ello, el Movimiento Antorchista sostiene que la defensa efectiva de los derechos laborales requiere organización, conciencia y participación activa de los propios trabajadores. Ninguna conquista social se ha obtenido por la buena voluntad de los grupos poderosos económicamente; todas han sido resultado de la lucha organizada de quienes producen la riqueza.
Por eso debemos pugnar porque gobierno y empresas generen fuentes de trabajo, pero que también respeten la ley, que les den lo justo a los trabajadores, pero organizados.
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