El Movimiento Antorchista llama a organizarse y luchar para que las familias trabajadoras tengan acceso a un terreno y una vivienda digna; la crisis habitacional demuestra que, incluso en países desarrollados, millones de personas son excluidas de un derecho elemental.
El Movimiento Antorchista sostiene que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y que las autoridades están obligadas a generar las condiciones para garantizarla, no como una dádiva ni como un privilegio reservado para quienes tienen dinero, sino como un derecho fundamental. Para la organización, la crisis habitacional que padecen millones de familias en México y en el mundo es consecuencia de un modelo económico que ha convertido la vivienda y el suelo en mercancías cada vez más inaccesibles para los trabajadores. Por ello, Antorcha llama a las familias a organizarse y luchar por un terreno donde puedan construir su patrimonio, por servicios básicos y por políticas públicas que coloquen las necesidades de la población por encima de los intereses económicos.
La crudeza de esta realidad volvió a hacerse visible en España con el caso de la señora María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda donde había vivido durante décadas y que falleció este 7 de octubre, esto ha provocado indignación y protestas en Madrid. La mujer había sido desalojada el pasado 23 de septiembre y su muerte volvió a poner en el centro del debate la situación de las personas mayores frente al encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder a un hogar.
Más allá de las circunstancias particulares de este caso, resulta imposible no preguntarse qué clase de sociedad permite que una persona llegue a la vejez y termine en la calle después de toda una vida. Una mujer de esa edad no debería tener que enfrentarse al miedo de perder el lugar donde ha construido su historia. Mucho menos debería convertirse su muerte en una estadística más de una crisis habitacional que afecta a millones.
ONU-Hábitat estima que alrededor de 3 mil 400 millones de personas viven en condiciones de vivienda inadecuadas, mientras que más de mil 100 millones habitan en asentamientos informales y más de 300 millones de personas se encuentran en situación de calle. Las cifras muestran que la crisis de vivienda tiene dimensiones mundiales y que afecta tanto a países pobres como a naciones consideradas desarrolladas.
La OCDE también ha documentado la magnitud del problema en sus países miembros. De acuerdo con sus registros, al menos 2.6 millones de personas experimentan falta de vivienda o exclusión habitacional en 37 países de la organización. La cifra, además, puede ser inferior a la realidad, pues contabilizar a las personas que viven en condiciones precarias, de manera temporal o fuera de los sistemas formales resulta complicado.
Esto demuestra una contradicción profunda de nuestro tiempo: mientras una parte reducida de la población concentra enormes fortunas, millones de seres humanos no tienen siquiera garantizado un lugar digno para vivir. Hay ciudades donde se levantan edificios de lujo, desarrollos inmobiliarios millonarios y viviendas cuyo precio resulta inalcanzable para un trabajador promedio, mientras familias enteras sobreviven hacinadas o en las calles.
México tampoco escapa de esta realidad. De acuerdo con la actualización más reciente de la Comisión Nacional de Vivienda, en 2025 existían 8 millones 330 mil 372 viviendas en condición de rezago habitacional, equivalentes al 21 por ciento del parque habitacional del país. En esas viviendas residían aproximadamente 29.7 millones de personas, lo que representa una parte considerable de la población mexicana.
Precisamente en este terreno ha desarrollado su trabajo el Movimiento Antorchista durante más de 50 años. La organización afirma que miles de familias mexicanas han conseguido un terreno, servicios básicos o una vivienda mediante la lucha organizada. Pero también recuerda que este camino ha estado marcado por obstáculos, enfrentamientos con intereses locales y cacicazgos, así como por la pérdida de compañeros que participaron en distintas luchas sociales.
Para Antorcha, esta experiencia demuestra que las familias humildes no pueden enfrentar individualmente un problema que tiene causas estructurales. Una familia cuyo salario apenas alcanza para alimentarse, trasladarse y pagar servicios difícilmente puede reunir el dinero necesario para comprar un terreno a los precios actuales y posteriormente construir una vivienda.
Por eso, sostiene que la política habitacional debe cambiar de orientación. No basta con anunciar créditos que muchas familias no pueden pagar ni construir desarrollos alejados de los centros de trabajo y sin servicios suficientes. Se requiere suelo accesible, regularización, infraestructura, agua potable, drenaje, electricidad, pavimentación y programas de vivienda dirigidos realmente a quienes menos tienen.
La humanidad no puede ser indiferente ante esta realidad. Tener un hogar significa contar con un espacio para vivir, descansar, criar a los hijos y construir un patrimonio; significa seguridad, dignidad y pertenencia. Por ello, el llamado del Movimiento Antorchista es a no resignarse y a organizarse para defender ese derecho.
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