La edificación de interés social se ha reducido 60 % en Durango
Durango, Dgo. La edificación de vivienda en México se mantiene en un prolongado estancamiento, sin mostrar señales de recuperación pese al elevado déficit habitacional y la fuerte demanda existente, de acuerdo con datos oficiales.
Las cifras del Registro Único de Vivienda (RUV) revelan una caída sostenida desde 2015. Ese año se construyeron 301 mil 886 viviendas formales, cifra que se desplomó a 151 mil 444 en 2020.
La tendencia a la baja ha continuado: 135 mil 647 viviendas en 2022, 130 mil 996 en 2023, 128 mil 142 en 2024 y apenas 124 mil 793 en 2025, con datos al cierre de noviembre. Esto representa una reducción de más del 58 % en la producción del sector formal en diez años.
La tendencia nacional se refleja con mayor severidad a nivel local. En Durango, por ejemplo, se estima un déficit de 80 mil viviendas, mientras que la producción anual formal no supera las mil 300 unidades, una cantidad muy inferior a las necesidades reales de la población.
El sector más afectado es el de la vivienda de interés social, cuya construcción ha disminuido hasta en un 60 %. Esta contracción ha incrementado la presión sobre el mercado de rentas, ha impulsado la autoconstrucción y ha agravado el rezago habitacional en los segmentos de menores ingresos.
Desde el Movimiento Antorchista en Durango, se ha señalado que estas cifras confirman “un abandono histórico” por parte de los tres niveles de gobierno hacia las familias de escasos recursos.
La organización sostiene que la falta de políticas públicas enfocadas en la vivienda popular y digna es la causa principal del aumento de la informalidad y el hacinamiento, exigiendo una intervención estatal urgente y directa para crear programas masivos de construcción y créditos blandos.
Paralelamente al desplome del sector formal, se estima que en el país se construyen alrededor de 1 millón de viviendas al año de manera informal.
Estas viviendas, a menudo carentes de servicios básicos y condiciones habitables plenas, no resuelven el déficit de manera adecuada y generan nuevos problemas.
El crecimiento de la informalidad incrementa la presión sobre los municipios para dotar de servicios públicos, lo que deriva en un desarrollo urbano desordenado y en la expansión de asentamientos precarios en todo el país.
La situación plantea un escenario crítico que, sin incentivos específicos, mecanismos de financiamiento accesibles y una mayor coordinación institucional, amenaza con ampliar aún más la brecha habitacional en México.
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