• Alquilar casa exige destinar gran parte del salario, pues las rentas promedian los 7 mil pesos mensuales en Colima
Tener un lugar digno donde vivir debería ser una de las condiciones más elementales para cualquier familia. Sin embargo, para miles de mexicanos, contar con un terreno o una vivienda propia se ha convertido en una aspiración cada vez más difícil de alcanzar. El problema de la vivienda no es nuevo, pero se agrava año con año y golpea, principalmente, a quienes viven de su trabajo y tienen menores ingresos.
Mientras para algunos la vivienda representa una inversión y una fuente de ganancias, para millones de trabajadores representa una lucha diaria.
Ante la imposibilidad de comprar una casa o adquirir un terreno, miles de familias han tenido que recurrir al alquiler como única alternativa. Pero incluso esta opción comienza a ser inaccesible. Las rentas aumentan mientras los salarios de los trabajadores no crecen al mismo ritmo, obligando a muchas familias a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos solamente para poder tener un techo.
En Colima, esta realidad comienza a adquirir dimensiones preocupantes. De acuerdo con información publicada por Portal Colimote, el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, Luis Enrique Cruz García, señaló que el costo de las rentas en la entidad ha aumentado entre 7 % y 8 %, un incremento que representa prácticamente el doble de la inflación anual.
Actualmente, señala la información, la renta promedio de una vivienda en Colima ronda los 7 mil pesos mensuales, mientras que en Manzanillo puede alcanzar los 20 mil pesos o más.
Y todo indica que el problema puede continuar agravándose.
“El crecimiento económico de Manzanillo, particularmente el relacionado con el puerto, la actividad industrial y comercial y la llegada de empresas mediante el fenómeno conocido como nearshoring, está generando una mayor demanda de vivienda. Más trabajadores y empresas significan también una mayor presión sobre el mercado inmobiliario. El problema es que, cuando la vivienda se convierte principalmente en una mercancía sometida a las leyes de la oferta y la demanda, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias trabajadoras”.
La situación es todavía más contradictoria si observamos que mientras se habla de crecimiento económico y desarrollo, miles de familias no tienen un lugar digno donde vivir.
¿De qué sirve que lleguen grandes inversiones si los trabajadores que sostienen esas actividades no pueden acceder a una vivienda adecuada? ¿De qué sirve hablar de desarrollo si una familia tiene que gastar buena parte de su salario únicamente para pagar una renta?
Aquí aparece uno de los grandes pendientes de los gobiernos federal y estatal: garantizar verdaderamente el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.
El artículo cuarto de la Constitución establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. No obstante, entre lo que establece la Constitución y lo que viven diariamente millones de mexicanos existe una enorme distancia.
Las llamadas “Casas del Bienestar” tampoco representan, por sí mismas, una solución de fondo. Construir viviendas pequeñas, sin considerar las necesidades reales de una familia y bajo esquemas que pueden resultar inaccesibles para quienes menos tienen, no resuelve el problema estructural. Se corre el riesgo de presentar como una gran solución lo que en realidad es apenas un paliativo.
Una política seria de vivienda tendría que contemplar no solamente la construcción de casas, sino también terrenos accesibles, servicios básicos, espacios suficientes, infraestructura urbana y condiciones económicas que permitan a las familias vivir dignamente.
Pero hay otra pregunta que tampoco podemos dejar de lado: ¿qué ocurre con las familias que ya tienen una vivienda? Tener cuatro paredes y un techo no significa necesariamente vivir dignamente. De acuerdo con información publicada por Periódico Avanzada de Colima, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi, en Colima todavía existen alrededor de tres mil 721 viviendas con piso de tierra, equivalentes al 1.54 % de las 241 mil 824 viviendas estimadas en el estado.
Es decir, incluso dentro de las estadísticas de quienes cuentan con una vivienda, persisten condiciones que muestran las enormes carencias de miles de familias.
Por eso, el problema de la vivienda no puede reducirse a contar cuántas casas se construyen. Hay que preguntarse quién puede acceder a ellas, cuánto cuestan, en qué condiciones se encuentran y si realmente permiten a una familia vivir con dignidad.
Desde esta perspectiva, el problema de la vivienda también revela las profundas desigualdades económicas que existen en nuestro país. Mientras para algunos la vivienda representa una inversión y una fuente de ganancias, para millones de trabajadores representa una lucha cotidiana por conseguir un espacio donde puedan vivir sus hijos.
En Colima, el Movimiento Antorchista ha hecho de esta lucha una de sus principales banderas. Desde hace más de tres décadas, los antorchistas han organizado a familias que enfrentan esta problemática y han exigido a los gobiernos que cumplan con su obligación constitucional.
La organización y la lucha de las familias han permitido impulsar tres proyectos de vivienda en el estado: uno en Manzanillo, otro en Tecomán y uno más en Colima. Estos proyectos no son regalos ni concesiones; son resultado de la organización de familias que han decidido luchar para conquistar un derecho que les corresponde.
Porque una vivienda digna no debería ser un privilegio para quienes tienen dinero. Debe ser un derecho para quienes trabajan y construyen todos los días la riqueza de nuestro país.
El problema de fondo no se resolverá con discursos, propaganda ni programas que solamente atiendan una pequeña parte de la necesidad. Se requiere una verdadera política social que coloque a las familias trabajadoras en el centro de las decisiones, que garantice acceso a terrenos, vivienda adecuada, servicios públicos y condiciones dignas de vida.
Mientras las rentas continúen aumentando, mientras existan familias sin terreno, mientras haya viviendas con piso de tierra y mientras miles de trabajadores tengan que destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar un techo, no podremos hablar de que el problema de la vivienda está resuelto.
Por eso, el Movimiento Antorchista Colimense continuará organizando y luchando. Porque las familias no piden lujos; piden un lugar digno donde vivir, donde sus hijos puedan crecer y donde puedan construir un futuro.
Ese derecho, establecido en la Constitución, no debe quedar escrito en el papel. Debe convertirse en una realidad para las familias trabajadoras de Colima y de todo México.
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