• El gobierno presume avances, pero 340 mil personas sufren el abandono estatal en regiones como El Mezquital
Durango ha aprendido a medir su fracaso educativo con precisión. Sabe que 30 mil adultos no saben leer ni escribir, que 340 mil arrastran rezago, que en El Mezquital una cuarta parte de la población es analfabeta.
También sabe que los niños llegan a cuarto año de primaria sin comprender lo que leen, que el retraso académico acumulado alcanza los dos años y que los estudiantes de primaria apenas responden correctamente al 39 % de las preguntas en lectura y matemáticas.
La pandemia visibilizó lo que ya existía: una educación que excluye, que reproduce desigualdad, que abandona a los más vulnerables.
El diagnóstico está hecho. Las alarmas suenan con fuerza. Pero el problema no es técnico, es de voluntad política y de prioridades.
El gobierno presume avances: menos niños pasan de grado sin saber leer, el ausentismo docente ha disminuido, el rendimiento académico muestra mejoría sostenida. Son logros, sí, pero resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío.
La meta de izar la "bandera blanca" en 2026 contra el analfabetismo suena bien en los discursos oficiales y en los comunicados de prensa. La realidad, sin embargo, es más tozuda: alfabetizar a 30 mil adultos requiere 30 mil voluntarios, recursos sostenidos y, sobre todo, llegar a quienes viven en las zonas más apartadas, donde el Estado casi no tiene presencia.
La pandemia visibilizó lo que ya existía: una educación que excluye, que reproduce desigualdad, que abandona a los más vulnerables.
Los testimonios de quienes aprenden a leer a los 50 años para ayudar a sus nietos no son simples historias conmovedoras; son la evidencia de un Estado que llegó tarde, demasiado tarde, a quienes más lo necesitaban. Son la prueba palpable de que el sistema educativo abandonó a generaciones enteras, especialmente a mujeres rurales e indígenas que cargan con el peso de la pobreza.
El rezago educativo en Durango no es un problema aislado ni coyuntural. Es el síntoma más evidente de una pobreza estructural que condena a las familias a elegir entre llevar comida a la mesa o enviar a los hijos a la escuela.
Es la expresión de un gobierno federal que ha desmantelado programas para los más vulnerables, y de un estado que, aunque ha encendido las alarmas y movilizado recursos, aún no logra sostener el cambio en el tiempo ni garantizar que los avances lleguen a todos los rincones.
Capacitar docentes, invertir en infraestructura escolar, involucrar a las familias en los procesos educativos, llegar a los últimos rincones de la sierra, diseñar modelos pedagógicos culturalmente pertinentes para las comunidades indígenas: todo eso requiere recursos, sí, pero también convicción política y una visión de Estado que trascienda los ciclos electorales.
No basta con aplicar exámenes estandarizados si después no hay acompañamiento para las escuelas que obtienen los peores resultados. No basta con firmar convenios si los recursos no llegan a las aulas.
El riesgo es que, una vez más, el diagnóstico detallado se convierta en un informe que engrosa los archivos, mientras los niños siguen sin aprender y los adultos siguen sin leer.
La educación no es un gasto, es la única inversión que realmente puede romper el ciclo de la desigualdad. Mientras haya niños que no entiendan lo que leen, jóvenes que abandonan la escuela por falta de recursos y adultos que firman con una cruz por no saber escribir su nombre, Durango no podrá decir que avanza ni que construye futuro.
La deuda con los más pobres, con las comunidades indígenas, con las mujeres rurales, con todas esas personas que fueron excluidas del sistema, no puede seguir esperando. El tiempo se acaba. Las promesas, también.
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