Querétaro suele presentarse como uno de los estados con mayor dinamismo económico del país. Se habla de inversiones, crecimiento industrial, nuevos desarrollos y grandes proyectos de infraestructura.
Sin embargo, detrás de esa imagen existe una realidad que no siempre ocupa el mismo espacio en el discurso oficial: miles de familias siguen enfrentando problemas de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público y otros servicios indispensables.
Por eso, ante la próxima discusión del presupuesto estatal para 2027, vale la pena plantear una pregunta que debería estar en el centro del debate público: ¿a quién beneficia realmente el dinero de los queretanos y cuáles son las necesidades que se consideran prioritarias?
Las cifras permiten dimensionar la importancia de esta discusión. Para 2026, el presupuesto de egresos de Querétaro fue de 64 mil 617 millones de pesos.
De ese monto, el rubro de inversión pública contempló 4 mil 255.7 millones de pesos, equivalentes al 6.59 % del presupuesto total. Además, la clasificación funcional del gasto asignó alrededor de 729 millones de pesos a vivienda y servicios a la comunidad.
Son recursos importantes, pero también obligan a preguntar si están llegando a las colonias y comunidades donde las carencias más elementales continúan sin resolverse (Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro y Portal de Gestión para Resultados, 2026).
La discusión para 2027 también debe partir de las previsiones financieras. En septiembre, el secretario estatal de Finanzas, Gustavo Leal Maya, señaló que el presupuesto del próximo año difícilmente crecería más de 3.8 %.
Por otra parte, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla para Querétaro 52 mil 43.5 millones de pesos de gasto federalizado, frente a los 49 mil 271.9 millones aprobados para 2026.
Esto representa un incremento nominal de 2 mil 771.6 millones de pesos y un crecimiento real estimado de 2.3 %. En este escenario, no basta con anunciar cuánto dinero tendrá el estado.
Lo verdaderamente importante es conocer cómo se distribuirá, qué obras se realizarán, qué municipios recibirán recursos y, sobre todo, qué problemas concretos se atenderán. Un presupuesto puede crecer año con año y, aun así, dejar intactas las condiciones de vida de muchas familias.
No se trata de estar en contra de la inversión privada ni del crecimiento económico: se trata de cuestionar por qué ese crecimiento no se traduce, con la misma fuerza, en mejores condiciones de vida para todos.
Desde hace cinco años, el Movimiento Antorchista ha realizado gestiones ante distintas dependencias para exigir obras y servicios en colonias populares y comunidades de Querétaro.
En ese recorrido hemos encontrado necesidades que no surgieron ayer: calles sin pavimentar, redes de drenaje pendientes, falta de agua potable y alumbrado insuficiente. En algunos lugares, estas demandas llevan décadas esperando una respuesta.
Esta experiencia nos permite observar una tendencia preocupante en las administraciones encabezadas por Acción Nacional: existe una mayor disposición para impulsar proyectos vinculados con la inversión económica y el desarrollo de las zonas que ofrecen mayores oportunidades de rentabilidad, mientras que las necesidades de las comunidades populares avanzan con lentitud o permanecen sin solución.
No se trata de estar en contra de la inversión privada ni del crecimiento económico. Se trata de cuestionar por qué ese crecimiento no se traduce, con la misma fuerza, en mejores condiciones de vida para todos.
El desarrollo de Querétaro no puede medirse únicamente por la llegada de empresas, la construcción de parques industriales o el aumento de los indicadores económicos.
También debe medirse por la cantidad de familias que cuentan con agua todos los días, por las calles que dejan de ser intransitables, por las comunidades que tienen drenaje y alumbrado, y por los servicios públicos que llegan a quienes históricamente han sido relegados.
Por eso, el presupuesto de 2027 debe contemplar una distribución más justa de los recursos. Se necesitan inversiones suficientes en infraestructura básica, servicios públicos, educación, salud y desarrollo de los municipios.
También es necesario que las autoridades escuchen a la población y que las demandas sociales no dependan de la capacidad de presión de cada comunidad para ser atendidas.
El dinero público no debe utilizarse solamente para fortalecer las zonas que ya concentran inversiones y oportunidades. Su función también es reducir las desigualdades, atender los rezagos y garantizar que las familias puedan vivir con dignidad, independientemente de la colonia o comunidad en la que habiten.
Al final, la pregunta es ¿de qué sirve que Querétaro crezca si ese crecimiento no llega a quienes más lo necesitan?
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