• En México más de 130 millones de habitantes enfrentan carencias de infraestructura y certeza jurídica en sus hogares
En México, hablar de vivienda suele reducirse a cifras optimistas sobre créditos otorgados, desarrollos habitacionales inaugurados o programas gubernamentales que prometen acercar un patrimonio a las familias. Sin embargo, detrás de esos anuncios existe una realidad muy distinta: millones de mexicanos siguen sin poder acceder a una vivienda digna, segura y con certeza jurídica.
Cuando un derecho fundamental depende únicamente de la capacidad económica de las personas, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio reservado para unos cuantos.
Mientras el mercado inmobiliario continúa creciendo y generando enormes ganancias para desarrolladores y grupos financieros, el sueño de tener una casa propia se aleja cada vez más para los trabajadores.
La Constitución reconoce el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. No se trata de una concesión del gobierno en turno, sino de un derecho social conquistado por el pueblo mexicano. Sin embargo, entre el texto constitucional y la realidad existe una enorme distancia que miles de familias padecen todos los días.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México supera los 130 millones de habitantes y el crecimiento urbano continúa acelerándose. Paralelamente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha documentado que millones de personas presentan carencias relacionadas con la calidad de la vivienda, los servicios básicos o la seguridad jurídica sobre el lugar donde habitan.
Detrás de estos indicadores existen familias que durante años han construido sus hogares con esfuerzo propio, pero que siguen viviendo bajo la incertidumbre de no contar con una escritura o de habitar en colonias que carecen de agua potable, drenaje, pavimentación o electricidad.
En Aguascalientes esta contradicción resulta evidente. Se presume el crecimiento económico, la llegada constante de inversiones y el desarrollo de nuevos fraccionamientos, pero al mismo tiempo existen cientos de familias que pasan años gestionando la regularización de sus terrenos o esperando obras de infraestructura básica. Basta recorrer las colonias populares para comprobar que el desarrollo no ha llegado por igual a todos.
Esta situación no es producto de la casualidad. Responde a un modelo económico que ha convertido la vivienda en una mercancía y no en un derecho. Para muchos desarrolladores inmobiliarios, el suelo representa una oportunidad de negocio; para miles de trabajadores representa el lugar donde desean formar una familia y construir un patrimonio.
Mientras unos obtienen ganancias millonarias mediante la especulación inmobiliaria, otros deben destinar buena parte de su salario al pago de rentas o créditos que comprometen sus ingresos durante décadas.
Las cifras son contundentes. El precio de la vivienda en México ha mantenido una tendencia creciente durante los últimos años, impulsado por el aumento en el costo del suelo, los materiales de construcción y la creciente demanda urbana.
Para un trabajador que percibe uno o dos salarios mínimos, adquirir una vivienda mediante los esquemas tradicionales resulta prácticamente imposible. Muchos jóvenes ven cada vez más lejano el sueño de independizarse y formar un hogar propio.
A ello se suma otro problema: la expansión desordenada de las ciudades. En numerosos casos, las viviendas de interés social se construyen lejos de los centros de trabajo, con servicios insuficientes y escasa infraestructura. El resultado son familias que deben invertir varias horas diarias y una parte considerable de sus ingresos en transporte, afectando su calidad de vida.
Frente a esta realidad, la organización popular ha demostrado ser una herramienta eficaz para conquistar derechos. En distintas regiones del país, el Movimiento Antorchista ha acompañado durante décadas a miles de familias en la gestión de terrenos, la regularización de colonias y la introducción de servicios básicos. No ha sido un camino sencillo. Cada avance ha requerido años de organización, movilización y diálogo con las autoridades.
Algunos intentan desacreditar estas luchas argumentando que la vivienda debe resolverse exclusivamente mediante las reglas del mercado. Nosotros sostenemos exactamente lo contrario. Cuando un derecho fundamental depende únicamente de la capacidad económica de las personas, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio reservado para unos cuantos.
Por ello, resulta indispensable que el Estado asuma plenamente su responsabilidad. Se requieren políticas públicas que faciliten el acceso al suelo urbano, agilicen los procesos de regularización, fortalezcan los programas de vivienda social y garanticen infraestructura básica en las colonias populares. También es necesario combatir la especulación inmobiliaria que encarece artificialmente el precio de la tierra y expulsa a las familias trabajadoras hacia las periferias.
No basta con entregar créditos si los salarios continúan siendo insuficientes para pagarlos. No basta con anunciar nuevos desarrollos habitacionales si estos no responden a las necesidades reales de la población. Tampoco basta con reconocer el derecho a la vivienda en la ley si millones de mexicanos siguen esperando durante años una escritura o un servicio tan elemental como la electricidad o el agua potable.
La experiencia demuestra que cuando el pueblo se organiza es capaz de transformar su realidad. Las colonias que hoy cuentan con calles pavimentadas, drenaje, alumbrado y certeza jurídica son el resultado de la participación colectiva de sus habitantes.
Es precisamente esa organización la que debe fortalecerse frente a quienes consideran que los problemas sociales pueden resolverse únicamente mediante las fuerzas del mercado.
México necesita una política de vivienda centrada en las personas y no en las ganancias. Una política que entienda que una casa no es simplemente un bien comercial, sino el espacio donde las familias construyen su futuro, educan a sus hijos y encuentran estabilidad.
Mientras ese principio no oriente las decisiones públicas, millones de trabajadores seguirán viendo cómo el derecho a una vivienda digna permanece fuera de su alcance.
La vivienda no puede seguir siendo un privilegio para quienes más tienen. Debe convertirse, de una vez por todas, en una realidad para quienes todos los días, con su trabajo, generan la riqueza de este país.
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