• En Mexicali existen 19 mil inmuebles deshabitados mientras el costo inmobiliario aumentó 250 % en la última década
El derecho a la vivienda se encuentra inscrito en el artículo 4.º de nuestra Constitución, el cual señala que toda familia o persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Esto se refiere a más que cuatro paredes; implica seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Antorcha se manifestará el próximo viernes 13 de marzo en las oficinas del gobierno municipal y estatal para exigir un programa en beneficio de las clases trabajadoras y no sólo de unos cuantos.
A finales de 2022 y 2024 se aprobaron reformas para precisar que "toda persona" (no sólo familia) tiene derecho a la vivienda adecuada, enfocándose en la dignificación de la vida. Todo está en nuestra Carta Magna.
Sin embargo, es casi ya lugar común decir que es letra muerta, pues de lo que ahí se señala, nada es llevado a la realidad. Ya sea si hablamos en materia de salud, vivienda, servicios, educación y demás derechos, parece que las leyes sólo están para beneficiar a las clases poderosas, y no a las familias más desprotegidas y necesitadas.
Así quedó claro hace algunos días cuando, con lujo de violencia, una familia en el municipio de Mexicali fue desalojada de una propiedad la cual había ocupado, limpiado y dado vida desde cinco años atrás; hoy, simple y sencillamente se le echa a la calle sin la opción de algún espacio donde vivir, sólo la cárcel.
En Mexicali hay aproximadamente 19 mil casas abandonadas, lo equivalente al 50 % de las de todo el estado; a nivel nacional son 650 mil, según dio a conocer el Infonavit Baja California. Mexicali es el municipio con más casas abandonadas en la entidad, la cual es de las principales a nivel nacional donde se concentra esta situación de abandono por muchos años.
Comparado con este descuido, pues a la fecha las fincas se han presentado como un problema social al convertirse muchas en "picaderos" y zonas de conflicto, está el aumento al costo de la vida en el estado.
El precio de los inmuebles ha experimentado un incremento significativo, superando los 2 millones de pesos en promedio durante 2025. Este incremento representa más del 250 % en la última década, siendo una de las zonas con mayor inflación inmobiliaria en México. Tijuana lidera los precios con valores de hasta 61 mil pesos en apartamentos.
Esta situación, que contrasta con el mensaje de “primero los pobres”, es una contradicción, pues a la fecha no existe programa que garantice que todos los mexicanos, o por lo menos los cachanillas, cuenten con un hogar digno; es decir, con una estancia que garantice el desarrollo de sus habitantes.
Aunque se dijo que habría un plan nacional, para ser beneficiario tienes que formar parte del trabajo formal, situación que deja fuera a comerciantes ambulantes y empleados por cuenta propia, muchos o casi en su totalidad personas de escasos recursos que viven el día a día y que no tienen la posibilidad de gastar los 4 mil pesos que pide el mismo esquema.
Ante este panorama desolador, Antorcha se ha propuesto exigir un programa de regularización. Que sea el gobierno el que se encargue de garantizar que todos los mexicanos tengan un techo digno, no regalado, pero sí a un costo accesible que garantice que todos puedan acceder a él; que no burocratice los trámites y que beneficie a quien sí vaya a ocupar el espacio.
Por ello, Antorcha se manifestará el próximo viernes 13 de marzo en las oficinas del gobierno municipal y estatal para exigir un programa en beneficio de las clases trabajadoras y no sólo de unos cuantos, no porque lo pida la organización, sino porque es un derecho de todos los mexicanos y es el Estado quien debe garantizarlo.
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