• Suman 181 comunicadores asesinados desde el año 2000 y surgen alertas sobre riesgos frente al control gubernamental
Preocupa lo que está pasando con la libertad de expresión en nuestro país; los datos son duros y, mientras los periodistas realizan su profesión con miedo, la narrativa oficial es que todo está bien.
Una sociedad donde sólo existe una verdad oficial deja de ser una democracia plena para convertirse en un país donde el poder pretende escribir, todos los días, la única historia que puede contarse.
De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, del 2000 a la fecha se han documentado 181 asesinatos de periodistas en México. De estos, catorce se han registrado en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum; 47 en el de Andrés Manuel López Obrador; 47 en el de Enrique Peña Nieto; y 48 en el sexenio de Felipe Calderón, manteniéndose como el sexenio con más asesinatos de periodistas y personas comunicadoras; 22 en el sexenio de Vicente Fox, y tres en los últimos meses de Ernesto Zedillo.
En este contexto y dadas las últimas noticias sobre la Ley de Telecomunicaciones, ¿quién puede informar sin que su vida corra peligro? ¿Quién determinará qué es verdad y qué mentira?
La democracia mexicana descansa sobre un principio elemental: ningún gobierno puede convertirse en dueño de la verdad. Los ciudadanos tienen el derecho de escuchar distintas voces, comparar versiones, cuestionar a las autoridades y formarse un criterio propio.
Ese derecho no es una concesión del poder; está protegido por la Constitución. Sin embargo, la discusión que hoy rodea los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias ha encendido las alertas entre periodistas, especialistas, organizaciones civiles y legisladores de oposición, quienes advierten que, detrás del discurso de combatir la desinformación, podría abrirse la puerta a un mayor control gubernamental sobre los contenidos informativos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el objetivo de estas medidas es garantizar que las audiencias reciban información veraz, diferenciando claramente los hechos de las opiniones y evitando la difusión de información falsa o manipulada.
En el discurso, la intención parece legítima: todos los ciudadanos merecen acceder a información de calidad. Sin embargo, el verdadero debate no radica en ese propósito, sino en quién tendrá la capacidad de decidir qué información es "verdadera" y cuál no lo es.
La preocupación crece porque durante los últimos años las conferencias matutinas se han consolidado como el principal espacio desde el cual el gobierno fija la agenda pública. Desde ese foro se presentan cifras, se responde a los medios, se cuestionan investigaciones periodísticas y se desacreditan opiniones contrarias a la visión oficial.
El problema no es que un gobierno informe; está obligado a hacerlo. El problema aparece cuando esa comunicación oficial pretende convertirse en el parámetro con el que se mide la credibilidad de todos los demás.
Cada vez es más frecuente escuchar que quienes critican al gobierno son acusados de mentir, de responder a intereses económicos o de formar parte de campañas de desprestigio. Esa narrativa, repetida diariamente desde el máximo espacio de comunicación gubernamental, termina construyendo la percepción de que sólo la versión presentada por el Ejecutivo merece ser considerada como la verdad.
Si ahora, además de esa influencia política, el Estado adquiere mayores herramientas regulatorias sobre los contenidos informativos, la línea que separa la protección de los derechos de las audiencias del control de la información puede volverse peligrosamente delgada.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al respecto. El artículo sexto establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo cuando ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Asimismo, reconoce el derecho de toda persona al acceso a la información y obliga al Estado a garantizar ese derecho bajo los principios de máxima publicidad y pluralidad.
Por su parte, el artículo séptimo dispone que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe expresamente la censura previa.
Por ello, resulta comprensible la preocupación expresada por legisladores de oposición, quienes consideran que los nuevos lineamientos podrían convertirse en un mecanismo para limitar la crítica hacia el oficialismo.
Del mismo modo, numerosos analistas sostienen que las conferencias matutinas, sumadas a una regulación más estricta sobre los contenidos informativos, podrían terminar moldeando la narrativa pública y reduciendo los espacios de contrapeso que toda democracia necesita.
No se trata únicamente de un debate mexicano. La historia ofrece suficientes ejemplos sobre el rumbo que toma un país cuando el gobierno comienza a presentarse como el único intérprete legítimo de la realidad.
En México nadie discute la importancia de combatir las noticias falsas. Lo que genera inquietud es que sea el poder político quien aspire a convertirse en árbitro de la verdad.
En una democracia madura, la respuesta frente a la desinformación no consiste en fortalecer la capacidad del gobierno para regular contenidos, sino en impulsar instituciones autónomas, medios libres, transparencia gubernamental, alfabetización digital y un periodismo profesional capaz de verificar los hechos sin presiones del poder.
Una sociedad donde sólo existe una verdad oficial deja de ser una democracia plena para convertirse en un país donde el poder pretende escribir, todos los días, la única historia que puede contarse.
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