El 3 de enero de 2026 marcará un antes y un después en la historia reciente de América Latina. Estados Unidos lanzó una incursión militar en Venezuela, denominada por Washington “Operación Determinación Absoluta”, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron exhibidos y trasladados a Nueva York para enfrentar “cargos federales” de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
La mayoría de la gente ignora qué significan las sanciones económicas y cómo destruyen sociedades; cómo las grandes potencias imponen su voluntad detrás de discursos legitimadores.
Este acontecimiento, no una mera “intervención diplomática”, ha sido presentado en algunos medios oficiales como una operación de justicia; sin embargo, el mundo entero lo calificó, incluido el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, como una violación directa al derecho internacional y a la soberanía venezolana.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que estos actos “socavan la seguridad global y establecen un precedente peligroso: las grandes potencias creen que pueden decidir el destino de otras naciones con impunidad”.
Lo más alarmante no es sólo la intervención en sí, sino la ceguera informativa y la falta de una mirada crítica en amplios sectores de la sociedad, especialmente en México.
Según una encuesta nacional publicada por El Financiero el pasado 6 de enero, el 57 % de los mexicanos considera que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no se justifica, frente a un 39 % que piensa lo contrario, y un 14 % que no tiene una postura definida sobre el tema.
Además, al preguntar si México debe rechazar o apoyar esta acción, más de la mitad (54 %) dijo que México debe rechazarla, mientras un 25 % afirmó que el país no debe tomar ninguna postura específica.
¿Por qué esta indiferencia o falta de información crítica? Porque nuestro sistema educativo y mediático rara vez enseña con claridad la historia real del intervencionismo estadounidense en América Latina: desde invasiones abiertas, como la de Panamá en 1989, hasta golpes de Estado respaldados, sanciones económicas y apoyo a gobiernos títeres cuando conviene a intereses corporativos.
Cuando no conocemos esa historia, no entendemos que lo ocurrido en Venezuela puede ser un espejo de lo que podría suceder con cualquier otro país soberano en el futuro, incluido México, si se normaliza la idea de que las grandes potencias pueden decidir unilateralmente el destino de otras naciones sin consecuencias.
El interés de Washington no es democrático ni humanitario; es económico. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo probadas del planeta. Su petróleo pesado es estratégico para varias refinerías en Estados Unidos.
Ahora, tras el control de facto de su dirigencia y de su industria petrolera, la administración Trump negocia con gigantes energéticos para invertir hasta 100 mil millones de dólares en su “reconstrucción” energética bajo supervisión estadounidense.
Este “impulso” llega después de años en los que las sanciones estadounidenses, especialmente desde 2017, estrangularon la economía venezolana, reduciendo sus ingresos por petróleo en más del 99 % según expertos de la Organización de las Naciones Unidas y dejando a millones sin acceso adecuado a agua, alimentos, medicinas o servicios básicos.
Eso no es “libertar pueblos”, es controlar recursos, es expansión del capital en un momento donde su lógica no reconoce límites y, sobre todo, es el capitalismo desesperado intentando una última jugada global.
Los mexicanos debemos entender una verdad elemental: cuando un país soberano es invadido o influenciado por otra potencia, no existe garantía de que mañana esa lógica no se extienda contra nosotros.
La historia nos ha enseñado que la intervención política y militar se justifica con relatos de “liberación” o “seguridad”. Esa misma narrativa puede ser reciclada contra cualquier nación. México lo ha rechazado oficialmente, calificándolo de “intervención militar” y condenando actos de agresión que vulneren la paz regional.
Pero la política no se cambia sólo con declaraciones oficiales. Se cambia con organización, educación y lucha consciente del pueblo.
La ignorancia es el primer frente de batalla, pues la mayoría de la gente ignora qué significan las sanciones económicas y cómo destruyen sociedades; cómo las grandes potencias imponen su voluntad detrás de discursos legitimadores; y que la soberanía no se defiende con indiferencia, sino con conocimiento, solidaridad y acción colectiva.
Mientras nos distraen con narrativas mediáticas, el capital transnacional reconfigura alianzas económicas, redefine mercados y prepara su próxima jugada global.
La crisis en Venezuela no es un “problema lejano”: es una advertencia. Los hechos muestran que, cuando los principios de soberanía son violados sin consecuencias, el sistema capitalista avanzará hasta donde pueda para salvaguardar sus intereses. Nuestra mejor defensa es una ciudadanía informada, crítica y organizada.
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